Los recientes incendios en el penal de La Victoria son una situación penosa y una advertencia costosa y trae a la palestra un tema reiterativo en la vida nacional, la sobre población penitenciaria. En múltiples ocasiones diferentes personas y funcionarios han sacado a relucir el tema de esta sobre población. Ya sea el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa o Roberto Santana, han tratado el tema.
El tema no es exclusivo de nuestro país, y recomendaciones para la solución o reducción del problema carcelario existen muchas a nivel internacional, desde la ONU (Organización de Naciones Unidas) hasta el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para solo poner dos ejemplos. Estos planes incluyen: sistemas de liquidación de casos penales, sistemas informáticos interconectados, liberación de los privados de libertad por razones humanitarias, uso de penas alternativas para las imputaciones no violentas, reducción de la prisión preventiva, etc.
La falta de coordinación entre los diferentes actores del sistema de justicia es evidente. Se necesita urgente una efectiva y fluida comunicación entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, la Policía Nacional. La inclusión en este equipo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, dependencia de la Procuraduría General de la República, es fundamental.
En el reciente evento de La Victoria se puso de manifiesto la falta de información, los familiares buscan sus parientes y nadie sabe dónde están. Se habla de que en La Victoria y otros centros penitenciarios los listados son a mano, en libretas o cuadernillos. Es una vergüenza que no exista un sistema nacional de información y manejo de casos entrelazados que incluya la Policía Nacional, el Ministerio Publico, incluyendo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la administración de los centros penitenciarios, un sistema único. Es tiempo que nuestros centros de reclusión dejen de ser universidades del crimen y zonas de libre criminalidad donde se planifiquen y dirijan los crímenes. Los centros de reclusión y su entorno deben ser áreas de bloque de señales de comunicación.
Los abogados escuchamos historias y vemos los reenvíos de las audiencias por múltiples razones que pudieran ser resueltas de existir una comunicación fluida y eficaz. Historias que pudieran solucionarse con el sistema.
Cuando se modificó la ley 108-05 de Registro Inmobiliario, se creó en el país unos tribunales de liquidación de casos pendientes sobre los que se aplicaba la ley anterior, la Suprema Corte de Justicia ha ejecutado un programa eficiente de reducción de mora judicial.
¿Qué necesitamos para reducir la población carcelaria preventiva? ¿Qué necesitamos para reducir y solucionar los casos de privados de libertad con enfermedades terminales o de edad en extremo avanzada? ¿Que necesitamos para solucionar la sobre población carcelaria?
La solución está en manos de varios actores nacionales, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Gobierno Central, Policía Nacional, y todos y cada uno de los ciudadanos.
La libertad y la vida son parte de los derechos fundamentales y de los más relevantes preciados y costosos, preservémoselos a todos. Que la privación de libertad tenga sentido como vía para reeducación y reinserción. Una vida es demasiado costosa para perderse por la inacción nuestra.
El diálogo Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, la Policía Nacional. La inclusión en este equipo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, dependencia de la Procuraduría General de la República, debe establecerse con metas claras, precisas, seguimiento y fecha de ejecución.