Cada vez es más claro que combatir la trata de personas no es una prioridad en República Dominicana. Y digo esto debido a la falta de atención que se le ha dado al tema durante muchos años. Este no es un problema solo del gobierno actual, sino de todos, y las promesas que hemos escuchado son insistentes pero ineficaces, tanto antes como ahora.
Digo ineficaces porque hasta el momento, la principal causa en la lucha contra la trata de personas es la falta de recursos para las instituciones públicas para investigar y perseguir estos casos. Y hasta el momento no se han aumentado los recursos para combatir el delito. Falta personal, dinero, equipos tecnológicos, sistemas, así como voluntad política para hacerlo posible.
Solo tímidamente el gobierno ha asumido responsabilidad constitucional en la lucha contra la trata, y el resultado sigue siendo el mismo: todavía hay cientos de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de perpetradores que se lucran de ellos. Al parecer las autoridades dominicanas no están reconociendo esta realidad, o pareciera que no están actuando para cambiarla.
Hemos escuchado, desde la Coalición de la Sociedad Civil contra la trata de personas, que tal delito es inaceptable y que se hará todo lo posible para combatirlo. Hace un año, el 30 de julio de 2021, día mundial contra la trata de personas, escuchamos del Ministro de Relaciones Exteriores prometer que el gobierno dominicano buscaría cada peso para invertirlo en la lucha contra la trata, y hasta el momento solo han sido palabras lanzadas al viento, que no se han materializado.
Es inadmisible que como sociedad sigamos aceptando semejante posición. Es impensable que en el país que más crece económicamente en la región, todavía tengamos gente sometida a todo tipo de explotación sin tener a quién recurrir.
La policía carece de recursos para investigar; al Ministerio Público le falta personal y equipos tecnológicos para agilizar los procesos. Los organismos de protección, como CONANI, carecen de estructura en los hogares de paso y, sobre todo, de un verdadero programa de restauración psicoterapéutica que minimice la carencia en la prevención del delito. Hoy lo que tenemos son instalaciones y mano de obra que no cumplen con los criterios mínimamente aceptables para el trato digno para las víctimas.
Para tratar de mejorar un poco la situación del país hemos estado trabajando con el gobierno y la sociedad civil para modificar la ley actual contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, pero ha sido un proceso difícil. Llevamos más de tres años luchando para que esta propuesta, tras ser aprobada en las mesas de trabajo en las que hemos participado, siguiera su curso natural, pero hasta el momento ni siquiera hemos logrado que el texto sea remitido al Congreso Nacional, aunque hayamos escuchado, una y otra vez que el tema es una prioridad. Lo cierto es que la sociedad civil está cansada de palabras que no se materializan, de promesas que no se cumplen, de ideas geniales que caen al vacío.
Después de ofrecer la colaboración necesaria, durante y después de las mesas de trabajo, lo cierto es que la sociedad civil ha sido ignorada en la que quizás sea la fase más importante de las discusiones del nuevo texto legal. Luego de recibir la información de que tal proyecto estaría en la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo, acudimos allí para una reunión, que sirvió para descubrir que dicha información estaba equivocada. Lo que sí sabemos es que el borrador existe, ya que fuimos parte activa en su elaboración, pero no sabemos dónde está ni cuál es su contenido, después de las interminables revisiones a las que fue sometido.
En resumen: nos han pasado por alto en las últimas etapas de las discusiones, y eso parece contradictorio en un país democrático, y en un gobierno inclusivo y abierto. Y me parece que este camino, adoptado por el gobierno, no es el más saludable.
Hace tiempo que hemos ido más allá de lo que sería mínimamente razonable para discusiones que pretenden salvar y dignificar vidas, pero que al final han sido infructuosas. Hemos esperado pacientemente a que las autoridades hagan su trabajo. Urge que el gobierno adopte medidas prácticas para que el proyecto de ley sea presentado al Congreso Nacional o nos quedaremos en la vergonzosa situación en la que estamos, en un país que no cuenta con una ley adecuada a la realidad actual.
La sociedad civil no se cansará ni abandonará este tema por el compromiso que tiene con la ciudadanía, y sigue dispuesta a apoyar al país como lo ha hecho durante décadas; esperamos el mismo compromiso del gobierno dominicano.
Mientras tanto, ciudadanos dominicanos seguirán siendo explotados en nuestros vecindarios, en nuestros barrios, en nuestras calles. Confiamos en que el gobierno finalmente actúe con la urgencia necesaria. Hasta entonces, las víctimas sólo contarán con los valientes miembros de la sociedad civil dominicana, y si bien estamos completamente comprometidos con el bienestar de estas personas, no podemos reemplazar al Estado quien es el principal responsable de garantizar la protección de los más vulnerables.
José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.