El pasado lunes 28 de marzo 2022 Participación Ciudadana y la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas sostuvieron un encuentro con distintas comisiones de la Cámara de Diputados a fin de presentar un estudio sobre trata de personas realizado en 11 municipios de República Dominicana.
El estudio viene a poner sobre el tapete la realidad que se vive en muchas comunidades del país frente a este flagelo. La trata de personas es uno de los delitos más atroces cometidos contra la dignidad humana: explota a la persona y la reduce a unas simples monedas mediante engaño, fuerza, fraude, coacción o abuso de su vulnerabilidad, con la única finalidad de un tercero lucrarse económicamente a consecuencia de la explotación de otro.
La trata de personas es un delito presente en nuestro país, así lo reveló el estudio llevado a cabo en los municipios objetos de la investigación: Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Adquiere mayor fuerza en la zona turística por el vínculo entre turismo sexual y trata de personas, y turismo y trata de personas, siendo la población infantil, adolescentes y mujeres las más vulnerables para su captación.
En las entrevistas sostenidas en las comunidades se desprende del estudio que las mismas manejan conocimiento informal y naturalizado de la trata de personas con fines de explotación sexual, sólo que desde su perspectiva es una conducta completamente normalizada y altamente tolerable, por ende, no pueden identificarlo como un delito grave como lo es la trata de personas. Las víctimas son captadas a través de redes, el enamoramiento, plataformas digitales, tours operadores o simplemente a través de la propia familia, amigos o allegados, quienes la ofrecen para ser explotadas sexualmente a cambio del lucro económico.
En los últimos años el país ha tenido un notable avance e importantes esfuerzos para combatir este delito, así lo ha reconocido el reporte que emite cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al establecer en su reporte de 2021 que, “no obstante la República Dominicana no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, está realizando importantes esfuerzos para lograrlo”.
Las recomendaciones del reporte de 2021, al igual que las arrojadas por el estudio en los 11 municipios apuntan resumidamente a que el país adopte un nuevo marco legal contra la trata de personas, aumente la disposición de recursos e investigaciones penales, implemente protocolos y programas de asistencia, y protección a víctimas.
Durante los últimos 10 reportes, la recomendación de Estados Unidos al país sobre la modificación a la ley contra la trata de personas ha sido permanente. Tal como destacó José Monteiro, director de Misión Internacional: “¡hay buenas noticias para mejorar nuestro marco legal contra la trata!” La Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) ya tiene en sus manos el borrador de proyecto de ley contra la trata de personas con las observaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, luego de un año de haberse sometido a su revisión, y está a un paso de ser remitido al Congreso Nacional para su debate, valoración y aprobación.
Este proceso de intención legislativa inició en 2019 ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) en su rol de Presidencia de CITIM, conjuntamente con los integrantes expertos de la CITIM, la Procuraduría General de la República, la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, Organismos Internacionales y la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como custodios de los protocolos para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente en mujeres y niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Un total de 23 reuniones consultivas en el MIREX en 5 mesas temáticas de discusión se llevaron a cabo durante su elaboración. Por ende, desde la sociedad civil, estamos atentos a los progresos de este proyecto que promete ser de cumplimiento tanto a las recomendaciones externadas por Estados Unidos, como con los resultados del estudio aquí compartido, primero por la adopción de un nuevo marco legal, y segundo por la fuente de financiación que se contempla en el proyecto, el cual impacta positivamente todas las demás recomendaciones.
El encuentro sostenido con las distintas comisiones de la Cámara de Diputados dio la oportunidad de poner en contexto a nuestros legisladores de la problemática que enfrentan día a día a nuestras niñas y mujeres de las comunidades más vulnerables de ser explotadas en cualquier modalidad, así como la importancia de adopción de una nueva ley centrada en las necesidades integrales de la víctima.
Desde la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, abogamos para que esta nueva propuesta de ley pase de ser una propuesta a una realidad en nuestro marco normativo. Esta coalición conformada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales ha venido desarrollando un trabajo colaborativo con el Estado en la prevención, persecución y protección a víctimas del delito de trata de personas para incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia conforme las recomendaciones que emite para el país el reporte de trata de personas de los Estados Unidos.
La coalición surgió en el año 2019 bajo el liderazgo de Participación Ciudadana, y en la actualidad es liderado por Misión Internacional de Justicia como coordinador general de la coalición.
Nosotros anhelamos ver el país libre de este flagelo, con una ley fuerte y suficientemente capaz de castigar este delito con todas las repercusiones que reviste, y terminar con la normalidad con la que muchas veces es visto.
Esta semana mientras conocía una audiencia contra un tratante, su abogado en pleno tribunal manifestó abiertamente: “magistrados, pero ¿cuál es el delito que cometió mi cliente si sólo tenía un prostíbulo?”. ¡Basta ya de normalizar el comercio de la explotación sexual de mujeres y niñas! Todo lo que genere ganancias económicas a un tercero por consecuencia de la explotación del cuerpo de otro es un delito. No presumamos ni demos por sentado la voluntad de la víctima, que es porque ella quiere y consiente ser explotada; ya que muchas veces su propio consentimiento se ve viciado por el modus operandi con las que la engaña, seduce y manipula el tratante.
En la medida que como sociedad cambiemos el lente de mirar a una víctima como la provocadora o responsable del hecho de ser explotada, estaremos cambiando. La sociedad civil realiza un trabajo enorme en sensibilizar y capacitar a las comunidades, iglesias y actores claves del gobierno para no normalizar este delito. Falta ahora un marco legal robustecido que pueda seguir afianzando la protección y sensibilización que se requiere para el adecuado abordaje de este delito.
Sonia Hernández: abogada litigante, procesalista penal. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Rey Juan Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.