En las elecciones pasadas, los ciudadanos dominicanos refrendaron con su voto la reelección del economista Luis Abinader, aunque este triunfo se vio acompañado por una significativa abstención histórica.
Los partidos tradicionales, como el PRD, el PRSC y el PLD, sufrieron una debacle. La ciudadanía no respondió a sus propuestas ni promesas electorales, especialmente en el caso del PLD, una organización que, tras dos décadas en el poder —salvo una interrupción en el año 2000—, dejó un legado de logros sociales, económicos, institucionales e infraestructurales. Sin embargo, su prestigio político quedó profundamente deteriorado por múltiples escándalos de corrupción que revelaron un manejo cuestionable y despiadado de los fondos públicos, usados tanto para el enriquecimiento de ciertos funcionarios como para financiar campañas políticas.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), una organización relativamente joven, surgió como catalizador del cambio al desvelar, a través del Ministerio Público, un amplio entramado de corrupción que se distingue por su complejidad y magnitud. Las investigaciones no solo revelaron la sofisticación de las operaciones ilícitas, sino también su impacto devastador en un sistema democrático frágil y, en muchos sentidos, disfuncional. Este esfuerzo judicial no solo evidenció las malas prácticas de sectores dentro del PLD, sino que también propició una migración significativa del apoyo ciudadano hacia el PRM, generando expectativas de un liderazgo renovado.
Luego de asumir su segundo mandato, Luis Abinader prometió llevar a cabo un modelo de gobierno alineado con sus ideales de transformación. Esta promesa, aunque evocadora de discursos anteriores en el país y en la región, reavivó las esperanzas de un futuro más prometedor para los dominicanos. Un "gobierno de sueños", en el contexto dominicano, implica la urgente necesidad de desmontar estructuras obsoletas, combatir los intereses particulares que han prevalecido en la gestión pública y priorizar a los sectores más vulnerables, especialmente aquellos que sobreviven en la periferia de las grandes ciudades.
En los primeros meses de su gestión, Abinader anunció medidas orientadas hacia este cambio.
Una de las más significativas fue la creación de una empresa estatal minera, una decisión poco publicitada, pero relevante. Nuestra crítica aquí es que no se consideró la fórmula de ley de los contratos especiales para la gestión estratégica de estos recursos minerales estratégicos. A esta iniciativa se sumó la presentación del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, una propuesta que buscaba garantizar la sostenibilidad financiera del país en medio de la volatilidad económica global.
Desde que fue conocida generó preocupación, ya que su enfoque podía traducirse en una carga desproporcionada sobre la clase media y los sectores más vulnerables, además de restar estímulos a las nuevas inversiones. La falta de propuestas claras para mitigar estos impactos, la evidencia de falta de consensos e inclusión, y la ausencia de períodos de transición adecuados intensificaron las críticas públicas.
El rechazo al proyecto de reforma fue inmediato. La presión mediática, el activismo en redes sociales y las protestas nocturnas con cacerolazos forzaron al gobierno a retirar la iniciativa.
La percepción generalizada era que la reforma penalizaba a quienes ya cumplían con sus obligaciones tributarias, mientras dejaba intacta la evasión de impuestos, un problema que afecta a más del 40% de los contribuyentes potenciales, especialmente en el pago del ITBIS. Como señaló un analista, la propuesta parecía "un premio a los evasores". No fue tomado en serio que la sola corrección de este problema podría generar ingresos fiscales mucho mayores que los previstos por la reforma, sentando las bases para una de las iniciativas fiscales más importantes de los últimos 70 años.
Un evasor fiscal es, en esencia, un delincuente que, de manera deliberada, incumple con su deber de contribuir al Estado. Esta práctica no solo beneficia a los infractores, sino que también debilita las finanzas públicas, afectando áreas fundamentales como la educación, la construcción de infraestructuras y la ejecución de programas sociales esenciales.
Además, la evasión fiscal agrava problemas estructurales como la pobreza, la delincuencia y el desempleo, además de limitar los recursos necesarios para invertir en tecnología, capacitación y proyectos de innovación, iniciativas clave para motivar a los jóvenes a desarrollarse, innovar y alcanzar sus metas. Tanto la evasión como la elusión fiscal constituyen una forma de corrupción externa que, aunque opera fuera de las estructuras administrativas del Estado, tiene un impacto negativo directo sobre su capacidad de gestión y desarrollo.
La frustración de los contribuyentes cumplidores es comprensible. Ven cómo aquellos que eluden sus responsabilidades disfrutan igualmente de los servicios públicos, lo que erosiona la confianza en el sistema tributario y desincentiva el cumplimiento fiscal. Sin una solución efectiva a este problema, el Estado difícilmente podrá financiar los programas necesarios para mejorar la calidad de vida de la población.
Aunque el retiro del Proyecto de Modernización Fiscal podría interpretarse como una derrota, no necesariamente debe ser visto como una debilidad de la administración de Abinader. Más bien refleja las fallas de quienes diseñaron la propuesta sin considerar de manera adecuada la realidad social del país ni el impacto de las medidas sobre los sectores más vulnerables. La intención del presidente de promover un cambio estructural es clara, pero el camino hacia ese objetivo requiere una mayor sensibilidad política y una estrategia más inclusiva.
El futuro de la República Dominicana dependerá de la capacidad del gobierno de equilibrar sus esfuerzos entre la consolidación fiscal y la justicia social, promoviendo un modelo en el que todos los ciudadanos, sin excepción, asuman su responsabilidad con el Estado. Solo así será posible construir un país más próspero, justo y equitativo, donde las oportunidades de desarrollo no sean privilegio de unos pocos, sino también un derecho garantizado para todos.