El hecho de que cada año mueran alrededor de tres mil personas por accidentes de tránsito, y varios miles más sufran lesiones graves, debiera obligar al gobierno a cumplir los compromisos asumidos a través de los diferentes medios que se le han puesto a su alcance para reducir tales eventos.
Los accidentes de tránsito no son fortuitos, son predecibles y prevenibles, pero se necesitan poner en marcha una serie de medidas que, hasta el momento, no se han puesto en práctica. La célebre Ley 63/17 y el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2021-2030, junto con otros reglamentos, de poco sirven si no hay voluntad política. Los cambios en la seguridad vial de un país son procesos progresivos e iterativos, que requieren la introducción de mejoras en forma constante.
En el INTRANT, a pesar de haber pasado desde julio de 2017 cuatro directores antes del actual, siguen sin emitir reglamentos fundamentales, para los cuales la Ley 63/17 otorgaba un plazo de seis meses. Es decir, tienen un atraso de más de seis años y medio, ya que la primera directora fue nombrada en julio de 2017.
La misma institución, con su Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2021-2030, pretende reducir en un 50% las lesiones y muertes por accidentes de tránsito para el año 2030, pero está incumpliendo en diferentes actividades, por lo que será casi imposible lograrlo. Por ejemplo, no se han construido estaciones de pesaje de vehículos, no se han realizado campañas educativas sobre seguridad vial, no se ha puesto en práctica el Enfoque de Sistema Seguro conocido como Visión Cero, varios artículos de la Ley 63/17 se incumplen, no se hacen pruebas masivas de alcoholemia ni de consumo de drogas, la velocidad no se controla mediante medios cien por cien confiables, sigue el MOPC entregando infraestructuras muy inseguras, etc. Para enfrentar situaciones es necesario conocer qué las provoca. ¿Sabe alguien en que porcentaje está involucrado el alcohol en los accidentes con víctimas mortales? Es fundamental conocer las causas de los accidentes, para tomar medidas y evitarlos.
No es aceptable que el MOPC esté realizando obras en la Autopista Duarte, las cuales incumplen las recomendaciones de instituciones europeas y de EEUU. Por ejemplo, los bordillos que delimitan isletas en vías de alta velocidad deben ser traspasables o montables, con una altura entre 10-15 cm. Los que coloca el MOPC son verticales y de una altura de 20 cm, por lo que son inadecuados.
Tampoco es admisible colocar, en algún tramo de la Autopista Duarte, hormigón entre el paseo de la autopista y la cuneta revestida, siendo que en medio están postes de hormigón del tendido eléctrico. En su lugar, tenían que colocar sistema de contención de vehículos, pues los postes no pueden estar ahí y la cuneta revestida no tiene un perfil de los llamados de seguridad, por lo que no se evita la colisión con los postes ni el empotramiento en la cuneta, con el consiguiente peligro.
También resulta muy peligroso dejar pilares de pasos peatonales de la autopista sin barrera de seguridad, siendo que están pegados a la calzada, y cualquier vehículo que pierda el control y choque con ellos puede incrementar el número de víctimas. Todos los reglamentos conocidos de seguridad vial recomiendan colocar sistemas de contención de vehículos en estos casos.
Por todo lo anterior, muchos trabajos que realiza el MOPC en la actualidad, y que serán inaugurados próximamente, carecen del rigor que ameritan desde el punto de vista de la seguridad vial.
