El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo a la misma. Esta iniciativa, promovida por la Federación mundial de la Salud Mental, cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
¿Cómo encuentra esta celebración la situación de la salud mental en nuestro país? De manera tajante podemos asegurar que con pocas luces y muchas sombras.
Se recibió con regocijo la decisión del Servicio Nacional de Salud (SNS), de organizar el Departamento de Salud Mental como contraparte fundamental a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, y más aún, hubo grandes expectativas y esperanzas al nombrar en ambos lugares a colegas con sobrados méritos, tanto en lo profesional como en su capacidad de trabajo.
La labor de ambos departamentos hasta este 10 de octubre, ha sido decepcionante. Apenas una gran cantidad de promesas y muy pocos logros para presentar. Haber puesto a funcionar la línea telefónica de asistencia psicológica es un acierto. Más allá, es poco, casi nada lo que se puede mostrar. Peor aún, los servicios y los procesos o se han detenido o han involucionado.
Los resultados esperados, según los indicadores que se establecieron, distan mucho de lo que se puede exhibir. Veamos: Para el año 2020 había 15 Unidades de Intervención en Crisis (UIC), habilitadas según los criterios y estándares internacionales. Para 2021 estas debían aumentar a 17, ya que se estaba construyendo la UIC que entraría a funcionar en el Hospital Musa de San Pedro, por igual la de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. De igual manera tenía que entrar a funcionar la del hospital de Valverde, Mao.
Sabemos que al día de hoy no todas esas UIC están funcionando, por ejemplo la del hospital de Barahona, dejando sin atención a toda una región de salud. En el caso de otras, funcionan en condiciones de gran precariedad, como es el caso de la UIC que históricamente ha tenido el mayor flujo de ingresos y egresos, la del hospital Moscoso Puello. Por demás esta Unidad y su hospital es sede de la formación del grueso de los nuevos psiquiatras. En definitiva, no ha entrado a funcionar ni una nueva UIC, por el contrario, hay menos y algunas en condiciones físicas comprometidas para brindar una buena atención.
Un servicio de ingreso en psiquiatría requiere de unas condiciones que están preestablecidas, si estas no se dan, el riesgo de cometer daños es alto. De ahí que la habilitación y los protocolos de manejo sean tan estrictos. En resumen: la brecha de acceso a camas psiquiátricas en UIC, se amplía cada vez más, dejando a los más vulnerables sin capacidad de atención especializada en momento de crisis.
En otro orden, si observamos el número de psiquiatras que laboran en la red pública y comparamos los cerca de 160 que estaban nombrados en 2018, con los algo más de 160 que trabajan a la fecha, la tasa se mantiene invariable: 1,1 psiquiatras por 100,000 habitantes, cuando la recomendación de la OMS es tener 10. Hay varias provincias sin servicio de psiquiatría.
En lo relativo a los Protocolos de Atención Clínica y las Guías, verdadera garantía para brindar un servicio basado en la evidencia, no solo no se han revisado después de los 5 años de ser oficializados, es que no se ha añadido ni uno más.
En lo que concierne al marco legal y técnico normativo, necesarios para definir las políticas públicas para la atención integral en salud mental, no se avanza. Señalar que se encuentran en revisión, es como el cuento de nunca acabar.
Temas como la dispensación de medicamentos, elemento crucial para evitar que un paciente haga una crisis y requiera un ingreso o que simplemente mejore su calidad de vida y disminuya el gasto de bolsillo, están ausentes. Aunque es justo reconocer que se mantiene el programa que lleva el departamento de salud mental del MSP con Promese, que entrega medicamentos a quienes están inscritos en el mismo.
Hay otras cuestiones no menos importantes: porcentaje de médicos de atención primaria entrenados en salud mental, personas con trastornos mentales asegurados en el régimen de seguridad social, estructuración de los centros de salud mental comunitarios, desarrollo de servicios de atención a los trastornos relacionados con el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, la implementación de programas para la prevención y atención a las personas con demencia, todo lo anterior con enfoque en el respeto a los derechos humanos y a la salud mental comunitaria. No conocemos de avances ni de implementación en ninguno de ellos.
Este 10 de octubre pues, encuentra a la salud mental oficial que apuesta a lo superficial y no a lo medular, que coloca en un marasmo los avances que se habían logrado, cuando no, en flagrante retroceso. En definitiva, está a baja luz o en la penumbra, cuando no, en la sombra completa.