Entre los psicólogos más relevantes del siglo XX se encuentra Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Su obra nos legó el increíble descubrimiento de que una conducta que reciba una consecuencia positiva (refuerzo positivo) tiene mucha mayor probabilidad de repetirse, y que una que reciba una consecuencia negativa (refuerzo negativo) es menos propensa a repetirse. A eso lo llamó condicionamiento operante.
Si bien ese conocimiento no es algo desconocido para los millones de padres y madres que con sus correas y chanclas forjaron generaciones de hombres honrados, fue Skinner quien se atrevió a publicarlo y sistematizarlo como una teoría psicológica, proponiendo su uso para lograr un método de modificación de la conducta, que sentaría las bases para lo que en ciencias políticas hoy conocemos como ingeniería social.
En todas las sociedades ha existido esa ingeniería social, el mayor ejemplo es el refuerzo negativo que representa la existencia del sistema de justicia penal. Con él se han establecido técnicas de modificación de la conducta como el simple temor de ir a la cárcel o a la infamia, o la coacción física como último mecanismo violento legitimado por el Estado. Sin embargo, nunca se ha institucionalizado un refuerzo positivo, nunca nadie por ser honesto ha recibido algo más que la ausencia de conflictos y su consecuente paz, algo que de todas formas nadie te otorga, sino que es el estado natural del ser humano no perturbado.
Pero algo ha estado ocurriendo, los refuerzos negativos que durante tantos siglos jugaron un papel importante para la paz social, hoy se encuentran neutralizados. La justicia penal está muerta, y con ella, la paz y la seguridad ciudadana. El proceso penal que alguna vez producía una consecuencia, hoy no produce nada, y las pocas veces que ha tenido la oportunidad de producir la materialización de la justicia penal, lo hace de forma tan leve que el pensamiento inevitable al escuchar el fallo del tribunal es: ese delito fue rentable.
La rentabilidad de un delito, al igual que en la rentabilidad de cualquier cosa, se refiere a un ajuste en donde los beneficios recibidos, son mayores a las inversiones o consecuencias negativas sufridas. La forma en que se conduce el proceso penal en la República Dominicana, produce exactamente eso, hace que ser un criminal sea rentable, las consecuencias que está produciendo la justicia penal son un bajo precio a pagar por el alto beneficio que se obtiene del crimen.
No se trata de un mero tema de percepción, es una realidad tangible. Los crímenes más notorios de los últimos meses (aparentes asesinatos por encargo) se encuentran impunes, es decir, quienes cobraron para ejecutar seres humanos siguen en libertad, y con el tiempo que ha transcurrido, es probable que nunca sean encontrados. Para ellos, esos crímenes fueron rentables, y partiendo de lo expuesto anteriormente, eso refuerza la posibilidad de que vuelvan a cometerlo.
A partir de ahí podemos sistematizar dos posibilidades rentables: (1) que nunca atrapen al criminal, por no tener pruebas que lo identifiquen como en el ejemplo anterior, lo que sería falta de los órganos investigadores; o (2) que, aun atrapándolo, con pruebas legales, no sufra ninguna consecuencia que impida que siga delinquiendo, gracias a la «misericordia» de los actores del sistema encargados de someterlo o juzgarlo. En cualquiera de los dos casos el costo fue mucho menor que los beneficios.
Pero lo más difícil, no es pensar en el gasto de millones de pesos mal invertidos en un sistema de justicia inoperante, ni en cómo eso ha destruido la seguridad ciudadana y la visión de una justicia real; lo más difícil es, tratar de explicarle a una mujer que fue violada, a una madre cuyo hijo asesinaron, y a ti, estimado lector, que quizás te quitaron por la fuerza el celular que con tanto esfuerzo compraste, que quien te hizo eso, aun existiendo pruebas legales tan contundentes como un video, puede salir caminando contigo de la sala de audiencias, porque le dio su palabra al juez de que se presentaría voluntariamente a las audiencias posteriores.
Eso podemos dejarlo pasar, después de todo la prisión preventiva si bien es un extraordinario refuerzo negativo y un mecanismo de protección para que esas víctimas no sean intimidadas o amenazadas, tenemos una norma que nos dice que es excepcional, temporal e instrumental, y no podemos desacatar ni desnaturalizar la ley. De modo que, si eres una víctima, no esperes demasiado en una audiencia de medida de coerción; y, si eres un imputado ¡descuida!, probablemente durarás poco tiempo preso.
Pero entre todo esto cabe preguntarse ¿qué conductas estamos reforzando con el sistema de justicia?, en un pueblo que ve grandes casos de corrupción, homicidio, asesinatos, violaciones, narcotráfico y lavado de activos con los imputados en libertad, o cuando lo ven entre 3 a 7 años después, condenados, pero con penas suspendidas. Estoy seguro que muchos llegan a la ineludible conclusión de que en República Dominicana es rentable delinquir, quizás más rentable que ser honesto en un sistema legal diseñado para favorecer al criminal e imponer los criterios abolicionistas del derecho penal. ¡A menos que seas pobre por supuesto! pero eso ya es otra historia.