¿Qué tan desesperantes han sido y son las razones que ha tenido y tiene el Estado dominicano de enajenar ¡por 30 años! la administración y operación de los aeropuertos del país?
Los contratos de concesión del Estado solo excepcionalmente deberían pasar de 10 años y cuando así sucediere, a más de la licitación de rigor, convendría recurrir al referendo, por respeto a los derechos de ciudadanía sugeridos en el texto constitucional (Art. 22/2)
Así pues, cabe considerar objetables todas las transacciones, habidas y por haber, que entrañen enajenación largoplacista de bienes patrimoniales del pueblo dominicano; con más razón si se trata de transacciones que en ocasiones conllevan merma de la soberanía y pérdida de gruesos dividendos.
Conforme a este horizonte, y pese a la tentación del manojo de dólares, aquí entra la renegociación ¡por 30 años! de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) con el consorcio francés Vinci Airports, anunciada por el presidente de la República.
Al hacer pública la avenencia, el presidente ha valorado como beneficioso el acuerdo, al tiempo que se ha apresurado en señalar los sectores en que se invertiría la bolsa que aportaría la empresa concesionaria. Empero, dispara la suspicacia la prematuridad de la renegociación, a siete años de vencer la “concesión” vigente.
Igualmente, que sea la propia empresa concesionaria la que aparezca “comprometida” en invertir 830 millones de dólares en mejoras a los 6 aeropuertos y en realizar “aportes variables estimados entre 300 y 350 millones de dólares”.
¿Hay razones para confiar en las inversiones que en 30 años realizaría el consorcio adjudicatario? ¿Ha honrado satisfactoriamente el contrato anterior, en lo atinente a las mejoras de los aeropuertos?
Si, como dice la renegociación, apremia invertir 16 millones de dólares “en un plazo de 12 a 18 meses” en el aeropuerto Las Américas es evidente que no se ha cumplido con las mejoras pactadas.
Razones suficientes debe de tener Vinci Airports para sentirse confiada y agradecida del Estado dominicano, a tal punto que se ha atrevido a urgir públicamente la pronta aprobación congresual del contrato. “Esperamos -dice- que esta propuesta, que representa importantes mejoras y beneficios, sea pronto aprobada por el Congreso Nacional”. Y es que la rentabilidad de los aeropuertos es alta, y al tenor de las proyecciones, con el aumento previsto de pasajeros y cargas, la rentabilidad se multiplicará.
De aquí al año 2060, fecha en que vencería la concesión, la mayor parte del funcionariado actual de la República Dominicana habrá muerto…; de modo que, de hecho, el gobierno está planteando endosar el fardo del sambenito (grato a la inquisición española) a las generaciones que a penas hoy comienzan a ver la luz del día. ¡No es justo!
Es como inscribirse en la ética del presidente Ulises Hilarión Heureaux Lebert (Lilís), quien pretendió justificar sus actos proditorios con la máxima de: Yo no leería la historia. O acaso en la del rey Luis XV: Aprés mois le déluge (después de mí, el diluvio), supina expresión de la indiferencia ante las consecuencias de sus actos. Cónsono con este predicamento irresponsable, lo que importa es que hoy y ahora mantengamos nuestro estatus y logremos nuestros fines.
En razón del cambio ofrecido en campaña, es obvio que no cabe justificar la renegociación de hoy en atención a la censurable del pasado. Ciertamente, la concesión de la administración y operación aeroportuarias a la empresa Aerodom Siglo XXI, S.A. (Res. del Congreso No. 121-99, del 7 de julio, 1999) fue un regalo que reportó millones de dólares a los beneficiarios, mientras el Estado dominicano se quedó boroneando y oliendo donde guisan. Tal puede apreciarse en la venta de las acciones realizada posteriormente por el grupo Hazoury… a la empresa Advent Internacional, en septiembre 2008.
Ni corta ni perezosa, en diciembre de 2015, la Advent revendió con ganancia la concesión a Vinci Airports…. En pocas palabras: empresas privadas multimillonarias negocian y renegocian, venden y revenden, y obtienen pingües beneficios a costa de bienes del Estado dominicano. ¡No es justo!