“Todas las madres quieren que sus hijos crezcan y se hagan presidentes, pero no quieren que mientras tanto se conviertan en políticos”- John F. Kennedy.
Siempre ha sido del interés de la ciudadanía y líderes preocupados por los destinos del país el financiamiento de las campañas políticas en todos los niveles conocidos, esto es, presidencial, congresual y municipal. A menudo resultaba esperanzador el argumento de que una regulación efectiva del financiamiento de partidos y candidatos resultaría en una mayor igualdad de condiciones en cuanto al derecho de elegir y ser elegido, además de facilitar el acceso de los votantes a las más importantes fuentes de financiamiento de sus acciones en las campañas electorales.
El financiamiento así reglado permitiría la economía de multimillonarios recursos que tienen a todas luces una variedad inmensa de usos alternativos en países como República Dominicana. Una fracción de ellos, por ejemplo, podría utilizarse en alfabetizar políticamente a los votantes, a fin de asegurar que adopten decisiones informadas y puedan exigir eficientemente rendición de cuentas a los elegidos sobre los resultados de su trabajo.
Obviamente, en estos tiempos en los que predomina la apatía social, el desinterés absoluto por los asuntos del Estado, el individualismo y egoísmo sociales y la idolatría casi patológica a lo banal o superficial, es decir, un comportamiento colectivo centrado en los propios intereses, los afanes cotidianos, los comportamientos lucrativos y la excesiva complacencia en la consideración de los propios atributos físicos y creídas facultades, el asunto del control de los recursos del Estado y de origen privado que respaldan las campañas electorales pasa desapercibido o de hecho carece de interés alguno para el grueso de la ciudadanía.
Mientras una fracción importante de la sociedad dominicana enfrenta problemas de suministro de energía eléctrica confiable y de calidad, carencia de viviendas dignas, ofertas de empleos justamente remunerados, servicios públicos eficientes, infraestructuras críticas por construir, caos infernal en la movilidad y el tránsito terrestre, desnutrición temprana de grandes contingentes de población, prostitución infantil y pedofilia lacerante, pobreza extrema y marginalidad visibles por lo menos en cinco provincias, deterioro progresivo de la calidad del aprendizaje, crisis de autoridad, déficit de suministros críticos y personal calificado en decenas de hospitales importantes, proliferación de estrategias de sobrevivencia en las avenidas y sectores importantes de los grandes centros urbanos ahora protagonizadas por inmigrantes haitianos diezmados material y espiritualmente por el desastre en su tierra de origen, el Estado dominicano gasta en la elección de su presidente y congresistas la astronómica suma de 27.2 mil millones de pesos.
Es una cantidad cuyo 80.4% se reparte entre los cuatro principales partidos, llevándose solo dos de ellos (PRD y PLD) aproximadamente el 48%. De las 59 organizaciones participantes en las próximas elecciones, solo 6 participan con algo más de un 1%.
Todo el mundo tiene derecho a formar un partido y ponerle el nombre que le plazca, siempre que no haga alusión a los verdugos históricos de este país. También es cierto que la gran cantidad de agrupaciones políticas participantes está indiscutiblemente movida por la visión de la política como un negocio muy lucrativo, aunque solo sea por el dinero que proviene por ley de la JCE cada cuatro años, sin contar las multimillonarias provisiones privadas que no dejan de ser inversiones muy redituables en el mercado de las mercaderías políticas.
Vale la pena reflexionar si nuestros contribuyentes deben seguir financiando a una gran cantidad de partidos o grupúsculos políticos carentes de discurso constructivo, cómplices de muchas fechorías, integrados por ciertos dirigentes de dudosa reputación y a menudo parcialmente financiados por dinero procedente de fuentes ilícitas. ¿Cuál es el mensaje que mandamos a las nuevas generaciones cuando un reconocido narcotraficante o relacionado de alguna forma con el crimen organizado es elegido legislador de la República?
El debate sobre el financiamiento de las campañas políticas en República Dominicana es crucial para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el ejercicio del poder. La regulación efectiva de estos recursos no solo garantizaría una competencia política más equitativa, sino que también abriría la puerta a la canalización de fondos hacia iniciativas que promuevan la educación cívica y la participación ciudadana informada.