Las crisis económicas son situaciones que frecuentemente provocan disturbios sociales y graves daños materiales. Las mismas tienen un impacto negativo en las posibilidades de subsistencia de la población, como la pérdida del empleo, la bancarrota de un negocio o la pérdida de los ahorros acumulados a lo largo del tiempo, lo que aumenta la ansiedad de las personas afectadas. Es importante conocer la duración de una crisis, su gravedad y los recursos disponibles para reducir su impacto.
Para contestar estas preguntas es necesario indagar en la historia reciente y qué pasó en crisis similares en el pasado, de modo que podamos reparar en las lecciones. En este caso la reciente pandemia.
La COVID-19 causó, sin duda alguna, una de las crisis económicas pospandémicas más catastróficas de los tiempos modernos, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se vio reflejado en todos los aspectos, pero principalmente en el sector financiero.
“La pandemia continúa propagándose por la región, y se prevé que sus efectos causen el peor desempeño económico desde la segunda guerra mundial”(…)[1] así lo expresó el FMI en un informe sobre la evaluación del impacto de la Pandemia de COVID-19 en el sector empresarial y bancario de América Latina en un análisis realizado en el año 2020.
Sin embargo, también afirmó en ese mismo informe que pese a que la deuda empresarial había aumentado, los bancos de la región se habían mantenido resilientes, pero en cierta forma había un clima de incertidumbre en toda América Latina:
Los amplios colchones de capital, combinados con una respuesta de política multidimensional destinada a apoyar la actividad económica, relajar las condiciones financieras y sostener la intermediación crediticia, han permitido a los bancos de AL(América Latina) hacer frente a los efectos inmediatos del shock. Sin embargo, la severa contracción económica de este año y la lenta recuperación que se espera podrían llevar a quiebras de empresas y hogares y a préstamos impagos.(FMI, 2020).
A fin de enfrentar esta crisis universal dada por las medidas de contención o suspensión necesarias para atender una crisis potencialmente más peligrosa que la producida por la Segunda Guerra Mundial, ya que atentaba contra la salud y bienestar de las personas, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu en ocasión de la pandemia enunció las siguientes medidas regulatorias para contrarrestar la crisis financiera:
- Autorizar a las entidades financieras a congelar las calificaciones y provisiones de los deudores al nivel en que se encontraban al momento de la aprobación de la Resolución.
- Autorizar a que las reestructuraciones de créditos que impliquen modificación en las condiciones de pago, tasa de interés, plazo y cuotas, entre otros, puedan mantener la misma calificación de riesgo del deudor al momento de ser reestructurado. En otras palabras, esto quiere decir que no se le reduciría la calificación crediticia al deudor por problemas originados en atrasos de pagos producto de la situación actual.
- Autorizar a que sean considerados cómo no vencidos aquellos préstamos desembolsados contra líneas de crédito por un período de sesenta (60) días.
- Extender por noventa (90) días el plazo otorgado al deudor para la actualización de garantías correspondientes a las tasaciones. Esta medida brindará una mayor flexibilidad al deudor, que dispondrá de más tiempo para cumplir con el requisito de actualizar su garantía.
Con estas medidas, Valdez Albizu buscaba contrarrestar una potencial crisis financiera irreversible, y así cómo el colapso de las instituciones de intermediación financiera. Este tratamiento especial permitiría reajustar el cronograma de pagos de los deudores bancarios.
Ahora bien, ¿cómo estamos hoy?
Sin prever que en el 2020 íbamos a cerrar un país completo y que su economía o sus instituciones financieras se iban a ver afectadas, en el 2004 un cuerpo legal importantísimo fue promulgado y esta es la Ley Núm. 92-04 que creó el programa excepcional de prevención del riesgo para las entidades de intermediación financiera, con este programa se creó un fondo para la canalización de los recursos públicos y privados con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico.
Es así cómo lo expresa el Art.1: “(…) mediante la creación de un fondo para la canalización de los recursos públicos y privados con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico, capaz de afectar negativamente al sistema de pagos y a la provisión de servicios financieros básicos en su conjunto.”
Es gracias a ello y a las medidas tomadas por el gobernador del Banco Central que en el 2023 podríamos decir que vencimos el pronóstico que el FMI había vaticinado para la República Dominicana y los demás países que integran el caribe, destacando que también fuimos de los primeros del caribe en gestionar lo antes posible un programa pragmático de vacunación de modo que pudiéramos abrir nuestros aeropuertos y las puertas de nuestras empresas, tomando los protocolos de salud y seguridad laboral necesarios que evitaran la propagación de la enfermedad.
Es así, como para el 2023 el sistema financiero demuestra un aumento del 10.5% en los activos netos de las instituciones de depósito en comparación con los de diciembre del 2022, representando con ello el 50.4% del producto interno bruto (PIB), según un reciente informe del Banco Central, consolidándose así el sistema financiero y sus instituciones cómo uno de los más estables de Centro América y el Caribe pospandemia. También, mencionar que estos logros se atribuyen, en gran medida, a que en los últimos tres años, la Superintendencia de Bancos (SB) ha enfocado sus esfuerzos en la protección de los usuarios, la promoción de la accesibilidad bancaria y la transformación institucional para lograr estos objetivos.
Agregar, que además se cuenta con un sistema legal bien estructurado compuesto por la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, Ley No. 92-04 que ya hemos comentado y la nueva Ley No. 163-21 de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana, promulgada por el presidente Luis Abinader, con la que cuenta el país en materia financiera, no hubiera sido posible lograr descollar de una crisis como tal.
Estos avances desvelan que las instituciones financieras han sabido sobreponerse a la pandemia y que las lecciones aprendidas van conectadas a un viejo refrán que dice : “A veces hay que perder para ganar” , pues si bien las deudas de muchos fueron congeladas como resultado de las medidas empleadas por dictamen del Banco Central, se evitó la descapitalización de los recursos tanto de las empresas cómo del sistema financiero en general. Otra gran lección fue la experiencia de tener ese colchón amortiguador contra el riesgo que les dio la Ley No.92/04, como si se tratase de una premonición.
Las medidas proteccionistas a los usuarios, la promoción de la accesibilidad bancaria y la transformación institucional son los avances o la cosecha que las instituciones de intermediación financiera recogen de esta pandemia y en el 2023 estos avances y los que han de venir en el porvenir son gracias a la organización interna y la mejora digital. Solo queda un actual y también porque no, antiguo, valga la contradicción, desafío en el norte y es que las instituciones financieras puedan incluir a casi la mitad de la población económicamente activa en la banca y más cuerpos legales que garanticen la vigencia de las medidas tomadas durante esta crisis cómo forma excepcional y preventiva ante cualquier otro momento de incertidumbre financiera.
https://www.sb.gob.do/regulacion/leyes/ley-no-183-02-monetaria-y-financiera/
[1] Fondo Monetario Internacional: Evaluación del impacto de la Pandemia de COVID-19 en los sectores empresarial y bancario de América Latina.2020.