El pasado lunes saludé la retirada del proyecto de reforma tributaria porque la interpretaba como el inicio de un proceso para someter una pieza de consenso, apegada al uso y costumbre de llevar reformas importantes por la vía del diálogo con la sociedad.
Aquí unos cuantos TBT.
En los años noventa un trío de abogados socialistas de competencias en materia laboral incontrovertibles y líderes sindicales no pudieron imponer su visión de un código de trabajo absurdamente inclinado a los intereses de los trabajadores. De la versión utópica se llegó por un intenso proceso de diálogo a la versión que tenemos hoy con la que se enterró la muletilla Código Trujillo de Trabajo.
En esos años también el presidente Balaguer pasó una reforma arancelaria por decreto cuando se da cuenta que un consenso era imposible con los grupos mercantilistas que aspiraban a mantener una legislación de comercio exterior y administración de aduanas del Salón de la Fama de la Vergüenza.
Ante las quejas del ramplimazo a la alta protección efectiva de la industria nacional, la animosidad entre industriales e importadores y el resentimiento por la eliminación de incentivos tributarios, Balaguer crea el Consejo Nacional de Reestructuración industrial para llegar acuerdos amortiguar los efectos a corto plazo de la apertura comercial.
La reforma a la seguridad social también es otra por la que nos dan méritos los informes periódicos del Fondo Monetario, organismos internacionales, analistas extranjeros y memorandos de oferta de bonos soberanos.
El Poder Ejecutivo resistió siempre la universalización de la seguridad social. Tal vez sentía tenía suficiente con un monopolio eléctrico y un servicio hospitalario donde no daba pie con bola. Era un suicidio autorizar el secuestro de todos los asalariados en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, una entidad donde la primera noticia de cada nuevo administrador era “hemos reestablecido el crédito con los suplidores.”
Por esa razón existió el espacio para discutir lo que tenemos hoy de un sistema previsional basado en la capitalización individual. Recuerdo haber tenido la responsabilidad de dirigir para la Fundación Economía y Desarrollo uno de los primeros seminarios internacionales sobre ese modelo que se llevaba en Chile con resultados espectaculares.
El Banco Central permitió realizarlo en el auditorio pequeño que pequeño quedó porque estuvo ahí todo el interesado en escuchar a brillantes invitados de la CEPAL junto a comentaristas locales como Luis Molina Achécar, Miguel Sang Ben y Andy Dauhajre. Invitamos a sindicalistas, declinaron porque no era el modelo que aspiraban, pero fueron, repartieron su posición contraria a todo el que llegaba en un manifiesto y se quedaron a escuchar a los “neoliberales”.
Años después también de muchas consultas a la sociedad ahí tenemos nuestro modelo consensuado de capitalización individual con sus bondades y defectos. El sistema nace con una prohibición directa a invertir en bonos del gobierno dominicano. Hoy más del 80% del portafolio está invertido en valores del Banco Central y Hacienda y ninguna manifestación de cotizantes se ha reportado para lograr una menor concentración en el riesgo gubernamental.
En este TBT también debe entrar la reforma de la administración financiera del Estado. Esta no acaparó tanto la atención de los medios, pero avanzó sin mayores tropiezos desde los últimos dos años de la primera administración de Leonel Fernández.
Es de estas reformas que surge la Dirección General de Crédito Público, DGCP, entidad que se encarga en el Ministerio de Hacienda de la administración y gestión de la deuda pública. Nace en unos años donde el gobierno dominicano empezaba a crear por primera vez una reputación de pagador a tiempo de los intereses de un bono emitido para saldar a los tenedores documentos avalaban deuda administrativa.
De negociarse con altos descuentos los valores emitidos como reconocimiento de deuda administrativa con suplidores y contratistas o por expropiaciones, la DGCP en pocos años salió con un programa de subastas competitivas para emitir bonos internos financiar el presupuesto general del Estado que empezaron a devorar las AFP y las tesorerías de los bancos.
Esto ocurría en el mercado local al mismo tiempo que lograba emitir bonos soberanos a condiciones cada vez más favorables y mejoraba su calificación crediticia. Estos se convirtieron así en el principal instrumento para cumplir con el plan de financiamiento de cada presupuesto público que recibía la aprobación prácticamente unánime de los legisladores.
Todo lo anterior demuestra que tenemos una clase política con capacidad de concertar reformas fiscales con una sociedad que ha probado aceptarlas cuando están sintonizadas con los niveles de tolerancia propios de cada momento.
La percepción de los mercados de capitales sobre nuestra sociedad es la de una que no se opone a que el el gobierno gaste, cobre impuestos, se endeude y de subsidios. Y esa no cambiará por una oposición mostrada a la reforma presentada por el gobierno que, en realidad, lo que ha hecho es mostrar que aquí se apoyan impuestos y subsidios razonables.
También que existe solidaridad con el gobierno para luchar contra la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto corriente y demandar un mayor porcentaje de inversión que, obviamente, necesitará de un plan de financiamiento para cubrir el déficit y las amortizaciones.
Los tenedores de bonos han comprado deuda dominicana porque saben bien que estamos a años luz de una revolución anarcocapitalista o comunista donde el gobierno tendría prohibido emitir deuda o se abstiene de colocar bonos porque nadie los comprará.
Desde el año 2019 se les escribe en los memorandos de oferta que el partido de gobierno tiene mayoría en ambas cámaras para pasar una reforma tributaria (dejando entrever que en eso trabajan), pero que eso puede cambiar si otra administración toma el timón en las próximas elecciones.
Esperan para esta administración una reforma razonable y es lógico que no estarán conforme con la decisión de sacar la reforma sin intenciones de buscar un consenso y presentar una nueva.
Lo interesante de este caso es que no hace falta contratar una encuesta para medir sus opiniones sobre esta situación. En los mercados de capitales ejercen el voto diario sobre su percepción del riesgo relativo de invertir o mantener posiciones de bonos soberanos y el mismo portal del Ministerio de Hacienda muestra los boletines diarios bonoctorales.
Por lo que he visto hasta ahora opinó que volverá consensuada.