El pasado 8 de octubre el gobierno sometió ante el Congreso Nacional el proyecto de “Ley de modernización fiscal”, que persigue recaudar más de RD$120 mil millones, equivalente a poco más del 1.5% del PIB. Esta propuesta merece ser analizada y estudiada a profundidad por todos los dominicanos, ya que, por mandato constitucional, debe haber un equilibrio entre la potestad estatal de recaudar y el respeto a los derechos económicos de los ciudadanos, a fin de que prime la justicia social y el bienestar colectivo.
Dentro de las reformas tradicionalmente más impopulares y que demanda de mayor valentía, está la reforma fiscal, porque nos pega a dónde más nos duele: el bolsillo. Sin embargo, cuando el déficit y las deudas van en aumento, la posibilidad de incrementar la recaudación a través de más impuestos se convierte en la “solución” más obvia de los gobiernos. No es un secreto que, en las últimas décadas, el Estado dominicano ha experimentado dificultades financieras que ponen en riesgo la estabilidad económica y su ritmo de crecimiento. Hoy en día, por ejemplo, de cada RD$100 que recauda el Estado dominicano, alrededor de RD$21 pesos se destinan al pago de intereses de deuda pública. Esto hace imperativo revisar la forma en que se obtienen y se invierten los recursos.
El proyecto de Ley de modernización fiscal propone, entre otras cosas, el cambio del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es importante aclarar que desde ya el ITBIS es el impuesto de mayor recaudación en el país. Lo que parecería ser un cambio puramente cosmético de cambio de nombre, conlleva mucho más que eso. Con el establecimiento del IVA, se gravarían todas las transferencias (sean de bienes industrializados o no, sean de bienes tangibles o no), ampliando radicalmente la base del impuesto y dejando la duda si alcanza la transferencia de bienes inmuebles. Asimismo, se eliminan ciertas exenciones, entre ellas, a servicios funerarios, culturales y deportivos, salones de bellezas, servicios de transporte de carga. Hay que recordar que el IVA (o ITBIS) es un impuesto indirecto que impacta al consumidor final y se considera un impuesto regresivo.
En el Impuesto sobre la Renta para personas físicas, además de eliminar los beneficios de gastos educativos, se propone crear un nuevo tramo, de manera que aquellos que perciban más de RD$200,000 mensuales, por su excedente tributarán a una tasa de un 27%, cuando actualmente la tasa máxima es un 25% y por años no se ha ajustado la escala por inflación. La justificación presentada aquí es que muchas personas deciden ejecutar sus transacciones como personas físicas vs a través de una sociedad comercial (las cuales tienen una tasa de 27%), como mecanismo de planificación fiscal. No obstante, se les olvida que la tributación de la renta para un accionista de una sociedad es un 34.3% (si consideramos el Impuesto sobre la Renta del 10% aplicable a los dividendos), por lo cual la distorsión se mantiene, o – peor aún – que los asalariados no tienen deducciones admitidas por dependientes, por ejemplo. Otro tema que no ha sido profundamente analizado es la tributación de los intereses para personas físicas. Los intereses en la actualidad están sujetos a una tasa de un 10% como pago único y definitivo, sin embargo, con esta propuesta podrían tributar hasta un 27%, desconociendo que hay muchos adultos mayores que subsisten de los intereses que le generan sus ahorros.
Se propone gravar finalmente a los servicios digitales a través de plataformas, muy ambiciosamente, tanto con el Impuesto sobre la Renta como del IVA, sin establecer una normativa clara al efecto. En ese orden, se eliminan exenciones sobre compras menores de US$200 por internet. Asimismo, se duplica el impuesto anual por circulación a los vehículos de motor (marbete) en función de si el año de fabricación es mayor o menor a 5 años, sin discriminar en función de la valoración del vehículo. Con ello, se mantiene que un Mercedes Benz 2024 pague igual que un Hyundai Sonata del 2022.
Nuevamente, se aumenta el Impuesto Selectivo al Consumo a bebidas alcohólicas. Particularmente, en este sector la evasión es muy alta, por lo cual, en lugar de aumentar la fiscalización a los que están al margen de la ley, se vuelve a castigar a los que cumplen con sus deberes formales tributarios. Otro tema controversial es que se propone la obligatoriedad de presentar declaración jurada como persona física a quienes devenguen más de RD$52,027, aún aquellos sean asalariados y/o todas sus rentas sean objetos de retención en la fuente. Con un sistema complejo, obsoleto, se obliga a contratar a un contador o, en su defecto, se queda expuesto a generar grandes contingencias fiscales.
Un tema que preocupa también es el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), de manera que todos los que tengan un inmueble valorado en más de RD$5,025,380.76 deberán pagar un 1% del excedente, cuando actualmente la exención es de casi RD$10,000,000. Esto implicaría que personas que tengan inmuebles valorados en RD$9,800,000, que en la actualidad no tributan, deban contribuir anualmente alrededor de RD$48,000 por este impuesto. Sobre esta iniciativa, el clamor popular es que la exención actual se mantenga, al menos, para el inmueble que se destine para vivienda.
De cara a los empresarios, se eliminan los incentivos de sector de turismo, cine, industria, cadena textil, zona franca comercial y fideicomiso, con excepción a viviendas de bajo costo. Adicionalmente, se modifican los incentivos establecidos para zonas francas, desarrollo fronterizo y asociaciones sin fines de lucro. Es saludable revisar los incentivos y demuestra mucha valentía tomar la iniciativa, pero sí hay sectores que aún necesitan estímulo y apoyo para su desarrollo, por lo que se pudiera evaluar implementar un desmonte parcial o gradual.
Por otro lado, también es justo reconocer las facilidades que se proponen a favor de las microempresas en el Impuesto sobre la Renta y el IVA, la eliminación de anticipos para personas físicas y sucesiones indivisas. Sería un gran alivio para los empresarios emergentes.
Entonces, analizando el proyecto de la “Ley de modernización fiscal”, nos surge la pregunta ¿qué se hizo en estos últimos 5 años? Las medidas que se plantean deben revisarse a profundidad. En este momento nos toca a los dominicanos enfrentar una nueva reforma fiscal, que como hemos estado acostumbrados por más de 32 años, su fin principal es aumentar las recaudaciones sin que haya una revisión integral del sistema tributario doméstico. Hay tantas oportunidades de mejorar a nuestro sistema tributario, como recaudar el ITBIS / IVA por parte de no residentes fiscales que vienen al país a prestar un servicio (inversión del sujeto pasivo), introducir la desmaterialización de la figura de establecimiento permanente, aplicar un impuesto al capital asignado de sucursales de empresas extranjeras como se les aplica a sociedades dominicanas, eliminar el 0.0015% (1.5 por mil) por concepto de emisión de cheques y transferencias electrónicas que desincentiva la bancarización, tasas más bajas para rentas de fuente extranjera percibidas por residentes fiscales en República Dominicana, eliminar el Impuesto sobre los Activos, aumentar los incentivos al I+D, entre muchas otras.
Como bien se le atribuye a Margaret Thatcher “El Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando los impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará por ti. Ese “alguien” eres tú. No existe el dinero público; solo hay dinero de los contribuyentes”. Si bien coincidimos con esta reflexión, la evaluación de las fuentes de recaudación es un tema delicado; no se puede tomar a la ligera.
Cuando hay una revisión integral del sistema tributario de un país se tiene una oportunidad maravillosa, no solo para incrementar las recaudaciones fiscales, sino para redistribuir las riquezas, mitigar la desigualdad económica entre los ciudadanos, fomentar la innovación, el desarrollo y el progreso de una sociedad. Ahí radica la importancia en el buen diseño de un sistema tributario, sabiendo que – por supuesto – siempre habrá intereses afectados y quienes se resistan. Estamos dispuestos a “abrazar el cactus” pagando más impuestos, porque sabemos que nuestras contribuciones son esenciales para vivir en una sociedad civilizada, pero nos permitimos aprovechar la oportunidad para sugerir revisar integralmente nuestro sistema tributario, a fin de que responda a los principios constitucionales de justicia, igualdad y equidad tributaria, conforme a los retos y circunstancias de los nuevos tiempos.