La reforma del sector eléctrico implicaba muchas decisiones, algunas de las cuales se asumieron antes de la constitución de la CREP, como fue la división de la empresa en cinco, dos de generación y tres de distribución.

La Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública previó excluir a las empresas de transmisión y a las generadoras hidroeléctricas del proceso de reforma.

Se había hecho un trabajo técnico y conceptual previo, que había durado años, en el que habían participado técnicos nacionales y extranjeros de muy alta calificación, algunos de los cuales continuaron con nosotros en la CREP.

El final del proceso y la adjudicación de las plantas de generación se produjo en un momento en que la crisis del sector eléctrico empeoró en un contexto de indiferencia de la administración de la CDE porque, como iban a ser traspasadas al sector privado no les importaba que reventaran en manos de quienes las recibirían. Los nuevos administradores no tuvieron más camino que sacar de operación a algunas de ellas para reparaciones profundas y evitar el colapso del sistema eléctrico, con la mala suerte de que en ese momento empezó a subir el petróleo disparando sus costos de generación.

Recuerdo que una vez que se me ocurrió decir en televisión que, aunque los precios del crudo tenderían a bajar después de la reforma eso estaría sujeto a que no subieran ni los precios de los combustibles ni la prima del dólar, ya que en esos casos el precio de venta debía indexarse. Cuando llegué a la oficina, los técnicos, incluidos los asesores extranjeros, me dijeron: —Usted no debió hablar de eso porque lo que está previsto en los contratos con respecto a la indexación por aumento de los combustibles solo podrá ocurrir cuando el petróleo esté por encima de US$ 22.50 y ahora está a US$ 13.50.

Para colmo nos encontramos con que la CDE no solo había descuidado el mantenimiento de las plantas, sino que además incumplió con la indexación de la tarifa cada seis meses, como estaba previsto. Todos esos factores acumularon un déficit entre los costos y el precio al que debía venderse la electricidad, por lo que la tarifa debía aumentarse en un 5% en un momento en que los apagones abundaban por la cantidad de plantas fuera de servicio y en medio campaña política y el mismo presidente que había dirigido el proceso de reforma decidió asumir el diferencial, o sea, uno de los propósitos de la ley era eliminar los subsidios y con esa decisión se dio un paso atrás, con el agravante de que esa diferencia, aunque era relativamente baja en porcentaje, resultaba mucho en dinero líquido para el presupuesto de entonces y el Estado no tenía suficientes recursos para pagar.

Sobrevino el cambio de gobierno, del PLD al PRD, y con esto los apagones financieros, pues, aunque ya había generación disponible, no existía liquidez suficiente en el Gobierno para el subsidio. La política de subsidios continuó hasta llegar al Acuerdo de Madrid, que implicaba un mejoramiento del flujo de caja del gobierno. De esa manera, el convenio resultaba aceptable para cualquier gobierno Los generadores, con tal de conseguir la renovación de sus contratos por un período más largo, aceptaron bajar un poco la tarifa y así hipotecaron el proceso de reforma en el largo plazo y lograron que sus contratos fuesen extendidos hasta 2016.

Pero lo que mucha gente desconoce es que cuando este acuerdo se firmó, los contratos de compra y venta de energía que se licitaron en la CREP -que eran cuatro por cada distribuidora y se habían firmado de acuerdo con la Ley de Electricidad- obligaban a que el 80% de la energía comprada por las distribuidoras se precontratara para garantizar determinados esquemas de cumplimiento y de estabilidad de precios y que el 20% restante se comprara en el mercado spot.

Ahora bien, por decisión de la CREP, ese 80 % en vez de hacerse en un solo contrato, se dividió en cuatro contratos de 20 % cada uno, uno que se vencía al primer año, otro al segundo, otro al tercero y otro al cuarto. Es decir, el contrato de más largo vencimiento duraba cuatro años.

Cuando se firmó el Acuerdo de Madrid, los primeros dos contratos ya estaban vencidos y no se licitaron. Para el vencimiento del tercero faltaban dos meses, no había licitación abierta y en un año se vencía el cuarto. Si esos contratos se hubieran licitado al momento de su vencimiento, el propio proceso habría llevado a una reducción tarifaria, pero en lugar de eso se inventó la fórmula del Acuerdo de Madrid, que, si bien mejoró un poco el flujo de caja del gobierno, destruyó prácticamente el mercado spot.

Todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese desatino porque en la medida en que fueron aumentando los precios de los combustibles, y las pérdidas siguieron sin control. Mientras las generadoras, propiedad estatal en un 50%, se servían con la cuchara grande, las empresas distribuidoras empezaban a tener problemas financieros y algunas estuvieron al borde de la quiebra.

No obstante que en sus contratos de concesión estaba establecido que en ese caso el gobierno podía optar por la expropiación, la decisión que se tomo fue que el Estado las comprara. Así se hizo, primero con Edesur y Edenorte en el gobierno de Hipólito Mejía y luego con Edeste en el segundo mandato de Leonel Fernández.

 

Extractos editados de mi libro Relatos de la vida de un desmemoriado.