Desde el 2020, la República Dominicana atraviesa un periodo de reajuste en su escenario político, caracterizado por la emergencia de nuevos actores, partidos y la manifestación irrefutable de la ciudadanía en contra del contexto que hasta ese momento vivíamos.
Un tema recurrente en nuestro panorama político es la reforma de la Constitución para abordar la reelección presidencial, un asunto que para mí quedaba relegado a los tiempos que superamos luego de las manifestaciones en la Plaza de la Bandera.
Según el estudio Coloquio Constitucional, desde 1844, cada 4.1 años, en promedio, nuestra Constitución se modifica, afectando casi exclusivamente las disposiciones relacionadas a la reelección presidencial. Esto plantea las preguntas: ¿Qué sufre la República Dominicana que justifique estos cambios tan frecuentes? ¿Es acaso la falta de una verdadera representación política lo que facilita este constante coqueteo con la reforma constitucional?
El actual presidente ha señalado la necesidad de modificar la Constitución para dificultar aún más futuras reformas que faciliten la reelección presidencial por períodos más largos que los actualmente establecidos. Pudiera elucubrar con que esta propuesta parece apuntar a crear un marco más confiable, evitando que alguien se perpetúe en el poder. Sin embargo, ese no me parecía un problema latente en esta nueva etapa hasta que él lo mencionó.
La reelección presidencial y las reformas constitucionales son temas que merecen ser analizados desde diferentes aristas. Este artículo es el primero de una serie que explorará estas cuestiones con cierta profundidad, buscando entender las raíces de nuestros problemas en cuanto a la representación política y como la Constitución se vincula a ellos para proponer soluciones que fortalezcan nuestra democracia.
De entrada queda clara una cosa, en la República Dominicana es crucial que trabajemos hacia una mayor representatividad política, donde las reformas constitucionales respondan a las necesidades de la sociedad, a la solución de fallas o vacíos. Asegurar un futuro político más estable y equitativo para todos no está en las manos de quien gobierna, si no en la fortaleza de sus instituciones y sus normas.