Responde a un viejo reclamo social la propuesta sometida al Congreso Nacional por el Ministro de Hacienda para una Ley de Responsabilidad Fiscal. De hecho, tras conocerse, al final del 2012, el desorden fiscal que había dejado el Dr. Leonel Fernández al abandonar el Palacio, las reuniones del CES fracasaron cuando diversas instituciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales y políticas, condicionaron su apoyo a las propuestas fiscales del Lic. Danilo Medina al avance en la indicada ley. 

Se da por entendido que la vigencia de una ley así ayudaría a conferir al Estado Dominicano una mayor credibilidad, obligando a los sucesivos gobiernos a ajustar su accionar a una disciplina que ofrezca más garantías a la población de que no se extralimitarán en el manejo presupuestario y que se seguirá un curso fiscal sostenible. 

E independientemente de los reclamos ciudadanos, su aprobación es un mandato explícito de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como parte de un pacto fiscal que debería ser acordado. Y un insistente llamado de atención de organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo; el propio Fondo Monetario Internacional colaboró para preparar el borrador de la ley.

¿En qué ayudaría la aprobación de una ley así? En primer lugar, le daría a la ciudadanía un instrumento adicional de control y fiscalización de la acción pública; en segundo lugar, proveería a los agentes económicos un marco de mayor confianza en el futuro; y en tercer lugar, teniendo en cuenta que la República Dominicana está obligada a emitir deuda en los mercados de capitales, y lo seguirá estando irremediablemente por buen tiempo, le indicará a los agentes externos, incluyendo a las agencias calificadoras, que el país tendrá capacidad de pago futuro y que, por tanto, su dinero está seguro aquí. Eso, presumiblemente, bajaría el nivel de riesgo país y el costo del endeudamiento, aliviando en algo las finanzas públicas.

El proyecto de ley contiene dos reglas básicas: una meta de deuda pública respecto al PIB que debe ser cumplida para el 2035, y un tope al incremento real anual del gasto público (descontada la inflación). 

Supongo que no habrá mayor problema en que sea aprobada, pues sería difícil oponerse a que se establezca mediante ley un marco de responsabilidad fiscal basado en reglas, con capacidad y mandato de rendición de cuentas, para garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles en el tiempo. En eso parece haber total consenso. No debería, pues, haber oposición a su aprobación, excepto para los políticos que preferirían tener manos sueltas para gastar a su antojo.

En lo que no habrá consenso es en todas las cosas que habría que hacer después para su cumplimiento. Bajar el coeficiente de deuda pública al 40 % del PIB para el 2035 no debería ser difícil para un país que manifieste disposición a financiar lo público, de aportar para lo que nos concierne a todos, pero no para la República Dominicana, que no ha mostrado tal disposición. Y muy particularmente, cuando se sabe que eso no puede hacerse bajando gastos públicos, sino aumentando ingresos, puesto que nuestro país tiene un coeficiente de gastos que lo coloca entre los más bajos del mundo.

Si bien el tope de gastos, según el cual, en ningún año futuro podrían crecer a más de un 3% en términos reales, impone una línea a los gobernantes de hasta dónde pueden llegar, también les significará un límite para la solución de diversos problemas. Imaginemos solamente un gobierno que tenga la real decisión de afrontar seriamente la inseguridad ciudadana, no mediante discursos o declaraciones de prensa, sino creando un verdadero cuerpo de policía, con personal bien calificado y remunerado, ya con eso bastaría para aumentar el gasto público más del 3 %.

Y ni qué decir de las reformas de la seguridad social, del agua o de la salud pública. Por eso pocos economistas en el mundo que conocen nuestra realidad, salvo que respondan a una filosofía en extremo neoliberal, apostarían por garantizar la sostenibilidad futura poniendo controles a los gastos, cuando un simple vistazo a los datos dice que eso no puede ser. Lo que no significa dejar de combatir el malgasto y la corrupción. 

A su vez, hacer los sacrificios requeridos para conseguir la meta de deuda puede ser factible para el Gobierno Central, pero no todo depende de ello, mientras tengamos un Banco Central endeudándose alegremente por cuenta del fisco. Esto es algo a lo cual habría que buscarle remedio. Actualmente, de toda la deuda pública de este país, el 26 % ha sido incurrida por el Banco Central, sin pedir autorización congresual ni de ningún otro poder y sin rendir cuentas a nadie, pagando intereses más altos que los que paga Hacienda. 

Podrá decirse que en la mayoría de los países los bancos centrales son autónomos, pero esa autonomía se les confiere para que puedan manejar técnicamente la política monetaria, no para gastar sin control y endeudarse con cargo a los contribuyentes, porque ya eso sale de su misión y corresponde a la política fiscal. 

Y finalmente, la existencia de una ley de responsabilidad fiscal ayuda, pero no resuelve. Es más, la mayoría de los países de América Latina tienen reglas fiscales más o menos rígidas, incluyendo países con un historial de indisciplina incomprensible. Sin tener dicha ley, la República Dominicana ha exhibido en las últimas tres décadas mucha más disciplina que ellos. 

Argentina, por ejemplo, no sale de una crisis cuando ya está metida en otra. Y Brasil, en cuyo caso salirse de las reglas obliga a modificar la propia Constitución, con la ayuda de un Congreso complaciente el gobierno de Bolsonaro hizo cinco reformas para escapar a ellas, en un caso justificadamente, por el COVID, pero en otras procurando mejorar la imagen de Bolsonaro con fines reeleccionistas. Mientras tanto, en ese mismo país, la presidenta Dilma Rouseff, probablemente la gobernante más honrada de su historia, fue derrocada cuando la derecha quiso hacerlo por violar una regla fiscal.