Al estudiar el declive democrático en el siglo XXI, Anne Applebaum explica cómo los autoritarismos se sostienen en escritores o comentaristas que apoyan la narrativa autoritaria, todo lo cual resulta en una cascada de mentiras. Francis Fukuyama estudia cómo el uso de información errónea, falsa o ambigua es un arma a favor de los autoritarismos. La manipulación de la información coincide con una de las características de los regímenes autoritario-populistas: el desprecio a los expertos, considerados como parte de una élite corrupta, como explica Pippa Norris.
Existe una estrecha relación entre los autoritarismos y la posverdad. Como estudia Lee McIntyre, la opinión pública se mueve más por sentimientos que por evidencias. De allí el riesgo de que la opinión pública distorsionada puede tener para la democracia. La máxima vox populi vox dei se torna en un elemento de riesgo, cuando la opinión de la comunidad pública es manipulada, en especial, con narrativas populistas. En el Federalista n° 49 se lee, así, que el gobierno descansa en la opinión pública, pero lo cierto es que la opinión de cada persona está influenciada por la opinión de los demás. En un mundo de redes sociales e inteligencia artificial, nunca antes los riesgos sobre la opinión pública habían sido tan elevados.
El más reciente ejemplo es la situación de Citgo Petroleum Corporation, la filial ubicada en Estados Unidos de la empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Las acciones de la empresa tenedora de acciones de Citgo, PDV Holding, Inc., están siendo subastadas por la Corte de Distrito de Delaware, para pagar obligaciones contraídas por el Estado venezolano durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde 2019, la representación legal de PDVSA en Estados Unidos recae en la Asamblea Nacional electa en 2015, y controlada por la oposición, como resultado del desconocimiento de la elección de Nicolás Maduro en 2018 por el Gobierno de Estados Unidos. La situación, como puede entreverse, es paradójica: la oposición, que cuestionó el endeudamiento irresponsable de PDVSA y de la República, ahora debe hacer frente a reclamaciones que superan los 20.000 millones de dólares. Sin embargo, la hacienda pública -incluyendo los ingresos petroleros que han crecido gracias a la política de flexibilización de sanciones- siguen en control del Gobierno de Maduro, quien se ha desentendido de las decenas de reclamaciones de los acreedores legados.
El Gobierno de Maduro, que se enfrenta a elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, ha utilizado el caso judicial de Citgo para responsabilizar a la oposición, empleando para ello calificativos que coinciden con la narrativa autoritario-populista. Expresiones como ladrones, rateros, pero, sobre todo, traidores a la patria, abundan en la narrativa de Maduro y su reducida élite, violando abiertamente el compromiso de evitar el discurso violento, asumido en el acuerdo de Barbados que Maduro y la oposición de Venezuela firmaron el pasado octubre de 2023.
Además, como la Corte de Delaware es un tribunal de Estados Unidos, aliados de Maduro, como Cuba, han desempolvado la narrativa de la guerra fría para denunciar el “despojo” de Citgo por Estados Unidos. Con ello se ignora que, a diferencia de Cuba, los tribunales en Estados Unidos sí son independientes.
En esta narrativa, toda explicación técnica está ausente. No se apela a evidencias sino a emociones. La elite de Maduro, abiertamente, silencia un dato obvio: todas y cada una de las reclamaciones pendientes en la Corte de Delaware responden a la deuda pública legada de Chávez y Maduro. Cuando se denuncia el robo de Citgo con la complicidad de Estados Unidos, se omiten evidencias contundentes: la Corte de Delaware es un tribunal independiente de la administración de Biden. Y no hay tal robo: hay un proceso de subasta judicial, tan transparente que cualquiera puede seguirlo.
Como demuestran los estudios sobre la posverdad y populismo, la elite gobernante en Venezuela exalta las denuncias de robo y corrupción, para desviar la atención a las sólidas evidencias sobre la cleptocracia transnacional que afecta al Gobierno de Venezuela. Tanto más sorprendente es este caso si consideramos que el año pasado la propia élite gobernante apresó a quien fuera uno de sus destacados miembros y jefe de la industria petrolera, bajo cargos de corrupción derivados en el desvío de miles de millones de dólares, que incluso superan el monto de las reclamaciones pendientes en la Corte de Delaware.
El caso de Citgo es muy útil, también, para comprender el rol de ciertos comunicadores sociales, forjadores de opinión pública. Es así como vemos a ingenieros y economistas tratando de explicar los detalles legales de un caso judicial que tiene siete años sustanciándose, y 1.191 actuaciones registradas al 18 de junio. Y el único abogado que se encarga de difundir opiniones, no tiene ninguna experticia en este tipo de temas ni, sobra decirlo, carrera académica. En la posverdad, la fama es más importante que el prestigio, y cualquiera es experto.
La pandemia de la COVID-19 permitió entender la aversión a la experticia, y la atracción por los opinadores de más fama que prestigio. Mientras que consagrados expertos eran denostados y acosados, la prensa daba cabida a cuanto opinador quisiese explicar por qué las vacunas eran un perverso sistema de dominación de ciertas élites.
Al final, poco importa comprender las causas del proceso de remate judicial conducido por la Corte de Delaware, asociadas a la destrucción de la autonomía de PDVSA. Comprender las muy complejas implicaciones legales de la tesis del alter ego aplicada por la Corte de Delaware puede servir en el ámbito académico, en el cual juristas han comenzado a estudiar las graves implicaciones de esta tesis en la renegociación de la deuda. Pero en la posverdad, mientras más lejos se esté de la evidencia y de los expertos, tanto mejor.
Una condición necesaria -pero no suficiente- para revertir la decadencia democrática de América Latina, es luchar contra lo que pasa ahora en Venezuela, esto es, el secuestro de la opinión pública por populistas y demagogos que han destruido a la opinión pública razonada. Ya lo explicó Daniel Zovatto: en la región hay que luchar en contra de las tres P: polarización, populismo y posverdad.