La titulación en derecho de quien esto escribe coincidió con el llamado a concurso de oposición por parte de la Procuraduría General de la Republica para abogados aspirantes a ser miembros del Ministerio Público, en condición de fiscales. Dicho concurso se celebra cada cierto tiempo como consecuencia de las necesidades institucionales, ya que no existe un periodo otorgado por norma para dichos certámenes. Al enterarme de la convocatoria, procedí a recopilar la documentación requerida por las bases del concurso, acudiendo a participar lleno de entusiasmo y esperanzas, pero también afianzado con la firme convicción de que desde fiscalía iba a poder brindar un servicio eficiente al sistema de justicia.
Para entonces eran muchos los mitos que escuchaba respecto a los fiscales, creencias que habían contribuido a forjarme una idea equivocada de la posición, e incluso, de la función que ejercen los agentes del Ministerio Publico. Entre las versiones pululantes había escuchado que el fiscal era un funcionario eminentemente político, esto es, alguien que ocupaba la función posterior a un nombramiento directo del ejecutivo. Ciertamente, como consecuencia de aquella percepción, concebía el ejercicio como el resultado del trabajo político partidista que debían realizar los que accedían a ella. También consideraba que el fiscal era como un funcionario lleno de beneficios y comodidades compensatorias. Lo cierto es que, de todas las ideas asumidas a fuerza de percepciones y creencias, lo único consecuente con la verdad era el criterio de que el fiscal es un funcionario.
Siempre recordaré mis primeros meses en el ejercicio. Para ese entonces, mantenía por conveniencia el secreto de mis nuevas responsabilidades, ya que para la época me veía compelido hacer uso del transporte público, lo que podía constituir un peligro a mi seguridad personal en caso de saberse que transitaba vulnerable por la misma ruta, todos los días, camino a mi residencia. Un día de aquellos escuché una amena conversación entre personas que no conozco, en el vehículo que me llevaba hacia mi reciente departamento. En ese momento escuché afirmar por parte de una pasajera que los fiscales eran unos corruptos, que ganaban cerca de 300,000 pesos y que se trataban de una especie de magnates con todas las comodidades que le son propias a los funcionarios de primera categoría. En ese momento me pregunté qué diría aquella persona si se enteraba que quien estaba a su lado, justamente en sus mismas condiciones, era un fiscal.
Así fui descubriendo una serie de necesidades que padecía la clase: La manera injusta en que es tratado y el deplorable estado de cosas en el que tienen que ejercer sus funciones. Dudo mucho que exista, en el tren público, una figura más degradada que la del fiscal; comenzando por el salario, hasta el incumplimiento de beneficios que les son conferidos por ley. Cada vez más son los fiscales que claudican, que deciden desvincularse por el estado insostenible de su posicionamiento institucional. La sobrecarga laboral, las presiones jerárquicas, el injusto sistema de compensación y las precarias condiciones laborales son solo algunos problemas de los cuales adolece el fiscal.
En la actualidad, la canasta familiar básica de la Republica Dominicana oscila entre los 40,000 y 45,000 pesos, valor que asciende al 45% del salario del fiscalizador, eso si no tomamos en cuenta el descuento al salario mensual. La pregunta es ¿Cómo puede subsistir un fiscalizador, que tiene familia y gastos necesarios de representación cuando la canasta familiar básica le resta el 45% de su salario? Definitivamente se trata de una forma de existencia impropia para aquel profesional.
A fin de caracterizar la función de los fiscales se adoptaron en la ley 133-11 criterios de carácter funcional que le imposibilitan al agente del Ministerio Publico ejercer otras funciones. La única actividad que se le permite al fiscal es la académica, pero no puede, así como los jueces, ejercer otra actividad productiva. No criticamos aquella determinación, de hecho, la debemos juzgar como razonable, pero lo que sí debemos ponderar es que en aquellos países donde se le prohíbe al fiscal cualquier actividad productiva la relación salarial de los mismos les basta para hacerse de una vida decente. Aquello no ocurre en la Republica Dominicana. ¡Que lamentable!