Las redes sociales han puesto a la vista las implicaciones, riesgos y desafíos que nos trae el fenómeno de los “influenciadores” en la nueva plaza pública que son las plataformas digitales.
Los “influenciadores” son personas, empresas o grupos que participan activamente en las redes sociales y que con sus opiniones y mensajes logran mover a sus audiencias.
Por esa razón, las empresas, productos y políticos se acercan a estos nuevos actores del sistema para impulsar sus estrategias de comunicación.
Desde el punto de vista de los derechos de las audiencias, el uso de “influenciadores” en redes sociales para testimonios y patrocinios debe reflejar una conducta ética que evite el engaño y falsas percepciones de los ciudadanos.
Ello porque las plataformas digitales son campos de batalla de los que surgen muchas de las matrices opinión que influyen en la toma de decisiones de las personas.
Los “trending topies”, los “chats” o los muros virtuales de Twitter, Facebook e Instagran son verdaderas sopas de emociones en los que abundan las noticias falsas, el discurso del odio y la frivolidad como medios para explotar las vulnerabilidades sicológicas de los usuarios.
Los “trolls” dan lecciones de cómo manipular a los votantes y ganar elecciones con “fake news”.
Esto quiere decir que la vieja plaza pública, con sus picos de oro, ha quedado en el pasado. Ahora su lugar ha sido ocupado por los “influenciadores” que deciden de qué habla la gente.
Estos personajes, entre los que hay políticos, artistas, gente de la farándula e intelectuales, trazan la “agenda sitting” e inclinan la balanza con sus cuentas con miles de seguidores.
En el ámbito comercial, la publicidad debe cuidarse si utiliza “influenciadores” para evitar la difusión deshonesta, falsa o engañosa de opiniones o creencias.
Si se afirma que el “influenciador” consume el producto o servicio, realmente debe ser un usuario real y de buena fe al momento de la difusión del mensaje.
Del mismo modo, si el “influenciador” comunica que es un experto en el tema que analiza, sus cualificaciones deben demostrarse en relación al asunto promocionado, así como si existe una relación entre el “influenciador” y un anunciante que pueda afectar la credibilidad del mensaje, dicho nexo debería ser comunicado al público en forma suficientemente clara.
No se trata de hacer como el avestruz y meter la cabeza en el hoyo o desconectarnos de las redes sociales para no ser alcanzados por este fenómeno. Más bien, lo que debemos es procurar propiciar un debate institucionalizado para tomar conciencia del tema y propiciar las normativas necesarias que permitan asegurar la libertad de expresión en su doble dimensión como derecho a difundir noticias y opiniones libremente, y como derecho a recibir información veraz que forme una opinión pública sana para la democracia y el mercado.