El proyecto de reforma constitucional sometido por el Presidente Abinader aborda el vital tema de la representatividad en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. La propuesta es reducir significativamente el número de diputados, pasando de 190 diputados a 137. Esta reducción es más notable en lo que respecta a los escaños por circunscripción pues conforme al proyecto del Poder Ejecutivo serán 110 diputados; mientras que los diputados naciones por acumulación de votos serían 20.
La propuesta entorno a este asunto es muy sensible pues nadie ha podido verificar cuál es la base o los estudios o informes que fundamentan la reducción de los miembros de la Cámara de Diputados. Lo único que hemos visto en la luz pública es el resultado de un sondeo que se hizo a través de las redes sociales del presidente Abinader y el deseo de éste reducir el costo de dicha cámara.
Con respecto al costo económico, honestamente es un mal argumento pues los gastos de la Cámara de Diputados son insignificantes en tanto que suponen RD$582,698,642 anual frente a gastos de publicidad del Poder Ejecutivo ascendentes a RD$3,134.6 millones en abril de 2024. De forma que el costo en sí de la Cámara de Diputados no es una razón para la reducción de su número, tomando en cuenta la labor tan importante que realiza, pues, por demás está repetir que la democracia y su sostenibilidad duradera cuestan.
En realidad, reducir la cantidad de diputados por circunscripción y equilibrarlo con un aumento de diputados nacionales de partidos minoritarios tiene que ser fundado en que esto generaría mejor gobernabilidad y eficiencia de la Cámara de Diputados tanto en la labor de representación de los votantes, como también en el estudio y aprobación de los proyectos que sean sometido al pleno para su deliberación, no así en una lógica economicista y presupuestaria.
Quizás la propuesta del presidente Abinader pudiera haber sido más significativa y reformadora si en lugar de pensar en reducir el número de representantes de la Cámara de Diputados, hubiese propuesto que el Congreso Nacional fuera unicamera
De ahí que la primera pregunta que surge de la propuesta de reducción es: ¿Mejoraría la representatividad de los votantes? Y cuando nos referimos a esto no es otra cosa de si los diputados podrán llevar a cabo esta labor con mayor arraigo en sus circunscripciones o se le dificultará representar a poblaciones con las que nunca tuvieron un acercamiento.
En un primer momento, se pudiera decir que mientras más grande son las circunscripciones electorales, menor representatividad pues en nuestro sistema político, los diputados son electos por voto preferencial y normalmente suelen hacer vida política en estos territorios. Con la propuesta de reforma, cada diputado tendría que abarcar territorios donde probablemente tenga poco o nada de arraigo social y electoral.
Asimismo, otro desafío que presenta la propuesta de reducir el número de diputados es que fomentaría un desequilibrio importante en términos de la población representada en la Cámara de Diputados en tanto que los municipios más poblados como el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este perderían escaños y los votos de sus ciudadanos valdrían un poco menos que de los municipios y provincias con menos población, las cuales mantendrían en gran medida la misma cantidad de diputados que actualmente tienen.
Por eso la medida de la representatividad que se busca con el proyecto de reforma constitucional no refleja la visión de una Cámara de Diputados que permita representar el pluralismo de nuestra ciudadanía.
Otro asunto que quizás no se está tomando en cuenta, probablemente por la bonhomía de la propuesta, es que menos escaños implica mayores conflictos intrapartidarios ya que la competencia sería feroz entre los aspirantes, habrá menos números de reservas posibles para los partidos y, por supuesto, las negociaciones de alianzas serán más difíciles bajo las actuales reglas electorales.
Y lo anterior no es poca cosa en vista de que el sostén de nuestra democracia es el sistema de partidos políticos que tenemos y cuya crisis pudiera acelerarse en caso de haber incentivos para luchas fratricidas por escaños en la Cámara de Diputados.
Entiendo que esta propuesta del presidente debe ser estudiada bien a fondo y, sobre todo, verificar si contribuiría a mejorar la gobernanza en la Cámara de Diputados y la labor de los diputados en todos sus órdenes: fiscalización, representatividad y legislativa.
Quizás la propuesta del presidente Abinader pudiera haber sido más significativa y reformadora si en lugar de pensar en reducir el número de representantes de la Cámara de Diputados, hubiese propuesto que el Congreso Nacional fuera unicameral, con requerimientos diferenciados para la aprobación de leyes y mayorías cualificadas para determinadas funciones legislativas, así como con comisiones permanentes. Esto sería una verdadera reforma constitucional respecto del Poder Legislativo.
Es más, si no se quiere un congreso unicameral, la propuesta del presidente Abinader habría sido más interesante y progresista si se dispusiera a poner prohibiciones expresas en la Constitución tendentes a prohibir el uso de fondos del Estado para funciones extrañas a la de los legisladores, es decir, a erradicar definitivamente el barrilito, el cofrecito y demás fondos de beneficencia social que distorsionan la labor de los diputados y senadores.
De momento, la propuesta de reducir los escaños en la Cámara de Diputados no se presenta como un avance institucional. Se trata de la típica propuesta apegada al gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.