Haití apela a los buenos oficios
El aparato diplomático dominicano se vio compelido a realizar ímprobos esfuerzos para legitimar la matanza ante la comunidad internacional y contrarrestar el poder mediático de la diplomacia de Haití. Desde el principio se aferró al comunicado conjunto sobre la masacre, publicado el 15 de octubre de 1937, entre Evremont Carrié y Joaquín Balaguer, en el cual se minimizaba el apocalíptico hecho con el eufemismo de “pequeños incidentes fronterizos” y se enfatizaba la paz y la cordialidad existente entre los dos Gobiernos.
Luego de haber transcurrido un mes de los sanguinarios hechos fronterizos sin que se conocieran los resultados de la prometida investigación de Trujillo, y ante el incremento de las tensiones en Haití, el presidente Vincent solicitó la intervención de los presidentes de Estados Unidos, Cuba y México a quienes informó que la prometida investigación se estaba “alargando” sin haber arribado a ningún resultado lo cual había multiplicado las causas de la irritación y tensión en perjuicio de los intereses de los dos pueblos. Insistía en que el carácter unilateral de la investigación inspiraba escasa confianza en la opinión pública haitiana, mantenía latente la excitación de las mentes y que la lentitud de la misma podía dar lugar a nuevas y complicadas perturbaciones.
Luego del “desgraciado suceso” el presidente Vincent se hallaba apremiado a iniciar un proceso para que la economía haitiana recuperara su ritmo habitual. Y por las acentuadas diferencias entre ambas repúblicas, Vincent solicitaba los “Buenos oficios” del Gobierno de los Estados Unidos en asociación los Gobiernos de Cuba y México. Tenía la expectativa de que a través de este recurso se le buscaría una solución rápida y pacífica a la controversia. (1)
Los tres gobiernos informaron por separado a Trujillo la solicitud formulada por el presidente Vincent y recibieron idéntica contestación. Para denegar esta propuesta de mediación, Trujillo y su diplomacia arguyeron que el Gobierno haitiano no había notificado ni indicado al Gobierno dominicano que le permitiera conocer la naturaleza de la controversia, o dificultad, que se ha debido invocar para justificar la solicitud de “Buenos oficios”, de acuerdo con la Convención suscrita en la Conferencia de Consolidación de la Paz de Buenos Aires.
El 15 de noviembre el ministro Andrés Pastoriza sugirió, de forma aviesa, que en la contestación al presidente Roosevelt sobre el ofrecimiento de mediación se incluyeran criterios racistas tales como que la penetración ilegal haitiana obstaculizaba los propósitos del Gobierno de mejorar los niveles de vida de los trabajadores dominicanos, insistir en la necesidad de preservar las tradicionales sanas costumbres de los pobladores fronterizos, proteger los propietarios dominicanos de los frecuentes hurtos de que eran víctimas por bandas haitianas, salvaguardar la superioridad racial sobre los haitianos, motivos que a su juicio contribuirían a inclinar el favor de la simpatía del pueblo americano hacia la República Dominicana. (2)
El 22 de noviembre, el Lic. Julio Ortega Frier, secretario de Relaciones Exteriores, le ordenó a los Enviados Extraordinarios y ministros Plenipotenciarios en Estados Unidos, México y Cuba, (3) que trataran de convencer a los dirigentes de esos países de lo inadecuado o improcedente que resultaba insistir ante Trujillo para que aceptara la mediación solicitada por Haití. Y le proporcionaba un conjunto de informaciones que servirían de fundamento a su solicitud como la agudización del estado de miseria de la población rural haitiana a consecuencia de los bajos precios que obtenían sus principales rubros agrícolas.
Asimismo, que apelaran a un argumento muy socorrido por los intelectuales del régimen relativo al presuroso crecimiento de la población haitiana cuyo excedente confrontaba dificultades para colocarse en los países vecinos y se complicó con la decisión de Cuba de cerrar las puertas a la inmigración haitiana con la expulsión de más de 30,000 braceros que trabajaban en la industria azucarera de ese país.
Como se puede apreciar, de nuevo los ideólogos del régimen colocaban el robo de ganado como uno de los argumentos para legitimar el genocidio, pues en las referidas disposiciones, compuesta por veinte apartados repletos de amaños, exponían que con el acrecentamiento de la población y de la pobreza en Haití se produjo un aumento de la “infiltración ilegal de haitianos” por la frontera, quienes ya no se limitaban al robo de caballos, vacas, cerdos, gallinas y al de cosechas en pie, sino que también se adueñaban de terrenos cultivados por los dominicanos a quienes arremetían con palos y machetes.
Como muestra de las investigaciones emprendidas por el Gobierno dominicano citaban la pantomima desarrollada en los tribunales fronterizos para procesar a los supuestos culpables que no eran más que campesinos reclutados por el Ejército a quienes los propios fiscales le confeccionaron sus declaraciones y al final del proceso lo premiaron con un estipendio de cincuenta pesos. De igual modo, se esforzaron por eximir de culpa a los militares dominicanos y expusieron que el Gobierno de Trujillo cumplía a cabalidad el acuerdo diplomático del 15 de octubre, entre otras cuestiones.
El 3 de diciembre el Gobierno dominicano hizo otra propuesta en la cual admitía que en los “incidentes fronterizos” resultaron muertos ciudadanos haitianos en una cantidad indeterminada, el carácter internacional de estos, la realización de una investigación para esclarecer los hechos, conducida de forma unilateral por las autoridades dominicanas. Asimismo, aceptaba la solicitud de buenos oficios solicitada por el presidente Vincent normado por un conjunto de condicionantes.
En la propuesta se establecía que la comisión para averiguar los hechos estaría compuesta por representantes de Estados Unidos, México y Cuba que se trasladaría a Haití para recoger la información que serviría de fundamento a las autoridades dominicanas en la dilucidación de los incidentes, luego de lo cual se trasladarían a Santo Domingo a entregar dicha información al Gobierno dominicano que procedería a realizar una minuciosa investigación de cada uno de los casos a que se refiera la información recogida. Como es lógico imaginarse, el Gobierno haitiano rechazó estas absurdas proposiciones por considerar que con ellas resultaba imposible alcanzar un acuerdo definitivo.
La demora en la solución del conflicto exasperó al Gobierno haitiano y su diplomacia. En una entrevista confidencial entre Andrés Pastoriza y Troncoso de la Concha con el embajador de México, este le confió que Haití se disponía a interrumpir las relaciones diplomáticas con República Dominicana, pero que el ministro americano, Sumner Welles, lo persuadió de no hacerlo.
El embajador mexicano les dijo asimismo que el Departamento de Estado consideraba grave la situación de Haití que atribuía a la tardanza que sufría el caso domínico haitiano y que Welles le había confiado que Washington poseía evidencias de que la matanza de haitianos se ejecutó también en comarcas no fronterizas y que en ella participaron miembros del Ejército, además de mediar órdenes superiores.
Welles le confió también al embajador mexicano que Henry Norweb, ministro norteamericano en Santo Domingo, después de su entrevista con Ortega Frier, tenía la impresión de que Trujillo rehusaría los Buenos oficios, y les aconsejó aceptar el anteproyecto enmendado o manifestar disposición de aceptarlos estableciendo condiciones, pues si Haití llegar a romper las relaciones diplomáticas, le crearía al Gobierno dominicano una situación comprometida con Washington.
El Pacto Gondra
Ante el retardo en la solución definitiva del conflicto generado por el genocidio, el 14 de diciembre, por sugerencia de los Gobiernos de los Estados Unidos, México y Cuba, el Gobierno haitiano invocó al Pacto Gondra de 1923 y la Convención de Conciliación del 5 de enero de 1929, y nombró como sus representantes ad hoc de la Comisión Permanente al señor Abel Leger, exministro de Relaciones Exteriores de Haití, y al norteamericano Hoffman Philip.
El 15 de diciembre, y luego de analizar los puntos de vistas de los dos Gobiernos involucrados en la disputa, los representantes de los tres Gobiernos a quienes se les había solicitado los “Buenos oficios”, el secretario de Estado, Cordell Hull, emitió una circular a las repúblicas americanas en la cual les reiteraba la ocurrencia de lamentables incidentes en la República Dominicana en el cual perdieron la vida una cantidad indeterminada de ciudadanos haitianos, las malogradas negociaciones directas entre los dos Gobiernos, que dichas gestiones directas por medio de conversaciones informales habrían de ser igualmente improductivas y que los incidentes asumían un carácter internacional. (4)
En respuesta a la decisión del Gobierno haitiano de recurrir al Pacto Gondra, el 15 de diciembre la diplomacia dominicana respondió nuevamente con una evasiva en la que defendía el espíritu del comunicado conjunto del 15 de octubre y planteaba que la única cuestión susceptible de ser resuelta por este Pacto era saber si procedía aplicar los procedimientos establecidos por los tratados interamericanos para la solución pacífica a los conflictos internacionales a la cuestión surgida entre las dos repúblicas, por los “deplorables sucesos” ocurridos en octubre de 1937.
Los diplomáticos dominicanos al servicio de la dictadura sentían temor de que se realizara una investigación imparcial por cualquier instrumento de mediación internacional de paz, pues los resultados de esta revelarían que millares de haitianos y domínico-haitianos fueron asesinados brutal y despiadadamente por los militares dominicanos auxiliados por civiles.
La reacción de The Washington Post ante las tácticas dilatorias
Al dilatarse tanto la solución del conflicto por los constantes rodeos de Trujillo y su diplomacia, en enero de 1938 un editorial del influyente diario The Washington Post de los Estados Unidos, se lamentaba de que Haití y República Dominicana no había podido solucionar el problema de la matanza de haitianos, e imputaba directamente al Gobierno dominicano por su política obstruccionista, lo cual causó preocupación entre la diplomacia del régimen de Trujillo.
El diario inculpaba directamente a la dictadura de adoptar la rígida postura de que no existía una razón valedera para la mediación pues las quejas de Haití sobre la masacre a sus ciudadanos podían ser tratadas directamente con el Gobierno dominicano y rechazó la mediación de los Estados Unidos, México y Cuba, y luego de que Haití apelara al Tratado de Gondra y a la Convención del 5 de mayo de 1929. El editorial planteaba que “la aceptación de esos instrumentos por parte de la República Dominicana fue tan limitada por reservas prohibitivas que haría inútil la mediación”. Asimismo, ponderaba que detrás de la política de dilación y obstrucción de Trujillo existía:
“[…] un sentido de culpabilidad y una renuencia a sacar a la luz los horribles acontecimientos que tuvieron lugar en la República Dominicana a principios de octubre. Estos acontecimientos han provocado, naturalmente, la preocupación profunda del pueblo y Gobierno haitiano. Informaciones fidedignas recientes confirman con detalles precisos los aparentes inconcebibles primeros reportes de las sangrientas matanzas llevadas a cabo por la Guardia dominicana contra millares de haitianos que residían y trabajaban en Dajabón, Montecristi y otras ciudades dominicanas cercanas a la frontera”.
El contundente editorial planteaba que frente a las “horrorosas provocaciones” de la dictadura trujillista, el Gobierno haitiano mostró un “plausible grado de comedimiento” lo cual pudo ser interpretado por las autoridades dominicanas como un “síntoma de debilidad”. Además, la publicación del comunicado conjunto del 15 de octubre, en el que se enfatizaban las cordiales relaciones existentes no habían sido afectadas, lo utilizó el dictador dominicano como una excusa para la “inactividad”. (5)
Transacción directa con el Gobierno de Haití
Posteriormente, el ministro Andrés Pastoriza, se dirigió a los miembros de la Comisión Permanente del Tratado de Gondra, con sede en Washington, para expresarles que su Gobierno estaba a punto de llegar “a una liquidación transaccional de las pretensiones que este crea levantar con motivo de los sucesos de octubre de 1937” por medio de negociaciones directas para obtener un acuerdo que pudiera ser elevado a dicha Comisión.
A inicios de enero ya la diplomacia de Haití estaba dispuesta a transarse pues el ministro Leger apremió a Troncoso de la Concha a llegar a un entendido rápido y dejaba en manos del Gobierno dominicano el tema de la cuantía de la indemnización. “Lo que ustedes vayan a estar gastando en estos trabajos de conciliación o de investigación, dénselo a esos infelices”. (6) El ministro en Washington, Lic. Roberto Despradel, también dio cuenta del "gran deseo” manifestado por Leger en la sesión de la Comisión Permanente de terminar el diferendo fronterizo.
Finalmente, el Gobierno dominicano solicitó una transacción directa con el Gobierno haitiano en la cual intervino el Nuncio Apostólico Maurilio Silvani. Según Ortega Frier, Trujillo se hallaba dominado por algunas aprensiones que lo impulsaron a finalizar el conflicto, tales como su amistad con el presidente Vincent, su temor de que se complicara aún más la situación política interna de Haití, su preocupación por una revolución de los negros y su interés en mantener la “disciplina social en la isla”. (7)
Además, Sumner Welles, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, les había informado a los diplomáticos dominicanos que el incidente con Haití le había hecho mucho daño a República Dominicana en el plano internacional, por lo cual los instaba a apremiar su solución.
Los burócratas dominicanos que participaban en la solución del diferendo se manejaron con mucha socarronería respecto a los haitianos. A principios de enero Pastoriza le escribió a Troncoso de la Concha para informarle que debido al interés mostrado por Welles en la solución del conflicto se entrevistara con él para recoger de forma confidencial su apreciación respecto del monto de la indemnización que convenía pagar al Gobierno haitiano y que de modo discreto le hiciera saber que dicha compensación se podría emplear para fines de lucro personal.
Sin embargo, Troncoso de la Concha se mostró cauto y le respondió que estimaba “peligroso“ tratar a Welles ese tópico porque podría darle ocasión de interferir en las gestiones de entendido entre ambos Gobiernos y exponer ideas inconvenientes para el país que luego se empeñaría en hacer prevalecer. Además, entendía que fueron sinceras las manifestaciones que le hizo Leger en el sentido de que las indemnizaciones tendrían un buen destino. (8)
El 17 de enero de 1938, Joseph Davies, un destacado cabildero de Trujillo, también le sugirió al ministro Despradel la conveniencia de finiquitar en el más breve plazo la controversia con Haití ya que la misma se prestaba ”para urdir maniobras contra el Gobierno dominicano por los enemigos que usted y nosotros conocemos“. Aunque no mencionaba su nombre evidentemente aludía a Sumner Welles, quien sentía una gran animadversión hacia Trujillo, y al hecho de que este había estimulado al canciller Leger a utilizar la prensa para presionar a Trujillo a llegar a un entendido con Haití. (9)
El Acuerdo entre los plenipotenciarios de República Dominicana y Haití, firmado el 31 de enero ante la Comisión Permanente que instauraba el Pacto Gondra, resultó ampliamente beneficioso para el Gobierno dominicano ya que en él no reconocía ninguna responsabilidad a cargo del Estado en la terrible matanza de 1937, y se aferró a las dudosas e inconclusas investigaciones judiciales.
De igual modo, se comprometía a entregar 750,000 dólares para indemnizar a las víctimas y a sus familiares, así como a las personas de nacionalidad haitiana que, reintegradas al territorio haitiano, hubieran sido perjudicadas por los sucesos de octubre. Unos de los puntos del acuerdo que talvez generaría mayor beneficio para los haitianos y domínico-haitianos repatriados es aquel según el cual a las personas de nacionalidad haitiana, que hubieran retornado a la República Dominicana a consecuencia de los sucesos de octubre, no serían consideradas por ese retorno como habiendo renunciado a ningún derecho sobre los bienes inmuebles que poseyeran y podrían ejercer sus derechos y continuar en posesión de los mismos, recibiendo estos en el estado en que actualmente se encontraban.
De la suma acordada, el dictador entregó de inmediato US$250,000.00 dólares y luego, mediante una poco clara transacción, US$275,000.00 dólares más, pero nunca llegó a saldar la suma acordada inicialmente. Como ya hemos visto en un artículo anterior, el cabildero Anselmo Paulino viajó a Puerto Príncipe con una suma importante de dinero para sobornar a algunos funcionarios haitianos. Mediante el acuerdo se:
“[…] liquida y termina, definitivamente, por vía transaccional, cualquier clase de reclamación del Gobierno haitiano o de personas de nacionalidad haitiana contra el Gobierno dominicano o contra personas de nacionalidad dominicana”. (10)
No obstante los esfuerzos de la diplomacia dominicana tras el genocidio de 1937, la imagen internacional de la dictadura de Trujillo quedó maltrecha. Las relaciones con Haití se tornaron muy tensas, la indignación de gran parte de la comunidad internacional, que recalcaba el carácter antidemocrático del régimen, y la insistencia de los exiliados antitrujillistas en tildar de fascista el régimen. A estos factores se sumaron las presiones solapadas de grupos dirigentes de los Estados Unidos.
Ante este adverso panorama internacional el dictador se vio conminado a tomar algunas previsiones tales como la de no presentarse como candidato a la Presidencia por tercera vez y a colocar presidentes títeres, a realizar frecuentes viajes a los Estados Unidos para consolidar sus relaciones con grupos de poder, así como a distanciarse del nazismo y a disimular sus simpatías hacia esa corriente. Tan pésima imagen tenía Trujillo en el exterior que el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, rehusó tomarse una foto junto a él. (12)
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los Estados Unidos se enfrentaron a dictaduras europeas, modificaron su política hacia las dictaduras latinoamericanas y adoptaron una posición desfavorable hacia Trujillo en el entendido de que al fortalecer el poder de un dictador socavaban las fuerzas del progreso y la libertad, de la ley así como a un gobierno civilizado. (11)
Referencias
(1) Presidente Sténio Vincent, Carta al presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, Puerto Príncipe, 12 de noviembre, 1937”, en: José Israel Cuello, Documentos del conflicto domínico haitiano, pp. 90-91.
(2) Cablegrama cifrado de Andrés Pastoriza, 15 de noviembre, 1937, en: J. I. Cuello, Documentos del conflicto domínico haitiano, pp. 190-191.
(3) En ese orden eran: Dr. Manuel de Js. Troncoso de la Concha, Dr. Moisés García Mella y el Lic. Max Henríquez Ureña.
(4) Circular del secretario de Estado Hull sobre el resultado de la mediación, 15 de diciembre, 1937, en: J. I. Cuello, Documentos del conflicto domínico haitiano, pp. 144-146.
(5) Editorial de The Washington Post, 6 de enero, 1938. Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Presidencia (FP), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), traducido por la secretaría de Relaciones Exteriores.
(6) Carta del Lic. Manuel de Js. Troncoso de la Concha al Lic. Julio Ortega Frier, secretario de Relaciones Exteriores, 3 de enero, 1938, AGN, FP, SRE.
(7) Carta de Julio Ortega Frier al Lic. Manuel de Js. Troncoso de la Concha y al Lic. Andrés Pastoriza, 9 de diciembre, 1937, en: José Israel Cuello, Documentos del conflicto domínico haitiano, p. 276.
(8) Cablegrama del 2 de enero, 1938, AGN, FP, SRE.
(9) Carta de Roberto Despradel a Trujillo, 22 de enero, 1938. AGN, FP, SRE.
(10) Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Boletín Oficial, vol. 4, No. 2, Ciudad Trujillo, 31 de enero, 1938, pp. 7-11.
(11) Informe secreto de Spruiile Braden al Departamento de Estado, en B. Vega, Los Estados Unidos y Trujillo 1945, 2a edición, Santo Domingo, 1987, p. 155. Véase también del mismo autor Un interludio de tolerancia, Santo Domingo, 1987.
(12) El historiador Harvey Gardiner, en su libro pionero La política inmigratoria de Trujillo, Santo Domingo, 1979, analiza los esfuerzos de Trujillo para vender una imagen humanitaria en el exterior mediante la acogida de inmigrantes en el país como los republicanos españoles, derrotados en la Guerra Civil española, los judíos perseguidos por Hitler, asentados en la colonia de Sosúa, y los húngaros. Posteriormente llegaron al país agricultores españoles y japoneses.