La escasa conciencia que presentan los ciudadanos con respecto a su responsabilidad social cuando de contribuir con el pago de tributos se trata, para financiar los servicios y obras públicas que garantizan el desarrollo económico y social, proviene de dos factores en los que tampoco se encuentra presente la responsabilidad social ni la ética, la mala educación y la corrupción que provienen convenientemente de los gobiernos dominicanos hacia la sociedad.
La falta de educación de los contribuyentes, la confusión y el desconocimiento que sobre el sistema tributario se maneja; sus responsabilidades fiscales, las leyes, las normas, los incentivos, las exenciones, en fin, los privilegios legales que llaman derechos, es una acción premeditada y alevosa que se ejerce de modo verticalizado, de la misma manera que se practica la corrupción, la manipulación que por parte de los funcionarios y legisladores se ejerce a los subordinados de las instituciones gubernamentales, la distorsión de las reglas y procedimientos que intervienen en la producción de recursos y de financiamiento que, recaen en quienes toman las decisiones para concentrar poder político y económico, con la intención de que no se advierta ni comprenda el estratagema tributario que en detrimento del ciudadano se fragua ante sus ojos, es preferible esta pueril educación y la desinformación ciudadana que posteriormente se traduzca en la evasión fiscal y la baja cultura de tributación, porque a sus fines últimos esto es más conveniente que sacrificar la centralización del poder, de hecho, República Dominicana es uno de los países más centralizados desde el punto de vista fiscal, respecto de países similares de Centroamérica según el BID Mejorando vidas, gestión fiscal; el marco de descentralización y gobiernos subnacionales, muestra que mientras en Brasil, Argentina o México los gobiernos subnacionales representan más del 40% del gasto público total, en muchos países de Centroamérica y el Caribe esta proporción no llega ni al 10%, entre ellos el nuestro es el más bajo de la región (0.8% del PIB).
Entre menos entienda la gente, cuanto más confundida e ignota se encuentran con respecto al ordenamiento social y la gestión fiscal que financia el desorden social actual, mayor es la dependencia y más fácilmente se prestan para ser manipulados y creer en cualquier argumento por disparatado que sea, a fin de tranquilizar su ánimo reactivo e inconsciente y eludir así sus responsabilidades y mantenerse en el estado del perpetuo infante dependiente del Estado.
Bajo el marco de la Justicia Social, la que también se conoce como Justicia Distributiva, se ha maleducado al ciudadano haciéndole creer— no saber— que, hay ciudadanos que dada su condición socioeconómica no deberían pagar impuestos sino que deben ser subvencionados y protegidos por el Estado, el que para su bienestar garantizará bienes y servicios públicos, y que estos deben ser financiados por quienes presentan en sociedad una condición socioeconómica “privilegiada” con respecto a ellos— los supuestos “privilegiados” no son más que personas trabajadoras y empleadores— sobre los cuales debe recaer la carga impositiva; para que esto sea posible, existen los políticos, estos personajes se arrogan la facultad y la autoridad moral de representar a los ciudadanos convencidos de que la justicia distributiva es necesaria para asegurarse una distribución “equitativa” de los recursos, de manera tal que libre a los menos favorecidos de “El Sistema” de asumir responsabilidades fiscales y justificar que esa carga impositiva se dirija hacia quienes se encuentran en una posición “privilegiada” en dicho sistema, entonces las personas que se encuentran dentro de la Matrix de la pobreza, se les convence de que el Estado de Bienestar que merecen es un estado asistencial que fomenta la dependencia de ellos para con los políticos e indefectiblemente, profundiza la desigualdad estructural, puesto que debido al hecho de que, los recursos se malversan y dirigen a programas sociales ineficientes sin mayor alcance que el de satisfacer necesidades primarias, se deja con ello de invertir y dirigir los recursos hacia las reformas estructurales que realmente se requieren para superar el estado de la necesidad y la dependencia, que progresivamente traslade a las personas del bajo nivel de ingreso y de calidad de vida, a ser artífices de una mejor actividad económica que les permita fraguarse su independencia económica por sus propios medios.
Paradójicamente proceden así, a estructurar un sistema complejo de financiamiento regresivo, que recae en mayor medida sobre los estratos medios y bajos de la sociedad, esta estructura sesgada hacia impuestos regresivos hace que la region presente la más alta desigualdad de ingresos del mundo, es decir que, el Estado que se encargó de hacerle creer a la sociedad que garantizará su bienestar, lo hará a costa de los pertenecientes de la Matrix de la pobreza que dicen proteger, la falta de educación sirve a estos fines, y es preferible para quienes concentran el poder, porque la confusión, la desinformación y el desconocimiento que existe se refleja en una baja cultura de tributación como de las leyes en general, para que el mismo caos organizado prevalezca, porque allí donde todos son culpables, nadie es responsable de nada y a los recursos públicos que quienes los recaudan no les cuesta nada puesto que ya no son pobres, sino políticos, pues se les puede hacer fiesta.
Así estructuran un despotismo blando o suave como lo llamase Alexis de Tocqueville, un despotismo que no es obvio para la gente como el duro, porque le da la ilusión a la gente de que tienen el control, de que son ellos los que eligen y determinan, cuando en realidad no tienen influencia alguna sobre el gobierno, sino que más bien es este el que concentra el poder político absoluto sin limitación alguna por parte de la ley o de otros poderes, o justificando el atropello al ejercicio democrático generando diversos miedos a través de estrategias de comunicación y propaganda estatal que, instale la incertidumbre y la tensión en la sociedad al punto de que estos se lleguen conformar con las migajas que reciben e incluso justifiquen y defiendan la condición de subdesarrollo de la Matrix de la pobreza, con tal de no perder, el bono gas, el bono luz, la tarjeta solidaridad y los miles de beneficios que otorgan la Red de Protección Social, que incluye el Sistema Único de Beneficiarios, Administradora de Subsidios Sociales y Progresando con Solidaridad.
Los que se encuentran fuera de ese marco, es decir, los que no califican para la Matrix de la pobreza, son los “privilegiados” que deben ser regulados, controlados y perseguidos por el Estado, que requiere de los recursos de estos para hacer posible un sistema asistencial que reduce una nación con ciudadanos a un rebaño con ovejas tímidas, laboriosas y dependientes, de los cuales el gobierno es el pastor que procurará que nada les falte.
La desconfianza es la respuesta a la corrupción, y convive como su correlativo político existencial —tú me robas, yo desconfío, pero sin régimen de consecuencias, que continúe el pastoreo— al descalificar la administración pública el ciudadano se exime de asumir responsabilidades, incluso de conocer qué es lo que le corresponde, porque de todos modos no es necesario tal esfuerzo si el pastor garantiza el pasto del mes. La baja calidad de los servicios públicos, los altos niveles de pobreza, la desigualdad estructural, también sirven a los fines de no tributar, porque no es secreto para nadie que la inversión en dinero que hace el contribuyente, no se refleja en la calidad de los servicios; la corrupción como guinda de pastel aumenta la resistencia, porque a fin de cuentas, mediante el sistema creado, la gente se “libera” de su estado de dependencia momentáneamente, el tiempo suficiente para seleccionar al próximo verdugo de turno para dirigir la Matrix de la pobreza con la panacea del cambio incluida, donde las mentes subordinadas y ovejunas creen vivir en la mejor normalidad posible para que finalmente cambiando de pastores nada cambie.