Isla Beata debería ser un santuario ecológico celosamente cuidado, sólo disponible para el deleite de excursionistas responsables e investigadores, y lugar de garantía de la soberanía nacional.
Ha sido de todo, menos eso. La isla y su entorno es tierra de nadie pese a que pertenece al Parque Nacional Jaragua.
Sus penurias abarcan desde un punto geoestratégico apetecido por los imperios y cárcel para eliminación de presos políticos durante la tiranía trujillista de tres décadas, hasta lugar para negocios turbios, prostitución con trabajadoras sexuales haitianas, incluidas niñas, y depredación de manglares, tinglares, careyes, cangrejos, iguanas, chivos, estrellas de mar, makeyes o cangrejos ermitaños, lambíes, manatíes, langostas y peces.
Beata vive –o sufre- como si no fuera territorio nuestro y su realidad desastrosa no impactara todo el sistema. Unas 600 personas viven en ranchetas construidas en aquel lugar prohibido para habitar, aunque el censo de 2010 consigna 10. Pero es un número conservador. La movilidad día y noche es frenética Se habla de cientos de personas, especialmente haitianas, que llegan desde Anse –a- Pitre, en el oeste, a tres horas y media en yola, cuando viajan sin carga. La permisividad tocó fondo. El puesto de la Armada, un eufemismo, un cumplido oficial. Trudillé y Petit Cabo, alineados, sufren el mismo calvario.
Nacida en el mar Caribe, frente a la provincia Pedernales, tiene forma de triángulo y es plana. Sus 27 kilómetros cuadrados de superficie representan un caudal de vida natural en continua extinción. La delincuencia no cesa.
Fue hogar de nativos taínos que jamás atentaron contra su existencia. Colón se topó con ella durante su segundo viaje, en 1494. En sus cuatro periplos, la visitó en tres ocasiones. Y la llamó madama Beata. Los españoles criaban allí ganado vacuno para alimentar a sus expediciones marítimas en sus rutas por América. Por su posición, en el punto más meridional de la colonia, sirvió de enclave para naves de países poderosos. No faltaron piratas de los siglos XVI y XVII.
En 1870, el Estado la arrendó por 50 años al coronel Telesforo Volta para producir salinas a cambio del pago de un 5% para el erario. Luego, instalaron una base militar. Y, en el trujillato (1930-1961), operó la cárcel de la muerte, adonde trasladaban los desafectos del régimen de todo el país para torturarlos, matarlos y desaparecerlos. Fue cerrada en 1962 tras el ajusticiamiento del “jefe”.
Nada fortuito. A través de la historia, las mafias la han visto como el lugar ideal para sus prácticas cotidianas, en las que vale la palabra empeñada; si no, la pistola, como sucede en mar abierto. Durante décadas, el Estado ha preferido voltear la cara y jugar con fuego.
Isla Beata es un diamante de la naturaleza que no es eterno. Y es, al mismo tiempo, un punto estratégico de primera línea para la seguridad nacional.
Ahora que el gobierno presidido por Luis Abinader mira hacia Pedernales y se fija en el desarrollo del potencial turístico de la provincia, con el aparente ánimo de salvar al gobierno del hondo descrédito por tantas promesas incumplidas, isla Beata, igual que islotes vecinos, deberían entrar a la agenda de las primeras prioridades oficiales.
La explotación indiscriminada de los recursos de aquel paraíso nuestro, demanda una veda sin final en la caza y pesca, protección absoluta a los manglares, eliminación del libertinaje y reestructuración profunda del sistema de seguridad. Una intervención real, alejada del discurso de cumplido para el morbo mediático.
Allí falta la fuerza de la ley y el orden, pero también de la inversión.
Se necesita un centro de recepción de visitantes. Hay que aprovechar la experiencia de navegar en yolas o yates y pernoctar allá algunas horas para vivir la vida de la isla, escuchar su historia y relatos sobre la cultura; interactuar con los nuestros en pos de un aprender compartido, alimentarse con la gastronomía criolla y bañarse en sus playas, sin matarlas.
Las autoridades gubernamentales tienen aquí un desafío para actuar sin excusas. Y deben acometerlo de inmediato porque se trata de una situación grave, aunque carezca de la prensa que ha sobrado a algunos casos marcados por conflictos de intereses económicos y políticos, como el de Los Arroyos, en la Sierra Baoruco.
Los ministerios de Medio Ambiente, Turismo e Interior y Policía (vía la gobernadora Miriam Brea y demás instituciones locales) deben de unificar criterios y disponer del personal y los recursos suficientes para rescatar aquel patrimonio. Isla Beata anda al garete.