Las administraciones peledeístas aplicaron las políticas neoliberales contenidas en el Consenso de Washington. Favorecieron la privatización de empresas públicas, intentaron reducir el tamaño y hacer eficiente al gobierno dominicano y promovieron ampliamente la apertura comercial y financiera. Los resultados en cada una de esas áreas no pudieron ser más desalentadores.
En tanto, la presente administración ha sido más enfática que sus predecesores en colocar el diseño de las políticas públicas en manos de los líderes de las organizaciones empresariales del país, así como los activos públicos que aún mantiene el estado. Este hecho favorece que las medidas para enfrentar los efectos de la crisis (provocada por la pandemia y la elevación de los precios de los combustibles) tengan en consideración fundamentalmente a las empresas privadas y no a la gente.
En el 2020 y 2021 los gobiernos de turno adoptaron medidas para enfrentar los efectos de la pandemia sobre la economía beneficiando a las empresas, no así a la población; (ver Veloz, 2020) y las medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente Abinader lo colocan en la misma ruta de la administración pasada. En efecto, una de las medidas adoptadas fue la de reducir a cero el arancel a la importación de los productos básicos, bajo el supuesto de que la reducción de costos de los importadores sería trasladada a los precios de venta y no sus ganancias.
Como parte de este paquete de medidas en contra de la inflación, el gobierno anunció el subsidio de un 10% a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, los cuales son insumos para las empresas producir bienes finales. De manera que el gobierno no subsidia a la gente sino a los importadores, bajo el alegato de que la reducción de costos se traduciría en una reducción de los precios de venta, lo cual es improbable que ocurra porque el gobierno carece de reguladores eficaces.
También, el presidente Abinader anunció el congelamiento de los precios de los combustibles al nivel existente al 4 de marzo del año en curso, si los precios del combustible West Texas Intermediate (WTI) se mantienen dentro del rango de los US$85 y US$115 por barril. Si este precio supera el límite superior, la congelación de los precios inmediatamente cesaría y el incremento de precios se trasladaría al consumidor.
Este martes el precio del petróleo WTI se incrementó a US$119.0; de manera que los precios de los combustibles continuarán observando una tendencia similar a la de los mercados internacionales del crudo y obviamente tendrá efectos inflacionarios ya que modifica los costos de producción de todas las empresas (por el costo de la generación eléctrica) y el de transporte de bienes y de pasajeros; en adición a que el aumento del precio de los combustibles se traslada al usuario final.
Si los aranceles que pagan los importadores de productos básicos es cero como propuso el presidente, los costos deben reducirse; y si el costo de los bienes importados no cambia ni tampoco se modifica la tasa de ganancia del importador, los precios de venta también deberían reducirse. Sin embargo, en los mercados domésticos de bienes y servicios existe una competencia limitada de calidad y precios. Además, la dominancia de pocas firmas es general en varios segmentos de mercado; por lo que cabría esperar que los precios relativos de los bienes afectados por las medidas no dependan de la competencia entre empresas, sino del grado de monopolio en cada mercado.
Resulta útil recordar que los precios de venta están conformados por los costos producción (en este caso costos importación) más la tasa de ganancia. Si las ganancias se determinan por la dominancia de las empresas en los mercados de bienes y sabiendo que el aumento de los costos de importación afecta la tasa de ganancia, entonces con el ajuste de costos se producirían ajustes de las tasas de beneficio y de los precios de venta. Pero no es seguro que estas medidas repercutirían en beneficio de los consumidores.
El gobierno aplicaría un arancel cero, por unos seis meses, sobre la importación de mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuela, harina, pan, 0carne de cerdo y de res (ver Diario Libre). Además de proteger a los importadores, esta medida perjudica a la producción local de esos bienes. Asimismo, esta medida estimula las importaciones y contribuye a la profundización del déficit de la balanza comercial con efectos negativos sobre el crecimiento económico, considerando la revaluación de la moneda nacional por la acumulación de reservas internacionales por parte del BC.
Ante el panorama de crisis, no hay mucho espacio para los errores de política económica. Recordemos que la tasa de inflación terminó en 8.2% en diciembre del 2021, el doble de la tasa de inflación del mes de enero que fue de 3.96% y una de las más elevadas de la región a pesar del crecimiento económico (oferta de bienes). En enero del 2022, la tasa de inflación es de 8.5% y se espera que continúe aumentando como resultado del comportamiento de los precios de los combustibles, fletes y seguros marítimos. Durante todo el año del 2021, las medidas del Banco Central (BC) no pudieron contener la escalada de los precios y sólo ahora el gobierno y el BC se preocupan por detener la escalada inflacionaria.
En este marco social y económico el ministro Macarrulla, señala que el país registra el mayor gasto social de su historia. En este sentido, afirmó que en el 2021 las transferencias sociales aumentaron en 2.4% respecto del 2019 para un total de 9.4% del PIB o US$8,648 millones (RD$475,640 millones), es decir que el 44.3% del monto del presupuesto aprobado fue dedicado a socorrer la pobreza y el hambre en el país. Esto no tiene sentido en el país de mayor crecimiento de la región.
Peor aún, estas transferencias no son dirigidas a las familias pobres sino fundamentalmente a los negocios que ofrecen los bienes y servicios que los pobres pagan con las transferencias sociales. Si el gobierno estuviese verdaderamente preocupado por resolver el problema de la pobreza propiciara un ambiente social y político que permita un aumento los salarios reales utilizando como indicador el nivel de la productividad de los trabajadores y el entrenamiento formal y en la fábrica de los trabajadores.
Si los trabajadores y la clase media fueran prioritarios, entonces las autoridades mostrarían genuinas intenciones de modificar el sistema de salud y de pensiones, reducirían sus costos y mejoraran su calidad. Así, el capital humano mejoraría su condición económica, social y medioambiental, inclusive los que se retiran, resultando en una garantía de aumento de la calidad de vida de los trabajadores. Las verdaderas transferencias a las familias ocurren cuando éstas son las receptoras inmediatas del beneficio de las reformas.
Por otra parte, las medidas anunciadas por el presidente deterioran las cuentas fiscales y aumenta el déficit fiscal. En tal sentido, el presidente no anunció el costo de todas las medidas propuestas. Sólo hizo referencia al costo del subsidio a los combustibles que oscilaría entre RD$9,600 y RD$16,000 millones durante el 2022. Para beneficiar a la gente, el presidente debería ordenar la eliminación inmediata de las resoluciones de Industria y Comercio que aumentaron US$0.35 por galón el gas licuado de petróleo y otras resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio que modificaron (sin la aprobación del Congreso) la Ley de Hidrocarburos 112-00 para el beneficio de un grupo de importadores de combustibles. Similarmente, debiera eliminar las resoluciones de Industria y Comercio que aumentan los beneficios a los transportistas de combustibles.
En el libro titulado La Macroeconomía del Populismo en América Latina (1991), Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards afirmaron que “…los hacedores de política han abrazado programas económicos que descansan fuertemente en el uso de medidas fiscales expansivas, políticas crediticias y monedas sobrevaloradas para acelerar el crecimiento y la distribución del ingreso”, cuyo resultado ha sido, según estos autores, la creación de cuellos de botella que desestabilizaron las condiciones macroeconómicas de la región de América Latina. Justamente, la situación que hoy vive el país.
Si se ejecutan las políticas propuestas por la presente administración se reducirá el salario real y se apreciará el tipo de cambio, creando mayores déficits fiscales y de balanza corriente, cuya brecha se ha podido cerrar gracias a las remesas. Los autores mencionados bautizan a este tipo de política económica como la macroeconomía del populismo.