La reforma al Código de Trabajo en 1991 fue otra razón que me enfrentó a los grupos empresariales más conservadores.

Balaguer había nombrado una comisión de técnicos independientes para redactar una propuesta que sustituyera la legislación laboral que había sido aprobada por Trujillo en 1951. El grupo estaba compuesto por Lupo Hernández Rueda, Rafael Alburquerque y Milton Ray Guevara. Su propuesta fue sometida a discusión para fines de consenso entre los representantes de los trabajadores y los empleadores.

El empresariado estaba representado por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), en ese entonces presidida por Heriberto de Castro, con alrededor de 30 años en el cargo. Era una institución que dependía muy estrechamente del Consejo de Hombres de Empresa. Monseñor Agripino Núñez Collado ya en esta época fungía como mediador.

Los puntos de vista encontrados hicieron que las discusiones se empantanaran. En el propio sector empresarial existían muchas contradicciones, especialmente entre el Consejo Nacional de Hombres de Empresas y la Asociación de Comerciantes, dirigida entonces por Andrés Dahuajre.

En esa situación, el Consejo convocó a una asamblea de todas las organizaciones empresariales del país. A mí me tocó representar a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

En medio de la discusión me levanté y presenté una moción formal con dos puntos: a) Que se eligiera una comisión donde estuvieran representados todos los sectores, retirando así a la Patronal como única representante del empresariado, por lo que debía constituirse una comisión representativa e independiente. b) Que esa comisión actuara por delegación, de manera que pudiera tomar sus propias decisiones sin esperar la aprobación de los mandantes.

Al ser sometida la moción, y para sorpresa de muchos, se aprobó por abrumadora mayoría, cosa que molestó bastante a la cúpula al ver que la reunión se le había salido de las manos y tomado su propio destino.

Inmediatamente empezaron las reuniones en una de aulas octagonales de la PUCMM, en aquel entonces UCMM. El primer día yo presenté la propuesta de que empezáramos a discutir de lo simple a lo complejo.

Años después, conversando con José Miguel Bonetti en una recepción que ofreció el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, me manifestó que nunca me perdonaría haberlo arrodillado en aquella asamblea, lo que nunca fue mi propósito pues mi único pecado -y del que sigo siendo reincidente- fue luchar por un sector productivo que siendo el mayor empleador del país es el que menos poder económico y político tiene: los pequeños y medianos empresarios.

Me enorgullezco de haber contribuido a desarrollar y mantener la visión ideológica que ha caracterizado a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, a la que aporté mi dosis de combatividad.

Me sucedió en la presidencia de la Asociación Luis Sánchez Noble, en un segundo mandato, una persona con muchas ideas e inventivas y quien contaba con un equipo de primera categoría.

Las primeras ferias de Herrera fueron una idea suya apoyada por el trabajo tesonero de Buenaventura Johnson y de César Nicolás Penson, entre otros directivos.

Desde la Comisión Económica, Ernesto Vilalta, presidente varias veces de la Asociación, y yo empezamos a trabajar en dos proyectos trascendentes: la Reforma Arancelaria, cuyo trabajo recayó básicamente en Ernesto, y en el diseño de una Propuesta Política de Desarrollo Industrial. Esos dos proyectos fueron exitosos pues consiguieron la aceptación de la directiva.

La Zona Industrial de Herrera se desarrolló al amparo de la Ley 299 de Incentivo Industrial y sobre la base de los programas de financiamiento del Fondo Industrial de Desarrollo (FIDE). Estos fueron dos proyectos concebidos por los técnicos del gobierno de Balaguer, influenciados por la corriente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ponía énfasis en la política de sustitución de importaciones.

José Antonio Najri, en su condición de Secretario de Industria y Comercio, luchó por encarrilar de una manera más democrática la aplicación de estas leyes que estaban secuestradas por un grupúsculo empresarial que las manejaba a su antojo y en función de las relaciones de poder Esta Ley concedía una serie de incentivos a las industrias que se instalaban y responsabilizaba de su ejecución al Directorio de Desarrollo Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria y comercio.

Lo peor fue la aplicación en su propio beneficio del concepto dañino y filisteo de la capacidad instalada. Esta nefasta idea castró la posibilidad de lograr un desarrollo industrial competitivo en el país. La competitividad se volvió un desastre, la industria creció con debilidades crónicas sobre la base de tasas excesivas de sobreprotección. Herrera desde hacía mucho se había dado cuenta de esto y sus representantes en el Directorio lucharon contra estas distorsiones, por lo que decidieron que era mejor eliminar la ley y propiciar un régimen de protección arancelaria 8 que permitiera el desarrollo de la industria sobre una base más firme.

Un régimen arancelario que no discriminara. El mérito de la Asociación de impulsar un proyecto como éste no se reconoce públicamente, pero los que vivimos en ese momento nos damos cuenta de lo que ha significado para el país.

Cuando la directiva de la Asociación aprobó la Política de Desarrollo Industrial, concebida con una visión desarrollista e integradora, recuerdo como ahora que Ernesto Vilalta, mi compañero, dijo: —¡Wao! ¿Y cómo se puede establecer una política industrial de esa naturaleza con un sistema educativo como el que tenemos, con un sistema de salud y una justicia como la que nos gastamos? Cuando planteamos esto, a Luis Sánchez Noble se le ocurrió una de sus ideas: —Empecemos a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo—.

 

La Asociación de Industriales de Herrera encomendó a su Comisión Económica, en ese momento dirigida por mí, la elaboración de un proyecto de Política de Desarrollo Industrial, fundamentada en una visión desarrollista e integradora, recuerdo como ahora que Ernesto Vilalta, mi compañero, dijo: —¡Wao! ¿Y cómo se puede establecer una política industrial de esa naturaleza con un sistema educativo como el que tenemos, con un sistema de salud y una justicia como la que nos gastamos?

Cuando planteamos esto, a Luis Sánchez Noble se le ocurrió otra de sus ideas: —Empecemos a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo—. Comenzamos de inmediato los trabajos. A mi cargo quedó la mayor parte de este proyecto: reunir a la gente, preparar las reuniones sectoriales y otras tareas previas.

Cuando discutíamos el problema educativo, que era para nosotros el tema más trascendente, se nos ocurrió buscar la ayuda del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), cuyo rector, Rafael Toribio, acogió la idea con mucho entusiasmo y desde ese momento trabajamos unidos en un proyecto que se denominó Plan Educativo y que gozó del apoyo de la cooperación alemana.

Comenzaron a integrarse los educadores mejor formados y con más visión del país, independientemente de su filiación política. Ahí estaban, entre otros, Ligia Amada Melo de Cardona, Ivelisse Prats de Pérez, Josefina Pimentel -que para entonces era muy joven-, Carlos Pimentel, Rafael Toribio y Jacqueline Malagón. Todos con una sola visión.

Había reuniones interminables, yo asistía a todas, incluso esto me permitió enriquecer el lenguaje, pues había intervenciones con términos que me obligaban a auxiliarme del diccionario para entender el contexto. El Plan Educativo tuvo tal éxito que logramos que los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano lo incluyeran en sus propuestas de Plan de Gobierno para las elecciones de 1990.

Este proyecto daría origen al primer Plan Decenal de Educación y así lo reconoció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Plan Decenal de Educación constituyó un espacio en el que por primera vez se discutió democráticamente un problema nacional y participaron no solo los actores directos, en este caso los educadores, sino la mayor parte de las organizaciones representativas de la sociedad, empresarios, entidades comunitarias, ONGs, en un proceso que duró tres años hasta su aprobación.

Extractos editados de mi libro “Relatos de la vida de un desmemoriado”.