En artículos anteriores abordé mejoras y falencias que, a mi entender, contiene el informe de gestión y propuesta de reestructuración de la ley 87-01 elaborado por la Comisión Bicameral asignada para tal propósito.
Corresponde realizar algunas precisiones de como visibiliza la Bicameral se financien las mejoras que proponen en los pilares de capitalización individual y de reparto en el sistema previsional dominicano.
La Bicameral sugiere pensiones financiadas mediante cotización total de 11.86% sobre salario cotizable (aumento de 19%), se incluye en dicho costo la comisión básica de Administración de Fondos de Pensiones, que pasaría de 0.5% (actual) a 0.7%. Cabe señalar que dicha comisión está inserta en la estructura vigente de costo total en la ley 87-01.
Para el financiamiento concreto de pensiones, se prevé el 10.01% de la base salarial cotizable, lo cual significa un aumento nada despreciable de 25.1% comparado con el financiamiento actual. En términos proporcionales, y ponderados, el 3.41% sería cubierto por la fuerza de trabajo ocupada y 8.41% por empleadores.
Resulta aquí interesante señalar que el liderazgo de La Asociación Dominicana de Administración de Fondos de Pensiones (ADAFP) no expresa, de manera directa y explicita, preocupación alguna con las propuestas anteriores sobre los aportes de incrementos en el costo total de las cotizaciones, como tampoco sobre la composición de la misma, su preocupación fundamental se centra en cuestionar el tratamiento al pilar de reparto que contempla el informe Bicameral.
Es decir, la ADAFP se preocupa, a conveniencia corporativa, por el tamaño del mercado apetecido, pero nada dice del astronómico aumento de 40% en comisión de administración de fondos de afiliados que se le otorgaría, aumento este, por cierto, que se revela contraproducente a la luz de los niveles de utilidades netas que se verifican cada año en las AFP, la velocidad a que las mismas aumentan, y el impacto negativo que ello conlleva en los niveles de pensiones de los cotizantes.
Desde luego que es sensato la realización de estudios actuariales para los pilares público y privados de jubilaciones, lo que permitiría conocer los balances periódicos que supone la reforma sugerida y los déficits de corto plazo y largo plazo que pudiesen manifestar.
Para el pilar de capitalización individual, es también saludable realizar un estudio, incluyendo la perspectiva retrospectivo en el mismo, sobre la incidencia en bajos niveles de pensiones que generará, por parte de empleadores, el impago al sistema privado de aportaciones, que al cierre del año 2019 acumulaba por impago la bochornosa deuda de $8,651 millones de dólares (Mesa-Lago, CEPAL 2022 pág. 46), es decir, $444,056 millones de pesos dominicanos, equivalente al 82% del fondo de pensiones acumulado en cuentas individuales en el año antes referido. ¡vaya aporte a la sostenibilidad del sistema de capitalización individual! ¡cuánta responsabilidad social empresarial! Pregunta obligada. ¿El impago incluye montos descontados a la fuerza de trabajo?, no lo puedo asegurar, pero tampoco descartar.
Otra vez resulta interesante destacar aquí que, desde el palco empresarial, la sostenibilidad en capitalización individual también se ve afectada por el mantenimiento de nóminas informales dentro del funcionamiento de empresas formales, irregularidad que al cerrar el primer trimestre del 2023 contabilizó 189,087 empleados (BCRD 2023, primer trimestre), que de regularizarse su estatuto laboral pasarían a ser cotizantes efectivos. ! otra rara forma de incidencia para elevar la densidad de cotizaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema!
¿ A pesar de cierta dejadez de ADAFP para reclamar el referido impago empresarial , es muy atinada su preocupación de que se eleve la sostenibilidad en el pilar de capitalización individual, aunque omiten referir, que bajo su propia lógica de funcionamiento, sometido a los factores socioeconómico y macro- estructurales imperante en el modelo de crecimiento dominicano de bajos salarios, elevada informalidad de la fuerza de trabajo, alto desempleo ampliado, discriminación en la remuneración según sexo, entre otros; resulta altamente cuestionable garantizar esa sostenibilidad de largo plazo, por lo que cada cierto tiempo requería de parches y/o ser ingresado a cuidados intensivos, para mitigar la “insostenibilidad” de origen estructural palpitante en el conjunto del sistema socioeconómico.
Esto último pone en evidencia que al reflexionar sobre las tensiones a que están sometidos ambos pilares para su sostenibilidad financiera, es saludable alejarse de la tentación de tunelar el pensamiento que tan solo ve aportes en las contribuciones de los agentes productivos a los fondos de pensiones de manera directa e individual, pues, dada las debilidades intrínsecas al modelo de crecimiento imperante en el país, es insoslayable realizar un abordaje sistémico de la problemática previsional, de tal manera, que también se pase a considerar el apoyo que puede tener la política fiscal para el sostenimiento del sistema previsional y hacer viables reales pensiones dignas.
Y lo anterior conduce, irremediablemente, a una extensiva sustitución del pilar de capitalización individual en todo el espacio social donde prevalecen condiciones estructurales adversas para un buen funcionamiento de ese tipo de modelo previsional, como es el caso en República Dominicana.
Por consiguiente, parece muy sensato distanciarse del pensamientos reduccionista, aquel que excluye el apoyo fiscal en necesidades sociales, que plantean que su consideración lleva al pago de más impuesto para todos, argumento de mayor recurrencia que, desde la perspectiva de las fuentes de ingresos públicos, deja de lado reflexionar sobre la iniquidad del sistema fiscal actual en el país, la importancia y necesidad de conducirlo a niveles adecuados con impuestos directos, es decir de mayor progresividad, y vincularlo el mismo de manera orgánica con las políticas sociales que conducen al bien común, donde pensiones dignas para las personas es una de prioridad indiscutible. ¿O no?