En este mes se cumplen ocho años de la promulgación de la ley 169-14 por el presidente Danilo Medina, como respuesta a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) Dominicano, fallo que arrebató la nacionalidad a miles de dominicanos por ser hijos/as de padres migrantes en alegada situación irregular. Esta ley ordenó la restitución del acceso a sus documentos de identidad a las víctimas de la TC 168-13 ya inscritas en el Registro Civil, y creó un régimen especial para permitir a los no registrados tener acceso a y obtener la documentación que la acredita. El fallo del TC se aplicó de manera retroactiva, extendiendo sus efectos a cuatro generaciones de dominicanos/as, causando revuelo nacional e internacional, movilizando a un sector importante de la sociedad dominicana que entendía que la decisión del alto tribunal violentaba los derechos de los ciudadanos/as. Personalidades de prestancia social, intelectual y política de la sociedad dominicana se manifestaron de acuerdo con la creación de una solución sin desconocer la decisión de la alta corte.
La administración del presidente Danilo Medina propuso una ley remedial para devolver la nacionalidad a todos los afectados. Esta propuesta tuvo el apoyo de un sector del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que hoy conforma el Partido Revolucionario Moderno (PRM)
El presidente Medina entendió perfectamente la situación, en una ocasión recibió a una representación de los afectados y se ocupó personalmente de visitar cada uno de los sectores que estaban a favor y en contra de la decisión del Tribunal, logrando el apoyo de la sociedad en la búsqueda de una salida digna a la situación de los desnacionalizados a través de una ley. El Partido de la Liberación Dominicana y la clase política lograron pasar la ley en el congreso sin ningún escollo, siendo aprobada a unanimidad por los legisladores de todos los partidos. Sin embargo, el presidente Medina y el PLD no pudieron lograr la aplicación de la ley de forma efectiva. La Junta Central Electoral, institución clave en la ejecución para las personas inscritas en el registro civil, en ese momento estaba encabezada por el Dr. Roberto Rosario, quien hizo lo imposible para que la ley no se ejecutara. En su gestión, se interpretó la ley de forma medalaganaria y la utilizó para antagonizar con el gobierno de Medina, al punto de recurrir en demanda de nulidad a miles de personas a las que se les habían restituido sus documentos, práctica que, lamentablemente, quedó institucionalizada. La institución se convirtió en un obstáculo ante la decisión del legislador, al tiempo que los oficiales del Estado Civil recibían amenazas y amonestaciones por parte del pleno de la JCE. Con la llegada del Dr. Castaño Guzmán, un jurista conocedor del tema, éste siguió la misma línea de la gestión del Dr. Rosario, y los beneficiarios corrieron la misma suerte, aunque en menor intensidad.
La promesa del cambio
El presidente Abinader fue una de las figuras emblemáticas que pedían una solución a la situación de los desnacionalizados/as, quien además de criticar la sentencia del Tribunal Constitucional se movilizó junto con los desnacionalizados pidiendo la restitución de su nacionalidad.
Previo a la aprobación de la ley, el hoy presidente Luis Abinader participó en una actividad denominada “Abrazo Solidario”, organizada por un grupo de ciudadanos/as dominicanos en solidaridad con los desnacionalizados. “Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambiguas: o se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas… Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a los dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos, lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos: yo como muchos otros dominicanos y dominicanas, soy descendiente de migrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados”, expresó el entonces precandidato presidencial Abinader la noche del jueves 5 de diciembre de 2013, cuando abrazó a los desnacionalizados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La postura del presidente Abinader quedó en el pasado. En su gestión, la unidad del Ministerio de Interior y Policía (MIP) a cargo de la ejecución del registro especial que plantea la ley en su literal B ha sido desmantelada, sin la mínima posibilidad de reabrirla. De la misma forma, el MIP se ha negado a darle seguimiento a dos decretos de naturalización, uno emitido por el expresidente Medina y otro por el presidente Abinader.
La asunción al poder del presidente Abinader pasó de la esperanza del cambio a un espejismo lejos de la realidad de los desnacionalizados por la sentencia del TC 168-13.