El incremento de la deuda pública en el mundo jugará un rol relevante en el desempeño de las economías desarrolladas y subdesarrolladas en los próximos años; cuyo nivel ha alcanzado proporciones respecto del producto que podrían afectar la expansión del producto interno y reducir algunos de los exiguos avances logrados en la distribución del ingreso en los países subdesarrollados.

La deuda mundial se ha incrementado sustancialmente desde la crisis financiera del 2008 y la pandemia del 2020, alcanzando US$300 trillones o 349% del PIB mundial en junio del año pasado. Este comportamiento se sustentó en el estímulo que produjeron las bajas tasas de interés, que permitieron que el pago del servicio de la deuda fuera manejable.

Este período de bajas tasas de interés inicia su fin por la aparición del proceso inflacionario que trajo consigo la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. Estos eventos sugieren cambios en el panorama macroeconómico de los países altamente endeudados y se prevé una contracción de la economía mundial en los próximos meses. Algunos economistas caracterizan este período por la existencia de países zombis insolventes, cuando se considera el efecto que sobre el crecimiento tiene el cumplimiento del servicio de la deuda en un escenario de elevadas tasas de interés (Roubini, Project Syndicate, 2023).

Esta situación se agravaría si ocurre lo que Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.), denomina estancamiento secular, concepto que desarrolló Alvin Hansen en la década de los años treinta (1932, 1936, 1938), refiriéndose al hecho de que, luego de una política de bajas tasas de interés, promotora del crecimiento económico, le sigue un período de estancamiento en el caso de que se produzca un proceso inflacionario. En efecto, las tasas de interés de corto plazo permanecieron alrededor del 2% tanto en los EE. UU. y Europa como en Japón; en tanto que, las tasas de interés de largo plazo se colocaron en 2.0% en los EE. UU., 0.5% en Alemania y 0.2% en Japón caracterizando un largo período de expansión. El mantenimiento de bajas tasas de interés sólo es temporalmente consistente con el crecimiento económico, si las expectativas están alineadas con bajas tasas de inflación e igualmente con bajas tasas de interés.

Por otro lado, José A Ocampo, ministro de hacienda de Colombia, estima que las restricciones monetarias y la depreciación de la moneda colocará a docenas de países latinoamericanos en una senda de equilibrio inestable, en un marco de crisis caracterizado por declaratorias de default al pago del servicio de la deuda.

El aumento de las tasas de interés en respuesta al incremento de la inflación en los países de América Latina ha tenido una tendencia similar a los países desarrollados, algunos ejemplos bastarían para señalar esta tendencia. En Colombia, la tasa de interés pasó de 4.25% a 7.5% durante el período comprendido entre diciembre del 2019 y julio de 2022, mientras que su tasa de inflación pasó de 3.8% a 9.67%. En Chile, la tasa de interés pasó de 1.75% en enero del 2020 a 9.75% en julio del 2022 y para ese mismo período la inflación pasó de 3% a 12.49%. En Perú la tasa de interés paso de 2.5% a 6.0%, mientras que la tasa de inflación se incrementó de 1.9% a 8.81%. Igualmente ocurrió en Brasil y México, cuyas tasas de interés pasaron de 4.5% a 13.25% y de 7.25% a 7.75%, cuando la inflación remontó de 4.31% a 11.89% y de 2.83% a 7.99% respectivamente. En la economía dominicana la tasa de interés política monetaria pasó de 3.0% en noviembre del 2021 a 8.5% en diciembre del 2022, mientras que la inflación aumentó de 1.8% en diciembre del 2019 a 8.6% a septiembre del 2022.

Como consecuencia de la pandemia, y más recientemente la guerra de Rusia-Ucrania, los niveles de inflación se han incrementado en los países desarrollados y subdesarrollados. Lo que ha resultado en una contracción de la demanda agregada real y, por consiguiente, una respuesta similar de la oferta real de bienes y servicios. Además, el proceso de globalización (apertura comercial y financiera) ha servido como cadena de transmisión de los efectos inflacionarios y, de la misma manera, los países de América Latina han seguido la misma receta de política monetaria, de aumentar las tasas de interés para contraer la demanda agregada y colocar el producto corriente por debajo de su producto potencial (o de largo plazo),  esperando que desaparezcan las presiones inflacionarias.

En diciembre pasado, Nouriel Roubini argumentó que la economía mundial se dirige a un colapso inevitable, luego de años de políticas fiscal, monetaria y crediticias muy flexibles. Al mismo tiempo, el choque de oferta negativo y el estancamiento con inflación provocados por las medidas monetarias puestas en marcha resultó en una contracción de la economía mundial. Los gobiernos enfrentaron este descenso del PIB mediante un aumento sustancial de la deuda pública y privada, cuyos efectos anuncian una crisis económica.

Por su parte, Dani Rodrick, Reza Baqir e Ishac Diwan, plantean que la deuda ha sido un ingrediente importante en el crecimiento de los países subdesarrollados; no obstante, en la mejor de las circunstancias el crecimiento económico será menor y las políticas económicas se orientarían hacia la economía doméstica, requiriendo de una profunda revisión de la estrategia de reducción de la deuda así como de sus plazos.

Frente a este panorama mundial y teniendo en cuenta las consecuencias de la globalización comercial y financiera sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, la debilidad del sistema cambiario, el empeoramiento del déficit fiscal y la creciente deuda pública cabe preguntarse si continuará el robusto crecimiento económico que ha exhibido el Banco Central (BC) dominicano; sobre todo considerando que la reelección presidencial necesita y exige de la creativa bonanza oficial.

A pesar de la caída de la inversión, del consumo, aumento del déficit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la economía dominicana continuó creciendo durante el 2022, aunque con tendencia decreciente fruto de la política monetaria puesta en marcha. Mientras los países desarrollados se resienten por el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación, las expectativas de crecimiento siguen siendo elevadas en el caso dominicano.

No obstante, existen ciertas preocupaciones respecto del financiamiento del presupuesto público para el 2023. Por un lado, el debilitamiento de la base tributaria debido a las sustanciales exenciones fiscales equivalentes a 9.9% del PIB para el 2023 y por otro, el aumento de los subsidios al transporte, a las importaciones de bienes primarios, subsidios a los combustibles y al sector eléctrico y las transferencias sociales. De manera que, el gobierno ha tenido que recurrir a la deuda pública para apoyar el crecimiento económico. Para el 2022 la deuda pública alcanzó US$70,230.4 millones, alrededor del 62.0% del PIB, sólo considerando la deuda del gobierno central (GC) y el BC que constituye el sector público no financiero (SPNF); es decir, excluyendo al Banco de Reservas, Banco Nacional de Exportación, a los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Punta Catalina, RD-Vial, Ciudad Juan Bosch y otros fideicomisos, cuyas deudas no se registran en el gobierno porque sus administradores argumentan que esas operaciones se realizan en el ámbito privado, aunque con garantía estatal y con recursos y/o activos públicos. Mientras que, en el 2020, la deuda era de US$44,622.3 millones o 56.6% del PIB, con lo cual esta administración registra un aumento de la deuda del SPNF de US$25,608.1 millones en tan solo dos años y cuatro meses.

Deuda del Sector Público no Financiero, 2000-Oct-2022 (En Millones de US$)

Es preciso llamar la atención de que la estabilidad de la trayectoria de la deuda pública depende de la diferencia entre la tasa de interés de los préstamos y la tasa de crecimiento de la economía, así como del balance primario del GC. Si la tasa de interés fuese mayor que el crecimiento del PIB, entonces la deuda pública entraría en una trayectoria explosiva, en un escenario pasivo en el que no cambia su política fiscal. Lo que más preocupa es que el gobierno se ha empecinado en resolver cada problema de la economía dominicana con aumentos del gasto corriente en subsidios y transferencias sociales; pero, al mismo tiempo, afecta los ingresos tributarios mediante cuestionables exenciones fiscales a empresas privadas a cambio de nada. Permite además evasión fiscal de los impuestos directos e indirectos a las empresas privadas.

La intensa propaganda del BC sobre el bienestar dominicano impide advertir que los desequilibrios que acumula la economía (la concentración del ingreso que promueve el gobierno a través de la entrega del patrimonio público, la corrupción e impunidad, los retrocesos del aparato judicial, la pobreza, concentración del ingreso) y un congreso que no representa a los ciudadanos sino a intereses privados, son ingredientes que cuestionan la imperturbable trayectoria de la estabilidad macroeconómica.