Este domingo más de 8 millones de dominicanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales y congresuales. Si no se repite el alto nivel de abstención de las pasadas elecciones municipales, esta será probablemente entre un 30% y un 35%, partiendo de los datos de 2016 (30%), 2012 (28%), 2008 (29%), 2004 (27%) y 2000 (24%), descartando niveles como la atípica abstención del 45% en las elecciones de 2020 y tomando en cuenta una -al parecer- tendencia creciente a la abstención en nuestro sistema electoral.
Si se confirman en las urnas los pronósticos de la gran mayoría de las encuestas publicadas, el presidente Luis Abinader lograría la victoria en primera vuelta, aunque el porcentaje con el que podría ganar dependerá mucho de lo que resulte ser finalmente la abstención. Si la abstención es alta, es probable que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) alcance supermayoría en el Senado de la República y cómoda mayoría en la Cámara de Diputados. Eso le dará al presidente Abinader la legitimidad/legalidad suficiente para emprender perfectamente las profundas reformas por él prometidas, aún en ausencia del necesario consenso político y social que se ha comprometido reiteradamente a buscar.
Estas elecciones enfrentan a dos formidables coaliciones partidarias. La encabezada por el presidente Abinader y el partido de gobierno y la Alianza Rescate lidereada por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. La coalición opositora presenta tres magníficos candidatos presidenciales (Abel/Leonel/Miguel) y una plataforma común de candidatos congresuales que se constituyen en un polo de atracción y concentración de todo el voto popular opositor, lógicamente apostando a una segunda vuelta, que sería posible si la abstención disminuye sustancialmente y las intenciones de voto opositor se concretan en votos efectivos.
Aparte del misterioso y perfecto timing del Ministerio Público “independiente” en su “lucha contra la corrupción”, la campaña se ha caracterizado por denuncias de uso de los recursos del Estado en la campaña, la entrega a destiempo del financiamiento público a los partidos y violaciones a la Ley Electoral por parte del PRM, lo cual en parte ha sido tímidamente denunciado por movimientos cívicos como Participación Ciudadana, objeto de grotescas burlas por quienes menosprecian el ejercicio de derechos como simple “pataleo” y parcialmente reconocido por las autoridades electorales. La esperanza es que nada de esto influya en los resultados electorales y que tampoco se produzcan compras de cédulas, votos y delegados antes y durante las elecciones.
Como siempre, los dominicanos acudirán en orden y pacíficamente a ejercer un derecho al voto que tanto tiempo, sangre, muertes y esfuerzo le ha costado al pueblo dominicano. Es de esperar una actuación efectiva de la Junta Central Electoral, la entrega de resultados a tiempo y de modo transparente y que el comportamiento de todos los actores políticos, la ciudadanía y los árbitros electorales esté a la altura de las circunstancias.
Nuestra esperanza es que República Dominicana siga siendo un modelo de democracia electoral cada día más transparente y justa, verdadero oasis en la región, pero, sobre todo, que las autoridades electas lleven a cabo efectivamente todos los programas prometidos a la ciudadanía, de modo que el país siga avanzando por los senderos del progreso material, la justicia social y el respeto de los derechos.