Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El crecimiento económico y la distribución de la riqueza y del ingreso se ubican en el corazón de algunos debates de la historia económica de nuestro país y nuestra región. La persistencia y aún el agravamiento de las desigualdades entre los distintos sectores y regiones no hace sino más urgente la búsqueda de respuestas sobre estos problemas. Los estudios de este tipo son casi inexistentes para República Dominicana, a pesar de que nuestra economía ha vivido un proceso de expansión económica notable, en las últimas décadas. Los trabajos que se han intentado poner en ejecución insistieron, en general, en la creciente desigualdad, tomando como eje demostrativo la disparidad en la distribución de la propiedad de la tierra. Sin embargo, no han tenido en cuenta que la tierra no era el único ni quizás el mejor indicador a considerar.
Durante el año de la Pandemia de la Covid-19 se observa un aumento de las tasas de pobreza monetaria. La tasa de pobreza monetaria general pasó de 21.0% en 2019 a 23.4% en 2020. Esto implicó, en términos absolutos, que 268,515 dominicanos cayeron en la pobreza general. El porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema presentó un incremento de 2.7% en 2019, a 3.5% en 2020. El impacto en la pobreza monetaria sería mayor de no poner en marcha los programas sociales, los cuales fueron extendidos e incluso ampliados. Estos programas han mitigado la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables y han evitado que más personas cayeran en la pobreza extrema.
En la actualidad vemos como el Gobierno Dominicano ha enfatizado el crecimiento de esos programas sociales, que pretenden mitigar el riesgo de que más dominicanos caigan bajo la línea de pobreza monetaria, así como que, se han implementado programas de titulación de tierras y se han anunciado, más no implementado, un programa de construcción de viviendas de bajo costo, para intentar hacer una mejor distribución de la riqueza y del ingreso monetario. Sin embargo, si observamos acciones similares, implementadas en el pasado y otras como la Reforma Agraria, podremos notar que los resultados a mediano y largo plazo son insuficientes y, que más que una adecuada distribución, lo que ha permitido es que tierras que antes eran ocupadas y cultivadas por los campesinos de las zonas rurales, hoy que fueron tituladas, puedan ser adquiridas por los que más tienen y desplacen a esos campesinos, que ya sin tierras se desplazan a zonas urbanas y se instalen en los cinturones de pobreza de nuestras ciudades. En ningún caso nos opondríamos a estas loables iniciativas, sin embargo, exhortamos a nuestras autoridades a que copiemos las acciones de otras naciones, que sí han logrado reducir su pobreza y reducir la desigualdad.
La educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud y lograr la paz y la estabilidad. Además de generar rendimientos elevados y constantes en términos del ingreso, constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. Y es aquí donde nuestras autoridades han fracasado, pues a pesar de que por ley el 4% del PIB debe ser invertido en la Educación, nuestro gobierno ha sido incapaz de implementar una adecuada inversión en educación, que permita mejorar las paupérrimas condiciones de las escuelas, mejorar la capacidad de nuestros maestros y con esto mejorar la calidad de la educación.
La Educación, a nivel de las personas: promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza. A nivel mundial: los ingresos por hora aumentan un 10 % por cada año adicional de escolarización. A nivel de las sociedades: contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social. Además, permite que empresas de Tecnología Intensiva consideren oportuno el invertir en nuestro país.
No quiero concluir este artículo sin señalar que uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar, para poder invertir adecuadamente en el desarrollo cognitivo de nuestros niños/as dominicanos, es el acelerado crecimiento poblacional, fruto de una inmigración ilegal de ciudadanos y niños/as que ocupan los espacios propios de nuestra niñez y consumen nuestro presupuesto, además de tener mucho menos nivel académico e incluso con dificultad de aprendizaje, producto de una desnutrición que influencia en el desarrollo cognitivo de los niños/as, de esa población de inmigrantes.