El revocado anuncio del gobierno de tocar fondos presupuestarios asignados a la educación revive o mantiene el debate del uso de los recursos dispuestos para el Ministerio de Educación. Efectivamente, luego proponer reducir más de 4,000 millones de pesos de la asignación presupuestaria para educación, ante el reclamo de diversos sectores ligados a la educación, como el Foro Socioeducativo y los grupos del “4 por ciento para la educación”, el gobierno declinó la transferencia de dichos recursos para otros proyectos y programas que bien pueden ser prioritarios del gobierno y para el país.
La transferencia de recursos de un ministerio a otro no es un hecho nuevo. Sin juzgar lo bueno o lo malo de tal medida, de hecho siempre ha ocurrido. Pero, lo cierto es que si no se ejecutan determinadas partidas presupuestarias, por incapacidad de la gestión o por situaciones que escapan a los gestores públicos, la Constitución prevé la posibilidad de la modificación presupuestaria.
De ahi que, de entrada, no es un pecado constitucional transferir partidas de un ministerio a otro. La Constitución prevé, en efecto, la inclusión de nuevas partidas y la modificación de la Ley de Presupuesto General del Estado y con ello el traslado de recursos presupuestarios de una institución a otra.
Para hacerlo la Carta Sustantiva establece que tiene que ser mediante una ley, por una mayoría calificada, de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara legislativa (art. 234 CR) y siempre que la referida modificación sea anterior al primero de octubre de cada año. En caso de que la propuesta de modificación presupuestaria se presente con posterioridad a esta fecha, se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la matrícula de cada cámara -más de la mitad de los senadores y de los diputados- (art. 235 CR).
Ahora bien, luego de tantas luchas ciudadanas libradas para lograr que se cumpliera la Ley Orgánica de Educación, núm. 66-97, que dispone el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, parecería un contrasentido histórico y una paradoja discursiva, política y práctica disminuir los recursos asignados cuando la propia Constitución (art. 63) y la ley establecen que la educación es un derecho fundamental, permanente e irrenunciable del ser humano.
El cuestionamiento al uso de los fondos de educación no puede constituirse en un freno a la apuesta para una mejor educación, que tiene entre sus elementos gravitantes, los recursos económicos. Debemos sí abrir espacios de discusión amplios, técnicos, políticos y ciudadanos para ver y determinar si se está invirtiendo lo necesario en la formación docente, problema capital de nuestra educación; en educación primaria y secundaria; en mejoramiento y mantenimiento de los espacios educativos y en nuevas, consolidadas y expansivas estrategias educativas.
Si la educación es uno de temas más importantes en la formación de la sociedad, ese ideal no puede disminuir ni decaer. El ministro de educación y su equipo como el gobierno todo deben asumir en la práctica, sin aspavientos; pero manteniendo la transparencia en el uso de los recursos, el objetivo de alcanzar los niveles educativos que nos pueden garantizar el paso del subdesarrollo al desarrollo.
Lejanos estamos aún de países latinoamericanos -para no ir a los países más desarrollados- que, aún con sus problemas, han apostado mayores recursos a la educación que los nuestros. Es el caso de Costa Rica que, aunque ha bajado la inversión que llegó a más del 7%, supera el 6% del PIB de inversión educativa; Brasil y Argentina alrededor de un 6%, México alrededor de un 5% y Colombia un 4.%, aproximadamente.
Cuando se habla de un porcentaje del PIB para educación y este es cada vez mayor ello significa que tenemos más posibilidades de mejorar nuestras políticas públicas y estrategias educativas, con fuerte y robusta incidencia en nuestro desarrollo.
Debe recordarse que los derechos fundamentales, como el de la educación, son progresivos, por lo que el Estado debe garantizar el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, para lo cual será necesario tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, con eficacia y eficiencia y que no entrañen retroceso alguno.
Una vez hemos tomado en serio el derecho a la educación, la práctica y gestión administrativa no puede desdecir del lugar que se le ha dado, de ahí que deben mantenerse las políticas de inversiones para tener un profesorado capacitado para la primaria y la secundaria, desde la infancia hasta la adultez, bases fundamentales para la formación de una sociedad plural, tolerante y cohesionada.