La placidez política poselectoral aparenta una “calma china”. Como es costumbre, los partidos de la oposición se han replegado a posiciones poco beligerantes. Eso supone que la batahola de las campañas proselitistas ha fatigado al electorado. En esta apacible coyuntura, tanto el presidente Abinader como el CONEP han propuesto una gran concertación para efectuar reformas que catapulten el desarrollo. Le toca ahora a la oposición refrendar su patriotismo haciendo posible los acuerdos viables.
Los proponentes de las reformas pretenden metas muy ambiciosas. El presidente aspira a que se adopten 12 reformas que abarcan un gran abanico de cambios necesarios. Mientras, el CONEP va más allá y pide un Pacto de Nación a 20-30 años que encamine al país hacia un desarrollo seguro. Sin embargo, puesto que el CES no pudo completar los acuerdos de las 13 reformas planteadas por el presidente en el 2020 y ya que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 no se ha cumplido, sería más realista adoptar unos alcances más modestos.
Por supuesto, sin el concurso y el pleno respaldo de los dos principales partidos de la oposición (PLD, FP) ningún acuerdo importante sería posible.
A pesar de la mayoría congresual del partido de gobierno y de que la elite empresarial apoye militantemente los posibles acuerdos, la oposición puede “incidentar” el diálogo hasta que logre paralizarlo. No hay que olvidar que los dos partidos mayoritarios de la oposición concitaron un 40% de los votos de los recientes comicios presidenciales y eso les garantiza un oído alerta de la población.
Además, los partidos constituyen el armazón jurídico y de facto del poder político y, en consecuencia, su visto bueno y apoyo a las políticas públicas es crucial. Si bien la coincidencia entre el presidente y el CONEP sugiere que la coyuntura política es propicia para las reformas, no contar con el apoyo de los partidos de oposición podría descarrilar el proceso. Ellos deben ser los protagonistas de las políticas públicas y no pueden marginarse aun cuando las pretensiones del presidente y el sector empresarial cuenten con la homologación de la sociedad civil y los grupos populares.
El presidente ha señalado la necesidad de una reforma constitucional para limitar a dos periodos la gestión presidencial y para independizar al Ministerio Publico. "Quién se puede oponer a poner un candado a la Constitución para que ningún presidente que tenga el poder que tenemos ahora quiera cambiar los términos de elección, nadie que ame la democracia puede oponerse a esos cambios en la Constitución".
Por otro lado, en una comparecencia ante la cúpula del CONEP, Abinader subrayó que el país tiene pendiente una reforma fiscal, sobre la cual varios economistas han señalado que este es el momento para ello. “Pero, al mismo tiempo, persisten deudas sociales y marcadas desigualdades, un deficiente sistema sanitario, a lo que se suma la expansión de la economía informal, mientras la pobreza monetaria general se ubica en el 23,0 % y la extrema en el 3,2 %.”
Ahí están también otras reformas pendientes. La reforma policial está en curso, pero no podrá terminarse de un año para otro, especialmente si no se añaden los 8,000 nuevos agentes que el presidente ha definido como faltantes. Otras reformas incluyen la del Sistema de Seguridad Social y los nuevos códigos Laboral y Penal, amén de las reformas a la educación y la salud. En conjunto, el paquete de reformas pendientes es demasiado amplio para ser manejable en el corto y mediano plazos, y más si los plazos sobrepasan el periodo de la próxima gestión presidencial.
Procede entonces exhortar a los dos partidos mayoritarios de la oposición (PLD, FP) a comprometerse con el diálogo y el apoyo a por lo menos la más importante reforma. En vista de que la mayoría de los economistas reconocen la necesidad imperiosa de una reforma fiscal, y en vista de que la misma es la más compleja y álgida, lo más sensato seria que ese diálogo se limitara a un acuerdo sobre la reforma fiscal. Para unos pocos economistas bastaría con aplicar uno o dos de sus componentes principales para satisfacer las necesidades tributarias. Los que quieren una reforma integral, sin embargo, son la mayoría.
A cualquier observador partidario le quedara claro que la reforma fiscal beneficiara a todos. Si solo se reduce o elimina el déficit fiscal y se logra parar el creciente endeudamiento externo, la nación entera gana. (Si a eso añadimos la venta de las Edes los beneficios serian mayores.) Si bien una mayor recaudación tributaria y un aumento de los gastos de inversión beneficiarían al gobierno de turno, tal vez en desmedro de las posibilidades electorales de la oposición, deberá recordarse que la no repostulación del presidente Abinader contrarresta esa desventaja. Y si la aplicación de la reforma se prolonga durante el periodo de gobierno la erosión de las simpatías electorales de los partidos seria todavía menor.
Limitar la concertación partidaria a la reforma fiscal tiene mucho sentido. Sería una muestra de madurez política que proyectaría una imagen de la oposición opuesta a la dureza pétrea que tradicionalmente adoptan los partidos de oposición. Seria también una palpable muestra de patriotismo para impulsar el bienestar general de la población. Dejar el resto de las reformas en manos del gobierno les equilibra la carga y reta a las autoridades a buscarle la vuelta al bulto restante. Negarse a esta histórica concertación incurriría en el justo encono de la sociedad civil en pleno.