La deuda pública dominicana es un tema crítico que requiere una gestión cuidadosa por parte del gobierno para garantizar la estabilidad financiera del país. En la última década, la deuda dominicana ha experimentado un aumento significativo, impulsada principalmente por el financiamiento de proyectos de infraestructura y programas sociales, que han provocado un déficit fiscal.
Es crucial analizar tanto el nivel absoluto de la deuda como su sostenibilidad en relación con el producto interno bruto (PIB) y los ingresos del gobierno. Un endeudamiento excesivo puede comprometer la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras en el futuro. En la cultura política dominicana, el endeudamiento ha sido utilizado de manera indiscriminada para cumplir con diferentes obligaciones político-electorales.
Siguiendo la línea de la austeridad electoral, esta que dicta que los gobiernos tienden a optar por medidas de austeridad a inicios de sus respectivos mandatos para así acaparar recursos que se han de utilizar previo a las elecciones. Esto funciona debido a que los votantes, y muy a menudo los dominicanos, tienden a olvidar con facilidad y a perdonar aun con mayor frecuencia. Los sucesos del pasado no tienden a interferir de manera negativa; y de manera reincidente los gobernantes toman esto en cuenta. Las ciencias políticas analizan que el elector decide su voto con meses de antelación a las elecciones, aproximadamente. Por lo cual, los gobiernos, en busca de la reelección, a los inicios de sus mandatos, no toman decisiones ni efectúan cambios trascendentales, ya que, a estos no se les saca la misma rentabilidad electoral. Las iniciativas como las reformas fiscales — si es en caso de una disminución del gravamen a las personas físicas–, inauguración de obras infraestructurales puntuales, ampliación de programas sociales y aumento del gasto público son a menudo implementadas en vísperas de las elecciones en las cuales el presidente de turno, busca la reelección. Esto es debido a que estas políticas generan un impacto positivo inmediato en la percepción pública, lo que le permite al candidato capitalizar políticamente estos logros.
En los últimos tiempos se ha venido discutiendo en el pais la necesidad de una reforma fiscal capaz de reducir o mitigar el déficit. Esta se ha ido aplazando debido a su alto coste político-electoral. Por consiguiente, cualquier posible reforma fiscal, se llevará a cabo a inicio de un nuevo gobierno.
Una reforma fiscal, en cuanto a su definición literal, es un conjunto de cambios o ajustes realizados en el sistema tributario de un país. Dicho de otra manera, es un procedimiento que realiza un gobierno para recaudar ingresos fiscales (impuestos) de los individuos, empresas y otras entidades tributarias.
El sistema tributario es el principal recurso que utilizan los estados para financiar el gasto público. Es por esto, que en momentos en los que el gasto supera los ingresos, como en el que se encuentra actualmente el Estado dominicano, una reforma fiscal es la primera solución que se toma en cuenta.
Es fundamental que el Gobierno dominicano implemente políticas fiscales prudentes y transparentes para gestionar la deuda de manera responsable.
El Estado dominicano se ha caracterizado por su poca efectividad a la hora de generar ingresos. Esto es provocado por la corrupción, la falta de capacidad administrativa, la evasión fiscal y, principalmente, la informalidad del trabajo que arropa la mayoría de la población del territorio nacional. Este fenómeno reduce la base impositiva y dificulta la recaudación de impuestos.
Es evidente que, debido a esta poca efectividad, el déficit fiscal es gravemente afectado. No caben dudas de que, para el buen funcionamiento del Estado dominicano, es urgente una reforma fiscal, capaz de reducir el déficit para poder cumplir con la necesidad de financiación de infraestructuras, cuyas principales demandas, que tenemos como nación, son la educación, la salud y la seguridad. Pero también es de suma importancia que esta reforma esté enfocada en la estimulación del crecimiento económico y la protección de nuestra ciudadanía.
La clase media en nuestro país ocupa el 70% de la población y es considerada la más poderosa de Centroamérica y el Caribe, por su capacidad de obtener bienes y servicios. Esto es un logro que ha costado mucho sacrificio y esfuerzo, que debe ser preservado. El principal foco de la inminente reforma fiscal debe ser proteger a todas esas familias de clase media, que representan la mayoría del país. Una reforma fiscal que aumente la carga impositiva hacia las familias más vulnerables sería una solución trágica e innecesaria.
A través de una estructura fiscal bien realizada y eficiente se podría incentivar la competitividad y atraer más inversión extranjera, lo cual promovería el desarrollo empresarial, y en última instancia, aumentaría la recaudación de impuestos.
En el caso de nuestra Nación, particular, pero no exclusivamente, hay un factor muy importante a tomar en cuenta, y ese es el clientelismo, o lo que en ciencias políticas, se le denomina “la búsqueda de rentas”. Este fenómeno, resultado de la poca transparencia, permite a los entes políticos, si están en el poder, utilizar los recursos del Estado para obtener respaldo en las elecciones. Y, en yuxtaposición, dado que los gobernantes gozan de todo el presupuesto nacional a su disposición, la oposición, sin otra alternativa, se refugia en recursos de dudosa procedencia para financiar sus campañas. Cabe resaltar que este fenómeno ocurre en todos los países del mundo, sin excepción alguna, con mayor o menor incidencia. Pero en República Dominicana, el clientelismo, ha sido un flagelo grave, ya que se manifiesta con desfachatez y sin remordimiento alguno. En nuestro país, se ha generalizado el término “buscar los cuartos” y se ha formalizado como una “necesidad”, si algún individuo quiere optar seriamente por alguna posición electoral. Esto es debido a la cultura paternalista y la falta de instituciones políticas fuertes.
Cabe destacar que el clientelismo anteriormente mencionado no se trata exclusivamente de la transferencia de billetes de un lado hacia otro. Ciertas políticas públicas recaen en el renglón de clientelares cuando son transferencias a un grupo específico de la población, con el objetivo de, a través de esta transferencia, “comprar su voluntad”. Ha sido costumbre en los últimos años ver como se implementan políticas sociales innecesarias como, por ejemplo, el reciente Bono Supérate, que significó un malgasto de 1,350 millones de pesos al otorgarles mil pírricos pesos a familias “necesitadas”. Medidas como estas lo único que logran es aumentar el déficit.
Debido a esta cultura clientelar, los gobernantes son capaces de utilizar cualquier tipo de mecanismo para mantenerse y perpetuarse en el poder, inclusive con la toma inescrupulosa de préstamos, que aumentan el déficit fiscal. En los últimos años este déficit se ha multiplicado y ha llegado al nivel en el que nos encontramos ahora, en el cual la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) representa ya casi el 50% del PIB. Es decir, de cada 10 pesos que ingresan a las arcas del Estado, de manera obligatoria ya se deben 5 pesos. Lo que significa que esos 10 pesos marginalmente son únicamente utilizables por el estado la mitad. Estos son más de US$55 mil millones en deuda. Para tener un contexto, la deuda en 2005 alcanzaba apenas los US$5 mil millones.
Esta deuda, que incrementa indiscriminadamente, ya sea por mala gestión de los gobernantes, debido a la débil financiación del Estado o a los déficits fiscales, necesita de una atención categórica. De lo contrario, alcanzaremos niveles de déficits parecidos a los que han llegado países vecinos como Argentina, Venezuela o Uruguay.
Es fundamental que el Gobierno dominicano implemente políticas fiscales prudentes y transparentes para gestionar la deuda de manera responsable. Esto podría implicar la diversificación de las fuentes de financiamiento, la optimización del gasto público, la mejora de la recaudación de impuestos y la búsqueda de estrategias para reducir los costos financieros asociados con la deuda.
Además, es importante promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la deuda, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio del desarrollo económico y social del país. Una democracia saludable sería una herramienta fundamental para el buen manejo de la deuda, ya que obligaría a esta a rendir cuentas, y significaría un mayor obstáculo para lo que hoy es una herramienta de vía libre. Por ejemplo, un poder ejecutivo con una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas no tiene ningún tipo de impedimento para realizar lo que se le venga en gana en materia de política fiscal y de endeudamiento.
Es por todo lo antes dicho, que es ineludible la participación activa de la ciudadanía, para que pueda fungir como ojo visor y como el centinela de su propio destino. Como dijo el general, el independentista venezolano, Francisco de Miranda: “La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos”. Solo la unidad de un pueblo movido por la determinación de perpetuar su libertad es capaz de lograr la grandeza de su Nación. Esto es posible únicamente a través de la educación, que es el único y verdadero camino hacia una libertad verdadera, próspera e indestructible. Y esto será factible cuando el pueblo logre su emancipación financiera. Porque un pueblo con hambre es un pueblo que no piensa.