Esta semana la Cámara de Diputados del Congreso de México, compuesta por unos 500 diputados, aprobó una controversial reforma electoral. Esta reforma por empezar elimina, limita y reduce las competencias del Instituto Nacional Electoral (INE) y las de más órganos electorales de control.
Entendidos en la materia establecen claramente que esa reforma contradice la disposición del artículo uno de la Constitución mexicana y que la suerte sobre ese proyecto está echada, sobre todo, porque al pasar a la Cámara de Senadores pudiera confirmarse quedando solo la vía constitucional, por ante la Suprema Corte de Justicia de México. –El argumento las elecciones son muy caras-.
Si examinamos las estadísticas entre los años 2014-2022 podemos verificar que el INE ha instalado 760,000 mil casillas de votación (Colegios Electorales), para unos 300 grande distritos. En esos Colegios Electorales se han depositado 320 millones de votos de los ciudadanos mexicanos; esto se traduce en una renovación pacífica del mandato de más de 40,000 cargos de regidores, síndicos, gobernadores, directores, diputados, senadores y el presidente de la República.
Para agilizar el proceso de conteo de los votos, el INE tiene tres medios: primero el conteo rápido, que es el cálculo matemático aleatorio de la suma de la casilla al azar para estimar la tendencia de la elección; esto permite conocer la proyección la misma noche.
El otro método es el programa de resultados electorales preliminares, el PRED, que se alimenta del cómputo de las actas y se puede consultar en Internet al cerrar todas los colegios. El tercero es el cómputo distrital, que es la suma de las actas de todas las casillas y esto arroja los resultados definitivos y se realizan días posteriores.
El actual Gobierno de México es el resultado de la autoridad, la competencia, la eficiencia y la transparencia del INE, cuyos resultados se pueden transparentar de la manera siguiente: Morena, de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, en las elecciones del 2018 sacó 52.9%. José Antonio Maede, en alianza con el Partido Verde, el PRI, obtuvo un 16.4% . Ricardo Anaya Cortés ,del PAN en alianza con el PRD, logró un 22.4% y Jaime Rodríguez Calderón un 5.1%. En el conteo rápido la tasa de desviación fue de menos el 1%. El INE fue el que validó todos esos resultados, incuestionables e inobjetables.
Pero el fondo del problema no es la mera tramitación de la reforma, es la eliminación de competencia, es la eliminación de estructuras, la disminución de competencias para realizar un proceso transparente y democrático.
Se están eliminando los órganos de control como transparencia, fiscalización, el sistema administrativo sancionador administrativo, la recepción de las quejas en contra de la violencia política. Además, se está dejando por la libre a los candidatos para las violaciones de los topes financieros.
La conducta hacia los órganos electorales en América Latina es clara en cuento a reducir los presupuestos, reducción personal, obligando a improvisar con lugareños y recién llegados, sin tomar en cuenta que los procesos electorales se dirigen por profesionales de diversas áreas y deben ser eficientes.
Hoy en día no podemos pensar que las democracias electorales son algo barato. En realidad la democracia como sistema tiene un costo político, tiene un costo económico. Sin embargo, la reflexión de fondo es la siguiente: ¿cuánto vale la democracia y cuánto cuesta el autoritarismo?.
Si hacemos un balance, los autoritarismos políticos al final resultan más perniciosos a las sociedades porque implican la pérdida de vidas, el desarraigo de las familias, la pérdida de la libertades, del ejercicio del voto y de la libertad de expresión.
Al final, las inversiones en la democracia son inversiones para una sociedad mejor, para un futuro cierto y para una convivencia pacífica.