La crisis bancaria es un término de moda entre comentaristas de noticia norteamericanos, luego que las autoridades monetarias de Estados Unidos (EE. UU.) intervinieran el Silicon Valley Bank (SVB) en el Estado de California. Este evento nos recuerda que hace catorce años esas mismas autoridades se enfrentaron a la crisis bancaria del 2007-09, mejor conocida somo la crisis de las hipotecas subprime, y se esperaba que los resguardos regulatorios retardarían otra crisis similar.
A pesar de las nuevas medidas regulatorias del 2008, que fueron flexibilizadas por la Administración de Donald J. Trump, ocurrió otra crisis bancaria. Martin Wolf, comentarista jefe del Financial Times (FT) de Londres, (FT, 21/3/23), afirma que “los bancos están diseñados para fracasar”. Esta afirmación de Wolf es compartida por el ex tesorero de los EE.UU., el reconocido economista norteamericano Larry Summers, quien afirma que “los bancos toman dinero prestado a corto plazo” (depósitos del público) y lo prestan a largo plazo, lo que encierra un riesgo financiero. De aquí que, la supervisión bancaria puede advertir estos peligros financieros y permitir que se tomen medidas para remediar sus efectos negativos.
Por esa razón, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, durante la administración de Franklyn Roosevelt en 1933, la Ley Glass-Steagall, que separó las actividades de los bancos comerciales de las realizadas por los bancos de inversión. Según el presidente Roosevelt, esta ley pretendía restaurar la confianza en el sistema bancario mediante una regulación y supervisión adecuadas luego de la crisis financiera de 1929, conocida como la Gran Depresión, durante la cual alrededor un tercio de los bancos americanos quebraron (unos 11,000 bancos). Esta ley fue diseñada para evitar el uso indebido de depósitos bancarios en operaciones especulativas, lo que justamente ha provocado las crisis bancarias recientes.
En noviembre de 1999, el presidente Bill Clinton, declaró que la Ley Glass-Steagall ya no era apropiada y la sustituyó por otra Ley denominada Gramm-Leach-Billey. Lo que significó que, a partir de ese año, los depósitos en los bancos podían utilizarse en operaciones especulativas. Algunos economistas norteamericanos, entre ellos Joseph Stiglitz, afirmaron que la crisis financiera del 2008 tiene relación con la eliminación de la Ley Glass-Steagall. Esta crisis financiera, advertida con antelación por el economista Nouriel Roubini, tiene su origen de acuerdo con Roubini al logro de la meta de un 2% de tasa de interés, pero que con el nivel de deuda acumulada en los mercados financieros se produciría una caída de los mismos a su nivel más bajo; desafortunadamente las advertencias resultaron inútiles.
Las autoridades financieras adoptaron medidas para evitar que en el futuro se produzcan problemas similares en el sistema financiero. El Congreso de los EE. UU. aprobó dos paquetes de reformas para enfrentar futuras crisis financieras. Por un lado, la Ley de Dodd-Frank Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor y, por el otro, la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, la cual creó el Programa de Alivio de los Activos con Problemas para combatir la crisis financiera del 2008 con la sustitución de los activos tóxicos por efectivo proveniente de la FED. La primera de estas reformas intenta prevenir, entre otros elementos, la ocurrencia de créditos predatorios por parte de los bancos y el segundo pretende contribuir a que los prestatarios entiendan el contenido de un contrato de préstamo, particularmente el hipotecario, y con esto lograr cierta protección de los usuarios (consumidores) del crédito bancario.
Pero la eficiencia del sector financiero prefiere evitar la supervisión y tener la oportunidad de recurrir al beneplácito que produce la ayuda financiera de las autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero, quienes intervienen y rescatan de sus dificultades de liquidez o solvencia a la banca, preservando con recursos del erario las ganancias de quienes provocan las crisis bancarias. Estos rescates financieros siempre han tenido un altísimo costo social.
Lo más curioso es que estos episodios de crisis financieras han ocurrido en las mismas narices de los reguladores y supervisores bancarios y para remediarlo los economistas neoliberales y libertarios que, desechan la solución del mercado (la quiebra de los banqueros ineficientes), ruegan la intervención estatal para evitar los fracasos de la eficiencia financiera privada, o dicho de manera, tal vez más correcta, para garantizar sus beneficios y que la pérdida sea de los depositantes.
Es justo señalar que la crisis por las operaciones hipotecarias (subprime) del 2008 y la compra significativa de bonos del SVB son operaciones con riesgos diferentes, aunque comparten la misma debilidad de las autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero en EE. UU. El problema de las hipotecas subprime se originó en un largo período en el que predominaron bajas tasas de interés, lo que fue aprovechado por los banqueros para colocar grandes cantidades de recursos para financiar hipotecas, sin prever que ese período de altas tasas de interés terminaría y que tendría efectos negativos sobre la capacidad de pago de los préstamos hipotecarios. Las crisis económicas han acompañado siempre a las actividades productivas de la humanidad, especialmente desde mediados del siglo XIX.
En cambio, el SVB aceptó billones de dólares de las firmas tecnológicas y, al mismo tiempo, tenía dificultades para prestarles a esas mismas firmas. De manera que, para pagar los rendimientos de esos depósitos, el SVB los invirtió en bonos de largo plazo con un buen rendimiento. Sus dificultades se iniciaron cuando la Reserva Federal (FED) de EE. UU. incrementó sus tasas de interés para combatir la inflación; este aumento redujo el precio de los bonos en los que había invertido el SVB, y al actualizar sus registros contables del valor de sus bonos (Mark-to-Market), contabilizó una pérdida (caída de sus precios) de las inversiones del banco que, evidentemente afectaría la liquidez y la confianza de los depositantes, desatando retiros masivos de depósitos. Sin la intervención de la FED en el SVB las dificultades de liquidez iniciales se hubiesen convertido en un problema de solvencia bancaria.
El deterioro de las instituciones que sirven de plataforma a las economías de mercado ha recorrido un camino similar, independientemente del nivel de desarrollo. La FED tiene registros de las operaciones que realizó el SVB, aunque no actuara con prontitud para resolver el problema. En República Dominicana, por el contrario, existe el secretismo oficial en el sector bancario, no solamente de los depositantes sino también de las operaciones bancarias. Tiene protección constitucional; es decir, que la valoración de las autoridades supervisoras del valor de los títulos se desconoce; de la misma manera ocurre con las licencias regulatorias que tiene la banca dominicana para la constitución de su capital. No se sabe del esfuerzo de los accionistas de los bancos para cumplir con la normativa y, obviamente, sus funcionarios no están a la altura de las necesidades que exige una economía de mercado.
Justamente aquí reside la gran diferencia institucional entre la democracia de EE. UU. y la nuestra. Mientras los funcionarios públicos del Tesoro (Janet Yellen) y de la Reserva Federal (Jerome Powell) asisten al Congreso para ser examinados públicamente para ser confirmados en sus puestos por los senadores y diputados a través de un proceso que determina la pertinencia de la selección presidencial; el presidente dominicano nombra autocráticamente los miembros de su gabinete considerando exclusivamente las propuestas de la cúpula empresarial que apoyaron financieramente su candidatura presidencial en los ministerios de su interés. No hay méritos ni académicos ni de desempeño. La clave es que se necesitan jóvenes de buena familia, dispuestos a colaborar con la agenda de sus patrocinadores.