Aun cuando los jefes de Estado y de Gobierno son quienes están bajo el foco de atención en estos encuentros, el proceso de cumbre también involucra a directivos de múltiples organizaciones internacionales que van desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pasando por organismos que trabajan en temas tan diversos como economía, salud y desarrollo. La sociedad civil, las empresas y sectores de la población históricamente marginados también participan a través de otros mecanismos previstos en el marco de la cumbre. Este año, el Departamento de Estado organizó tres foros específicos para algunos de estos sectores de la población: el noveno Foro de la Sociedad Civil, la cuarta Cumbre de CEO de las Américas y el sexto Foro de Jóvenes de las Américas. Estos foros oficiales, tal como fue explicado en la Convocatoria: “son mecanismos críticos para asegurar la acción y rendición de cuentas”. Así, de los mandatos que emanan de las Cumbres se definen las directrices para la acción colectiva en la región.
La Séptima Cumbre de las Américas fue celebrada en la ciudad de Panamá los días 10 y 11 de abril de 2015, donde los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas abordaron el tema central con el lema “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas”, en el que se discutieron varios subtemas, entre ellos educación, salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática, entre otros. La Cumbre, que se realiza cada tres o cuatro años, ofrece la oportunidad a los países de definir conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborde los desafíos urgentes e impulse un cambio positivo.
La Octava Cumbre de las Américas se celebró, como ya se dijo en la primera entrega de este trabajo, en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril de 2018, bajo el lema “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”. El Perú, en su calidad de anfitrión, propuso como tema central de la Cumbre el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los Objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030, a la luz del andamiaje normativo internacional existente. A partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico, se sugirieron cursos de acción concretos para hacer frente a los problemas identificados. Se planteó el tratamiento de esta temática desde tres ejes diferenciados: 1) Gobernabilidad democrática y corrupción; 2) Corrupción y desarrollo sostenible; y 3) Cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas. A diferencia de Cumbres pasadas, donde las Declaraciones cubrieron diversos temas, el Compromiso de Lima se centró principalmente en un solo tema: anticorrupción. El cual fue aprobado por consenso por los jefes de Estado y de Gobierno.
El Compromiso de Lima, que consta de 57 párrafos, hace un llamado a los Estados Miembros para reducir la burocracia, fortalecer la independencia judicial, aumentar la transparencia mediante el uso de nuevas tecnologías, fomentar la participación del sector privado en la formulación de políticas públicas anticorrupción, así como proteger a los informantes, periodistas y funcionarios involucrados en hacer cumplir la ley. El Compromiso de Lima, también compromete a trabajar en prevenir que los sistemas financieros regionales puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos ilícitos; asicomo, identificar recursos para fortalecer los mecanismos hemisféricos anticorrupción. En este sentido, el presidente del Perú expresó: “La corrupción ha postergado el desarrollo de nuestros pueblos durante décadas. Mientras esto sucede, nuestros gobiernos siguen sin poder resolver problemas como la delincuencia y la informalidad. No debemos convivir con la corrupción como si fuese algo inevitable. Adoptaremos acciones concretas para incrementar la transparencia y el acceso a la información, así como para potenciar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental, consolidar la libertad de expresión y la protección de los informantes”.