La democracia contemporánea enfrenta múltiples desafíos en un contexto globalizado, donde factores como el neoliberalismo y la financiarización de la economía han moldeado a los partidos políticos y las prácticas democráticas a nivel mundial. Uno de los principales indicadores de esta transformación es la difuminación de la identidad ideológica de los partidos y el incremento exponencial de los costos de participación política, especialmente en países en vías de desarrollo como la República Dominicana.
Neoliberalismo y financiarización de la economía
Desde la década de los ochenta, la adopción generalizada de políticas neoliberales ha conducido al incremento de la desigualdad económica, a la concentración del poder en manos de unos pocos y a la subordinación de la política a los intereses económicos. Este fenómeno ha llevado a una financiarización de la economía que ha afectado a los partidos políticos, convirtiéndolos en maquinarias electorales, en las que el poder económico dicta las condiciones de participación política.
Costos de la participación política
En la República Dominicana, los costos de participar en elecciones se han ido incrementando con el paso del tiempo. Estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE) revelan un aumento en los gastos electorales desde 2000 hasta la fecha. En promedio, el costo de las campañas electorales en el país ha crecido un 200% en las últimas dos décadas, tomando en cuenta rubros como publicidad, transporte, logística y eventos.
Por ejemplo, en las elecciones generales de 2000, se estima que los partidos políticos dominicanos gastaron alrededor de $40 millones de dólares en sus campañas. Hacia las elecciones de 2016, el gasto acumulado en campañas políticas alcanzó aproximadamente los $120 millones de dólares, representando un incremento del 300% en tan solo 16 años.
Impacto en la democracia
Este crecimiento exponencial en el costo de la participación política ha implicado una mayor dificultad para que nuevos actores entren en la arena política, limitando la diversidad y la representatividad en las instituciones democráticas. Además, la falta de identidad ideológica de los partidos políticos y la supeditación a intereses económicos han generado un aumento en la desconfianza por parte de los ciudadanos y han erosionado las bases de la democracia.
Soluciones posibles
Para enfrentar estos retos, es necesario implementar medidas que limiten el peso del financiamiento en las campañas electorales y que promuevan la sana competencia entre partidos políticos. Estas pueden incluir:
- Establecer límites al gasto en campañas electorales: controlar de manera transparente y eficaz el financiamiento de las campañas permitirá reducir el peso de los intereses económicos en los partidos políticos.
- Fomentar la participación ciudadana: impulsar la formación política y la educación ciudadana es esencial para lograr una democracia más sana y directa.
- Promover la transparencia: exigir la rendición de cuentas y la transparencia de los partidos políticos fomenta la confianza en las instituciones democráticas y permite una mejor fiscalización por parte de la ciudadanía.
Participación política de sectores populares
La falta de participación de los sectores populares mayoritarios en la toma de decisiones de políticas públicas en la República Dominicana es un fenómeno preocupante que pone en jaque la consolidación de la democracia en el país. El proceso de toma de decisiones suele estar dominado por grupos de interés o élites políticas y económicas, lo que sitúa a los sectores populares en una posición de marginalidad y exclusión.
En primer lugar, es esencial comprender que la República Dominicana cuenta con un rico mosaico de sectores populares conformados por trabajadores, agricultores, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, entre otros. Estos grupos, a pesar de ser mayoritarios, no gozan de las mismas oportunidades ni recursos para influir en las decisiones gubernamentales.
Una de las razones principales de esta brecha es la estructura histórica y social que ha ido generando desigualdades. La herencia colonial y las diferentes etapas del desarrollo económico y político del país han conformado una configuración de poder muy concentrada en ciertos sectores. Esta realidad se traduce en una distribución desigual de la riqueza y en el acceso limitado a la educación, la salud y otros servicios básicos, lo que dificulta la inclusión de sectores populares en la toma de decisiones.
Además, la forma en que están estructurados los mecanismos de representación y participación política contribuye a esa exclusión. El sistema de partidos, la financiación de las campañas y la práctica del clientelismo son factores que favorecen la perpetuación de las estructuras de poder dominantes. Los sectores populares tienen dificultades para acceder a cargos de representación política y, por ende, para incidir en la formulación de políticas públicas.
Asimismo, existe una atomización de los movimientos sociales y organizaciones de base, lo que reduce su capacidad de influencia en la agenda pública. Esta fragmentación a menudo responde a la falta de recursos y al debilitamiento de las instituciones intermedias encargadas de canalizar las demandas y propuestas de estas comunidades.
En este contexto, resulta crucial abordar algunas acciones específicas que permitan revertir esta situación de exclusión y garantizar una mayor participación de los sectores populares en las decisiones gubernamentales:
- Reformar el sistema político y electoral, promoviendo una mayor transparencia en la financiación de las campañas, el fortalecimiento de los partidos políticos y la equidad en la representación de género y diversidad social.
- Desarrollar políticas públicas inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades y demandas de los sectores populares, otorgándoles la posibilidad de participar en la formulación, implementación y monitoreo de los programas y proyectos que los afectan.
- Establecer espacios de diálogo y consulta permanentes, como consejos comunales o mesas de concertación, que permitan a los ciudadanos y organizaciones de base aportar sus perspectivas en la toma de decisiones.
- Fomentar la educación ciudadana, fortaleciendo la formación en valores democráticos y la comprensión de las instituciones y procedimientos políticos, a fin de empoderar a los jóvenes y otros sectores populares en su papel como actores políticos.
En conclusión, la crisis de la democracia requiere acciones concretas que permitan revertir el impacto negativo del neoliberalismo y la financiarización de la economía en los partidos políticos y la calidad de la democracia en general. La lucha por una democracia más justa y equitativa es una tarea aún pendiente y debe ser una prioridad en la mayoría de países del mundo.
La inclusión de los sectores populares en la toma de decisiones es fundamental para la construcción de una democracia sólida en la República Dominicana, y requiere del compromiso de todos los actores involucrados: ciudadanos, políticos, académicos, y la comunidad internacional. Solo así se podrá garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en el país.