La credibilidad, entendida como la capacidad que tienen personas e instituciones para ser creídas, ha estado en entredicho desde hace bastante tiempo en nuestro país, como consecuencia del incumplimiento de los roles que deben jugar actores principales del quehacer nacional, quienes tienen en sus manos responsabilidades importantes en la vida pública y no cumplen con su deber, generando una gran desconfianza en la ciudadanía.

La Policía Nacional, la cual en este momento está sometida a una profunda reforma, desde hace tiempo se encuentra cuestionada y con un bajo índice de credibilidad, ocasionado por sus malas actuaciones, estado que le dará mucho trabajo revertir. En parecida situación se encuentran; las fuerzas de seguridad del Estado, el Poder Legislativo, los partidos políticos, los jueces, etc.

Este cuestionamiento y la escasa credibilidad que alcanzan los mencionados organismos no es más que el resultado de actuaciones que la sociedad considera incorrectas peligrosas, e inadmisibles.

En el caso de la Policía, el frecuente involucramiento de algunos de sus miembros en hechos delictivos y el turbio manejo de la institución, minaron la credibilidad de ese cuerpo del orden, colocando a quienes aquí vivimos, en la difícil encrucijada de decidir si confiar en la Policía, o protegerse uno mismo. Esperamos que la reforma que se lleva a cabo, dote a la República Dominicana de un cuerpo confiable y eficiente que verdaderamente proteja a la ciudadanía.

En el caso de la judicatura, está pone en tela de juicio su credibilidad, cada vez que de ella emanan sentencias cuestionables tanto desde el punto de vista jurídico como moral, debilitando su papel como los encargados de impartir justicia con la venda en los ojos y la balanza en la mano.

El Poder Legislativo, contribuye a su descrédito, cuando sus integrantes maniobran para acomodar leyes, aumentar los privilegios que ya tienen, involucrarse en negocios turbios, etc., estas acciones incrementan la pérdida de confianza en ese importante poder del Estado.

Los políticos y los partidos han perdido credibilidad de manera acelerada, al persistir en su proceder de repartirse los recursos públicos mediante nóminas injustificables, obras de cuestionable prioridad, y al sucumbir sin sonrojos en el estercolero de la corrupción.

Es preciso reconocer que se realizan esfuerzos para controlar esta práctica, pero los hechos indican que ese proceder está demasiado enraizado en la actividad política. Las causas de la situación descrita son muchas y su solución difícil, aunque no imposible si se tiene la voluntad de hacerlo.

Lo enumerado precedentemente, da vigencia a lo dicho por el político Romano Cicerón hace más de dos mil años:” El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, la ayuda a otros países debe ser eliminada para que Roma no vaya a la bancarrota”. Parece mentira, que después de haber pasado tanto tiempo estén vigentes las preocupaciones que tenía Cicerón.