Durante el gobierno de Ocupación militar (1916-1924) se realizaron numerosos cambios para el reordenamiento de la sociedad y el Estado que comportaron la creación de una red nacional de carreteras, la centralización del poder con la formación de un ejército moderno que luego adquirió primacía en la sociedad, la racionalización de las funciones burocráticas, la modernización de los partidos y fracciones políticas mediante las legislaciones de 1923 y 1924, entre otros.
Sin embargo, durante el gobierno de Horacio Vásquez se desarrollaron fuerzas sociales que obstruyeron el proceso de racionalización anterior y se fortalecieron grupos tradicionales, patrimonialistas y personalistas en la dirección del poder estatal que impidieron tanto la racionalización de la vida política como de la económica. (1)
Esta discontinuidad favoreció el desarrollo y auge de la corrupción durante el gobierno de Vásquez. En algunos años incluso el Poder Ejecutivo no sometía al Congreso un Presupuesto de gastos públicos, y cuando lo hacía no asignaba recursos a la secretaría de Fomento y Comunicaciones, y para construir las obras públicas precisaba de la transferencia de fondos de otras carteras, que debía previamente autorizar el Congreso. Pero lo peor era que tampoco existía una ley que regulara la contratación de obras, único mecanismo susceptible de finiquitar la corrupción en la construcción de obras públicas.
Por esta anomalía dicha secretaría de Fomento, responsable de la ejecución del amplio programa de obras públicas, otorgaba las contratas de forma administrativa lo que favoreció la dilapidación de los recursos públicos.
En tal sentido, el diputado por la provincia de Montecristi, J. T. Lithgow, planteó la perentoriedad de elaborar dicha ley:
“Hasta ahora no hay responsable visible porque no es obra sino de un sistema irregular seguido tanto por el departamento de Obras Públicas como en todos los de la Administración por falta de un régimen que podríamos llamar “jurídico” que estableciera las restricciones para cada caso.
Nosotros, al presentar estos datos confirmativos de la desconfianza que nos inspira el trabajo que realiza el departamento de Obras Públicas por la falta de una ley de Concurso que regule el éxito de estos trabajos […], y mientras esa ley no sea dictada por el Congreso estaremos girando alrededor de la cuestión sin hallar los responsables visibles”. (2)
Para eludir la aprobación de la ley de Concurso los congresistas de filiación horacistas argumentaban la inexistencia en el país de compañías con capacidad para participar en los concursos, la mayoría de los cuales se declaraban desiertos, pero lo cierto es que la misma, como lo ha resaltado el profesor Paulino y otros en su investigación sobre el gobierno de Vásquez, es que su aprobación no convenía a los intereses del gobierno, mientras la construcción de cada obra generaba grandes escándalos que recogieron algunos medios de la época.
Algunas de estas obras fueron objeto hasta de burla como las contratas con la empresa Bridge and Dam para la construcción de 5 puentes que nunca se hicieron y dio lugar a la frase: "hacerlo a la brigandina" que posteriormente utilizó Trujillo con frecuencia cuando advertía a sus funcionarios que no lo estafaran.
El Puerto de Santo Domingo
Prácticamente todas las obras construidas por el gobierno de Vásquez se hallaban permeadas por el flagelo de la corrupción, las más relevantes de las cuales fueron la construcción del acueducto, de algunos nuevos puertos y la remodelación de otros, así como el programa de construcción de carreteras. En 1925 el gobierno de Vásquez inició un amplio proyecto para construir algunos nuevos puertos y remodelar otros como el de Boca Chica, Ozama o Santo Domingo y el de San Pedro de Macorís, que conllevarían una inversión de $13,000,000 que obligaron al gobierno a contratar un préstamo con los Estados Unidos, hecho que aumentaba la dependencia financiera con ese país. Para la ejecución de las obras el gobierno firmó un contrato con la empresa estadounidense Dominican Contracting Constructions, el cual era lesivo al interés nacional y escandalizó a la opinión pública nacional.
Para lograr la aprobación del préstamo en el Congreso el gobierno de Vásquez se sobornó a los congresistas, como demostró el diputado horacista Luis F. Mejía con evidencias que le proporcionó el propio presidente Vásquez, consistente en un pagaré innominado por la suma de $5,000 como ayuda a un diputado. Además, Mejía dio cuenta que circularon varios pagarés de la misma cantidad de dinero con el mismo fin. Este escándalo obligó al mandatario a retirar el contrato, aunque el 2 de diciembre de 1925 lo re introdujo con una carta motivadora. (3)
La remodelación del puerto del Ozama o de Santo Domingo estuvo a cargo de la J. G. White Engeenering Corporation de Nueva York, y se denunció que en la fase preliminar de la construcción de este tipo de obra el concreto era un elemento fundamental, pero que tanto el cemento como la mezcla eran de pésima calidad, y, por tanto, los bloques carecían de la suficiente solidez para soportar 350 toneladas de compresión; además, luego de varios meses de iniciada la obra había consumido gran parte del presupuesto.
La persona al frente de la construcción del puerto, C. R. Moore, recibía un salario de $650.00, no era ingeniero y el empleado de Obras Públicas responsable de la supervisión, el señor Beardsley, carecía de experiencia en la construcción de puertos pues era ingeniero en riego. El ingeniero inglés Hery Growman, quien había trabajado durante el gobierno de Ocupación militar, denunció la malversación de fondos que se daba en esta obra, pero el departamento de Obras Públicas no dispuso un peritaje con ingenieros imparciales de reputada honradez y seriedad, como los ingenieros dominicanos Osvaldo B. Báez, Juan de la C. Alfonseca, Octavio Acevedo, Eduardo Soler, entre otros.
La empresa J. G. White Engeenering Corporation era la que financiaba la obra, de acuerdo con el contrato leonino firmado entre esta y la secretaría de Fomento y Comunicaciones, y, por tanto, el gobierno dominicano debía pagar el costo de esta sin importar el monto que se gastara, más un 15 por ciento que era la garantía de la compañía, y por esta razón a la misma le interesaba abultar los gastos para poder incrementar el porcentaje de ganancia. (4)
El presidente Vásquez había solicitado al gobierno francés la asignación de un ingeniero de su departamento de obras públicas, y para tal propósito llegó al país el ingeniero Etienne Morel, especialista en puertos, puentes y caminos, quien formuló numerosas observaciones para la construcción del puerto que no fueron tomadas en cuenta por la firma constructora, entre ellas desestimar el rompeolas proyectado por Mr. Beardsley pues había sido plagiado del tipo Sandy Bay, del estado de Massachusetts, USA, el cual falló desastrosamente hacía más de tres décadas.
Asimismo, el ingeniero Morel se mostraba opuesto a que se invirtieran considerables sumas de dinero en obras cuyos proyectos en su forma originaria no obedecían a las reglas elementales de la técnica en materia marítima y carecían de la más simple lógica. (5)
Los años finales
A fines de 1929, cuando el gobierno del presidente Vásquez se hallaba en plena decadencia, también se incrementaron las críticas. Un manifiesto de la Coalición Patriótica de Ciudadanos, que incluía al Partido Progresista, Liberal, Republicano y Nacionalista, hizo acusaciones puntuales al ya desgastado régimen:
“Se privó el más desenfrenado oscurantismo en la provisión del personal para los cargos públicos: los altos funcionarios abandonaron los hábitos austeros que debían ser el timbre extremo más preciado de todo gran ciudadano; se inició una serie interminable de actos que causaban la sorda protesta de la gente sensata del país; la vida desenfrenada y fastuosa que se llevaba hizo necesario el aumento de los sueldos, y aún trajo una serie de desfalcos y dilapidaciones, revelados unos y otros encubiertos; se emprendieron diversas obras con cierto criterio atolondrado y torpe, gastando dos, tres y cuatro veces más que no que honestamente se había de gastar”.
Como consecuencia de esto: “la Hacienda Pública, basamento del Estado, comenzó a flaquear, y los años económicos terminaban con amenazadores déficits, que la oficiosidad burocrática y la fingida inadvertencia de los altos funcionarios hacían aparecer como brillantes superávits, llegándose hasta la audacia de falsear los estados oficiales, para ocultar la bancarrota a los ojos del pueblo”. (6)
La Misión Dawes
Entre el 15 y el 20 de abril de 1929 estuvo en el país la Misión Dawes, por gestiones de Sumner Welles, para asesorar en materia económica al presidente Vásquez y luego de sus indagaciones documentales calificó como “deplorable” tanto las finanzas del país como la corrupción en la administración de los fondos públicos, principalmente en la secretaría de Fomento y Comunicaciones y en el Ejército; en esta última se robaron US$400,000.00 en un solo año. Una de las cuestiones de mayor relevancia de la Misión fue su recomendación para el ahorro un de 19% en los gastos innecesarios que realizaba el Ejército de Trujillo.
Asimismo, destacó la ausencia de un servicio civil y la existencia de una nómina del gobierno supernumeraria para realizar las labores del sector público. La difusión del Informe de la Misión Dawes contribuyó a desacreditar aún más el gobierno de Vásquez ya que se hizo evidente lo imperioso que resultaba cambiar las leyes financieras, y, sobre todo, sirvió de acicate para que Trujillo acelerara los aprestos para propinar el golpe de Estado contra el presidente Vásquez, al evidenciarse la vulgar corrupción que realizaba desde ese cuerpo. (7)
Corrupción y crisis económica
En los meses postreros del gobierno de Vásquez era vox populi el tema de la corrupción. El 12 de julio de 1929 el arzobispo de Santo Domingo, Adolfo A. Nouel, recomendó al presidente Horacio Vásquez apartar de sí “la vil polilla palaciega” que entorpecía su obra de gobierno, y más cuando acechaba la sombra del continuismo adulador”.
El deterioro del gobierno de Vásquez a fines de 1929 se halla vinculado el pésimo manejo de la economía que se agravó con la gran recesión de la economía mundial. Con los bonos emitidos en 1926 y 1928 el gobierno había aumentado la deuda externa en cerca de un 200% lo cual generó un déficit interno que asumió la forma de una deuda flotante, es decir, no consolidada, que podía aumentar o disminuir todos los días. Esto impidió hasta el pago regular de los sueldos de la burocracia estatal y motivó la formación del célebre banquito para financiarlos en el que participaba Andrés Pastoriza.
Como se ha visto a lo largo de estos artículos la corrupción fue el rasgo distintivo de este segundo gobierno de Vásquez. Algunos historiadores la han asociado al designio de los funcionarios del régimen de obtener recursos para financiar la reelección. Estos fueron estigmatizados como “corruptos”, aunque la mácula sobre el licenciado Andrés Pastoriza superó a la de los demás, como se desprende de un reporte de la Legación británica, fechado en noviembre de 1929:
“Es, como la mayoría de sus colegas, un estafador, pero es bastante más descarado que la mayoría y sus privilegios se le entregan abiertamente. Ha amasado al menos 300.000 dólares durante su mandato y ha invertido una buena parte de ellos clandestinamente fuera de la república. Se dice que sus inversiones locales las hace a nombre de Amadeo Barletta, presidente de la General Motors Company. Pastoriza obviamente está listo para volar cuando llegue el momento”. (8)
Referencias
(1) Más detalles de este proceso en Ramonina Brea, “El autoritarismo y el proceso de democratización en la República Dominicana”, Ciencia y Sociedad, vol. XII, No. 2, (abril-junio de 1987).
(2) Boletín del Senado, 19 de febrero de 1926, citado por A. Paulino et al, Análisis sociohistórico y premisas de la ascensión de Trujillo al poder, tomo II, p. 361.
(3) A. Paulino et al, Análisis sociohistórico y premisas de la ascensión de Trujillo al poder, tomo II, pp. 373-374.
(4) La Opinión, 4 de agosto de 1928.
(5) La Opinión, 21 de agosto de 1928.
(6) La Información, 5 de noviembre de 1929.
(7) Véase prólogo de Bernardo Vega al libro Informe de la Comisión económica dominicana 1929, Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, 2018, p. 18. (Charles G. Daves era el presidente de la Comisión).
(8) Informe de la Legación británica en Santo Domingo acerca del gobierno de Horacio Vásquez y sus principales funcionarios, entre ellos Martín de Moya, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Federico Velázquez, entre otros, S. L., noviembre de 1929, Archivo General de la Nación, Colección Bernardo Vega.