De manera recurrente el tema sobre la situación de los servicios a la salud mental a la población se hace noticia en los diferentes medios de comunicación, cónsono con la misma intensidad y frecuencia con la que ocurre algún evento, real o no, que se asocie a la cuestión.

El imaginario colectivo, no importa el estrato social, nivel económico o formación académica, asocia la condición mental al manicomio, o cuando menos, al hospital psiquiátrico; aunque al fin y al cabo, este último siempre deriva en el primero. La colectividad cree que si se tiene un hospital psiquiátrico en donde “almacenar” a todo aquel que debido a un trastorno mental represente un potencial peligro al resto de la sociedad, ya el problema desaparece. Ese desenfoque ha sido determinante no solo a la hora de la elaboración de políticas públicas adecuadas porque la ceguera oficial es permeada por el temor de una gran parte de la sociedad que históricamente repele a todo aquello que “huela” a orate. Y es que además, y para colmo, muchos profesionales que trabajan con el enfermo mental no están claros en la forma de abordar esta espinosa y urgente tarea pendiente de salud pública.

Dar palos a ciegas no resuelve ningún problema. Esto así a tenor de la información publicada recientemente en donde se establece el traslado de una cárcel pública de un interno con una condición mental hacia el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Ese desacertado paso desvirtúa el concepto del referido Centro y no resuelve la situación de los privados de libertad que tienen una perturbación psiquiátrica. Es peor aún. Lo dicho manifiesta una clara involución a los avances que se alcanzaron en la reforma del sistema público de salud mental reconocidos por la OMS/OPS (1).

¿Están claros los profesionales implicados en el trato a la persona con una condición mental en el tipo de reforma que se debe ejecutar como política pública para continuar con la transformación iniciada y ahora en retroceso? Veamos en primer lugar cuales son algunos estos profesionales: médico psiquiatra, médico familiar, psicólogo(a) clínico, enfermera (o), trabajador(a) social, terapeuta ocupacional, entre otros. En base a nuestra experiencia creemos que en cuanto a la claridad que los haría competentes para una respuesta acertada, no lo están. Y si muchos actores claves no concuerdan en el tipo, con el alcance y con la forma de gestionar un proceso complejo y participativo, el actor político tomador de las decisiones, se tornará renuente a implicar y a empujar por el carril debido al aparato oficial responsable. Por demás, se debe contar con un equipo gerencial que responda a las exigencias de los retos que plantea dicha renovación.

¿Qué implica acogerse a una reforma a la atención a la salud mental? ¿Partimos de cero? En 2015 se inició un proceso de transformación que fue supervisado por técnicos de la Oficina Panamericana de la Salud. Se lograron avances significativos. Los Informes que reposan en el Ministerio de Salud así lo atestiguan. Se elaboró un Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022. Dicho instrumento debió ser sujeto de análisis en sus indicadores para determinar el nivel de avance, estancamiento o retroceso. Dicho Plan es aún hoy un elemento valioso al que pueden recurrir las autoridades para conocer el estado del arte al momento presente. No se parte de cero, más aún, se tienen, además de experiencias operativas validadas, líneas maestras de trabajo.

Entre estas líneas maestras tenemos: 1-El fortalecimiento de la rectoría y gestión técnico-administrativa en el ámbito de la salud mental. Este fortalecimiento incluye disponer de un marco legal y técnico normativo actualizado que facilite el desarrollo de un modelo integral basado en la comunidad y disponer de recursos financieros y humanos para la ejecución de los servicios asegurando que estos sean en base a un modelo basado en la comunidad. 2) La promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales y problemas psicosociales con un enfoque multisectorial y de movilización social, desde el contexto de la red nacional de servicios de salud, en donde esté presente la prevención de la conducta suicida. 3) La gestión de la cobertura y acceso a una atención de salud mental, integral y de calidad, a través de la descentralización, basado en un modelo comunitario, integrando la salud mental en la Atención Primaria, fortaleciendo la participación social en el contexto comunitario, en donde se gestione la cobertura y acceso a una atención de salud mental integral y de calidad en la red nacional de servicios de salud. 4) El fortalecimiento del monitoreo y cumplimiento de las directrices para la producción, evaluación y utilización de la información sobre salud mental.

Se hace evidente para todo aquel que conoce la cotidianidad de una persona con alguna condición mental, sobre todo si es un paciente con un trastorno crónico o que ha sufrido daño a su intelecto, que hay serias limitaciones de servicios, graves trabas a la hora de la atención o generalmente ausencia de espacios y de personal capacitado. Es por estas razones que el modelo de organización de la red de salud mental plantea retos y desafíos a los que de manera inevitable hay que hacerle frente. Esta red conlleva características que son únicas y a la vez esenciales para brindar al usuario una optimización de los servicios.

La red de servicios de salud mental se debe organizar en base a un modelo comunitario, que coloca como punto esencial el servicio en los establecimientos de Atención Primaria y al Centro de Salud Mental Comunitaria en el segundo nivel de atención, como el eje articulador de la Red de Salud Mental del ámbito territorial (hay varios Centros de Salud Mental Comunitarios funcionando, en donde el Dedé Mirabal de Salcedo se lleva el palmarés. No obstante, tenemos otros referentes como el que funciona en San Juan de la Maguana y RESIDE, en la Nueva Barquita. La red se complementa con Centros de Rehabilitación Psicosocial (tipo el que funciona en el antiguo manicomio y que hoy se pretende desnaturalizar), con Hogares de Paso, con Viviendas Tuteladas y Viviendas Protegidas, entre otros.

El objetivo fundamental y primario de una reforma a la atención a la salud mental debe ser el respeto al derecho a la salud y a la dignidad de la persona que tiene la necesidad de recurrir a dicha atención. Una brújula ética firme es la que marca el rumbo de todo proceso que implique lo que hemos expuesto. La voluntad política del liderazgo responsable es quien debe dar el banderazo de salida.

Informe de Viaje Prof. Benedetto Saraceno, Consultor OPS/OMS, República Dominicana, 2-9 diciembre 2018. Archivos Dirección Salud Mental, Ministerio de Salud. Archivos OPS, República Dominicana.