Continuamente en nuestro país se presentan escándalos sociales en los que se encuentran envueltos dirigentes políticos, legisladores, funcionarios, peloteros, artistas y personajes destacados de los medios de comunicación. En ellos se destaca la recurrencia de hechos violatorios del código del menor y de la ley 136—03 que favorece la protección de la niñez y adolescencia.
La permisividad presente en el abordaje de los casos de abuso y explotación sexual escondidos tras el velo de “relaciones sexuales con menores” por personas adultas es lamentable. Tenemos varias décadas de aprobación del código del menor y la ley 136-03 que establece la penalización hacia estas prácticas consideradas dentro de las manifestaciones de violencia y abuso sexual.
El reciente caso de un pelotero reconocido, sometido a la justicia por incurrir en esta práctica a sabiendas (como bien señala) de que estaba violando la ley, es un ejemplo de la gravedad del problema en nuestro país. Este caso tiene además una doble penalidad, no solo fue un ejercicio de abuso sexual sino también de explotación sexual dado el uso de transacciones económicas como “compra” y “venta” del cuerpo de la niña en la que se incluye a la familia que recibió los beneficios de las transacciones económicas.
La familia al igual que el pelotero incurrieron en una práctica de trata de menores para explotación sexual con la comercialización del cuerpo de la niña desde el velo de “noviazgo”. Lamentablemente la opinión publica y las redes le han dado otro carácter a este caso dejando de lado su contenido delictivo, de violencia y violación de derechos.
Ambos, tanto la familia como el pelotero deben ser penalizados por ejercer este delito y por violentar el marco legal que ampara a la víctima.
Lamentablemente en nuestra sociedad las prácticas de trata de menores se invisibilizan y se manejan desde la culpabilización de las víctimas en la opinión pública y en las redes sociales. Las niñas y adolescentes abusadas son penalizadas por el abuso y explotación sexual que sufrieron y los perpetradores se convierten en sus víctimas, se les justifica sus acciones desde la normalización de la comercialización de sus cuerpos con transacciones económicas que las hunden en la cosificación sexual.
Además de la explotación sexual existe otra modalidad de trata aún más invisibilizada y normalizada que es el matrimonio servil o forzado vinculado a este tipo de prácticas.
Los matrimonios con prácticas violatorias de derechos o fruto de una violación de derechos en nuestra sociedad tienden a invisibilizarse. Existe una frontera frágil entre matrimonio y abuso, así como múltiples prácticas matrimoniales donde mujeres y-o niñas son vendidas como objeto
El uso del matrimonio como mecanismo de esclavización de las adolescentes y mujeres se muestra en tres perspectivas:
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El manejo del matrimonio como la “honra” para las adolescentes activas sexualmente que son obligadas-forzadas por sus familias a “casarse” o “unirse” al hombre que “les quitó la virginidad, siendo esta una práctica de venta y esclavización de las mismas.
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Casos de adolescentes y niñas vendidas a hombres adultos por familiares a cambio de beneficios económicos para la familia
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Las adolescentes y niñas sobrevivientes de abuso sexual que son obligadas a casarse
Estos patrones están sustentados en las representaciones presentes en nuestra cultura en la que el matrimonio “limpia” el abuso sexual o el ejercicio del sexo en la población femenina a la que se le niegan los derechos sexuales y reproductivos.
El matrimonio puede ser un canal para la venta de niñas, adolescentes y mujeres a través del cual familiares, amistades, parejas o dueños de negocios se lucran.
Romper con la trata supone el quiebre con un imaginario cultural en el que se normaliza el ejercicio de violencia presente tanto en la familia, como en las relaciones de pareja, amistad y espacios laborales. Los vínculos afectivos dan permiso para violar derechos y convertir las niñas, adolescentes y mujeres en objetos para transacciones económicas.
Las víctimas de estas prácticas (niñas, adolescentes y mujeres) sufren múltiples secuelas en su vida afectiva y su desarrollo evolutivo. Lamentablemente las víctimas de trata en nuestro país no cuentan como prioridad en los programas sociales y no cuentan con una legislación que ofrezca un proceso de atención, asistencia y acompañamiento en forma integral. La ley de trata modificada fue retirada del congreso por el Poder Ejecutivo, no es una prioridad.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY