Si algún interés ha concitado el impasse con motivo de ser aceptado como miembro de uno de los organismos de la Academia Dominicana de la Historia, un historiador y general retirado imputado de crímenes de guerra, es que coloca en la palestra pública la necesidad de perseguir judicialmente a los asesinatos de lesa humanidad, como ha ocurrido de modo reciente en otros países de América. Lo deplorable es que se tome como chivo expiatorio a la Academia Dominicana de la Historia, que hasta el presente no tiene funciones judiciales entre sus atribuciones.
Estimo que el antiguo militar de referencia tiene responsabilidad en los hechos que se le incrimina, no solo en el asesinato de Manolo Tavárez, sino en los casos de los héroes de junio de 1959, hasta el extremo de que fue la persona que logró ubicar en los terrenos de la Academia Militar Batalla de Las Carreras las fosas comunes donde fueron lanzados los cadáveres de los héroes, quedando claro que estaba en ese lugar donde se ejecutaron los fusilamientos sumarios y formaba parte de la oficialidad intermedia encargada de ese macabro operativo.
La aguerrida doña Conina Mainardi apuntó en sus Memorias que, luego de muchos esfuerzos, la Fundación de Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo logró que Balaguer permitiera se excavara en el mencionado recinto, para tratar de localizar los cadáveres de los héroes. Tras excavaciones infructuosas, Balaguer ordenó al general de referencia que identificara el lugar y este ubicó el sitio exacto donde estaban los cadáveres, área que ellos les decían el “Paredón”. (Carolina Mainardi Vda. Cuello. Vivencias. Editora Manatí. Santo Domingo, 2000. p. 204).
De igual modo en la ejecución del coronel Francis Caamaño y sus compañeros, el general fue de la cúpula militar que persiguió a los guerrilleros. Este equipo direccional decidió ejecutar a quien identificaron como “Coco mayor”, el comandante Román que estaba detenido como prisionero de guerra. Además el imputado ocupaba la máxima jerarquía militar cuando se produjo la masacre en los barrios populares de la capital en 1984, desde su condición de ministro tiene responsabilidad en esos operativos criminales.
Con un inexplicable silencio de varias semanas, el general ha respondido que el 21 de diciembre de 1963 estaba en un lugar diferente cuando se escucharon los disparos que cegaron la vida a Manolo Tavárez y sus compañeros, declarándose inocente. ¿Quién era el oficial superior que estaba en el área? El general, que admite percibió los tiros. En la guardia de modo estricto se cumplen órdenes, no es creíble que la patrulla asesina actuara por cuenta propia; la guardia cumple órdenes superiores, respetuosamente general. Es muy difícil que una patrulla viole las órdenes y estas eran asesinarlos en el lugar donde se entregaran. Si ocurrió lo contrario, ¿por qué la patrulla no fue sometida a un consejo de guerra?
Ese frente de Manaclas era el único que todavía resistía en diciembre de 1963, embargado por grandes precariedades logísticas. Sus integrantes escucharon la alocución (ya habían llegado al país los radios portátiles) del triunviro Manuel Tavares Espaillat garantizando la rendición, como justamente recuerda el también guerrillero (del Frente Hermanas Mirabal) Rafael Chaljub Mejía: […] después que se escuchó el discurso del triunviro Tavares Espaillat, cobró fuerza la tendencia a la rendición”. (Rafael Chaljub Mejía. La guerrilla del decoro. Memorias. Editora Taller. Santo Domingo, 1994. p. 282). Se presentó resistencia a la entrega, incluyendo la de Manolo, pero era imposible continuar y finalmente se decidió aceptar las garantías que se ofrecía a nombre del Triunvirato.
¿Acaso Emilio de los Santos renunció a la Presidencia del Triunvirato porque unos guardias sin orientación fusilaron a los héroes? Ese tiburón podrido no pasa por la garganta de nadie. Emilio de los Santos resignó su cargo porque la jefatura militar desobedeció la orden de ofrecerles garantías a los jóvenes sublevados para que se entregaran, y de modo traicionero cuando ellos aceptaron rendirse fueron fusilados. Esa no es una decisión de subalternos, y el oficial de más alta graduación en la zona de los hechos era el general de referencia.
Este general, en declaraciones al desaparecido periódico El Siglo en 1995, trató de desvirtuar la actitud del presidente del Triunvirato cuando afirmó: “¿Pero quién ha dicho que don Emilio de los Santos tenía conocimiento de acciones militares, si era un hombre civilista? “El no sabe nada de lo que es el armamento, no sabe lo que es la velocidad de un tiro, no sabe lo que es el bosque […] (El Siglo. Santo Domingo, 19 de junio 1995). ¿Acaso no llegaron hasta lanzar volantes desde aviones militares garantizando la vida a los guerrilleros? Lo que desconocía el presidente del Triunvirato era que el llamado conciliador del triunviro, Tavares Espaillat, sería utilizado como la carnada que disfrazaba el sombrío anzuelo de una maniobra traicionera.
Es censurable la posición sumisa de Tavares Espaillat, que en el momento oportuno no asumió una actitud similar a la de don Emilio de los Santos. Recuerdo que a este último los estudiantes cuando nos movilizábamos, en ocasiones lo veíamos transitando tranquilamente como un simple peatón por la calle Del Conde y lo respetábamos.
Como el general ha cuestionado a su comandante en jefe, que era Emilio de los Santos, quién al renunciar evidenció ante la opinión pública que fueron los jefes militares (entre ellos el general de referencia) quienes ordenaron la masacre, citamos a continuación al principal rival del Triunvirato, el derrocado profesor Juan Bosch que comentó sobre el particular:
“Cuando al cabo de los días, los guerrilleros de varios puntos del país bajaron desarmados a entregarse, con las camisas desgarradas en puntas de varas cortadas a los árboles del camino a fin de que de lejos se viera que iban en son de paz y de rendición, encontraron que los recibían chorros de plomo. Murieron abogados, médicos, arquitectos, estudiantes, obreros, entre ellos el presidente del 14 de Junio, el doctor Manuel Tavárez Justo, y varios de los líderes de esa organización”. (Juan Bosch. Crisis de la democracia de Amèrica en la República Dominicana. Centro de Estudios y Documentación Sociales, A. C. México, 1964. p. 207).
Muy bien lo emplazó hace 28 años Leandro Guzmán, de los principales dirigentes del 14 de Junio, cuando declaró, usted: “Tiene responsabilidad, lo puedo decir yo, y debe aclarar ese episodio trágico, porque eran ya prisioneros”. (El Siglo. 8 de junio 1995).
Se tiene entendido que se colocó una querella ante las autoridades pertinentes sobre este caso y todo quedó archivado. El Ministerio Público de esa época debió actuar, no engavetar el expediente. Pero nunca será tarde para reclamar justicia en estos crímenes horrendos. Ahora la situación tiene otro matiz, ciudadanos con todas las buenas intenciones reclaman se proceda con justicia, aunque sea tardía, para que este aciago suceso no quede impune. Aunque considero la solicitud no la dirigen a la jurisdicción correspondiente.
Este escarceo ha sido mal dirigido; hay un sector muy interesado que tras bastidores trata de apoderarse de tan justo reclamo de justicia para estimular sus intenciones que son destruir la nacionalidad dominicana. Aquí conocemos al cojo sentado y no es fortuito que en la prensa y las redes quienes pretenden pillar el pleito sean aquellos que abogan por la unificación de la isla; no desperdician la oportunidad de arremeter contra instituciones que representan la dominicanidad. En esta etapa, desde el ámbito histórico el blanco a desacreditar es la Academia Dominicana de la Historia. En esa tarea hay nombres muy conocidos. Exceptuamos de esta conjura a la distinguida historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben y los familiares de Manolo Tavárez.
Los fusionistas que alegremente tratan de conducir al paredón a la Academia Dominicana de la Historia soslayan que después de la “Era de Trujillo”, durante los gobiernos subsiguientes, este señor general ocupó los más importantes cargos en las Fuerzas Armadas y que su imagen está colocada en la Galería de Honor del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ellos, como distinguidos historiadores, perseguidores de este general, debieron y deben asumir una actitud al respecto. Olvidaba que no es bueno rascarse en javilla.
La Academia Dominicana de la Historia ni es un partido ni una agrupación gremial, es una institución reconocida en los estamentos jurídico-políticos del Estado y sus normativas no están diseñadas para convertirse en tribunal que decrete la expulsión de dicho ciudadano por los crímenes que se le imputan, tomando muy en consideración que su elección como miembro correspondiente se hizo en atención a sus requisitos estatutarios.
Considero los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir, ni mucho menos pretender conformarse con una expulsión, que sería solo una pena de consolación. Ya hemos visto partir a varios genocidas, entre ellos uno que vivió muy sosegado sus últimos años en un Resort del Este.
Aunque se recurra a la no retroactividad de las leyes desvirtuando este concepto jurídico, utilizándolo como subterfugio, se puede apelar a mecanismos legales para que el brazo de la justicia recaiga no solo sobre esta persona, sino contra otros de semejante historial, que han continuado sus actividades públicas y sociales de manera impune. En Chile, pese a los obstáculos dispuestos por los cómplices de los genocidas de Pinochet, la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó las investigaciones que quedaron descritas en los contundentes informes Rettig y Valech, sobre violación de derechos humanos a millares de prisioneros políticos y se ha logrado que el peso de la verdadera justicia caiga sobre los hombros de un connotado grupo de asesinos al servicios de la tiranía.
Entre los actuales impugnadores públicos del general de referencia hemos observado a varios legisladores; a ellos corresponde rescatar el proyecto de Comisión de la Verdad, que se ha planteado desde hace mucho tiempo, para lograr la creación de un instrumento legal especializado en la persecución de ese tipo de crímenes de lesa humanidad que no deben caducar. Esa debe ser la instancia para tratar de resarcir, con penas aflictivas de ley, los daños y perjuicios provocados por los genocidas criollos que se amparan en la absurda eterna impunidad jurídica de sus crímenes de Estado. Llegando al extremo que uno de los auspiciadores de estas barbaries se atrevió a dejar una página en blanco de un libro para explicar postmorten un crimen político íntimamente vinculado a su Gobierno. Como sentenció Víctor Hugo, el gran romántico francés: No tengo más que una piedra en mi honda; pero esa piedra es buena, esa piedra es la justicia.