Hace un par de días algunos medios de comunicación difundieron un video que, al verse y conocerse su contenido, dejaba pasmado al más frío de los mortales. Daba la impresión de estar escuchando un relato de ficción; pues resulta que la información servía el dato de que un tribunal había condenado a 20 años de prisión a un joven por haberse robado un celular y 500 pesos. Posteriormente, los mismos medios informativos agregarían algunos datos que daban detalles del acto delictivo en el que se añadía la violencia con intento de homicidio, lo que motivaría la expedita y excesiva condena de este “peligroso criminal” que no llegó a materializar el asesinato.
La “justicia” diligente para condenar a los pobres o enviarlos a las cárceles de forma preventiva y manteniéndoles privados de libertad más allá de lo establecido por la ley, en una especie de secuestro judicial, opera con lentitud cuando se trata de individuos que roban cientos de millones al Estado con la violencia que subyace en estas acciones criminales, pues miles mueren como producto del hurto que empobrece al Estado, que se hace débil e incapaz de responder a las necesidades de asistencia a los más vulnerables. Pero es ese mismo Estado robado que crea toda una compleja ingeniería jurídica para proteger a los delincuentes de cuello blanco que lo roban, e ir a la caza -con los aceptados y normalizados intercambios de disparos-, de los jóvenes de los barrios víctimas de la falta de oportunidades y la obscena desigualdad que les acorrala.
Así, estos jóvenes privados de tocar las riquezas que se producen, cercados por las fuerzas del orden y la "justicia", acosados por algunos medios de comunicación que sirven de soportes al establishment que ha diseñado esta injusta sociedad, les crea la imagen de "escorias sociales" como estrategia de distracción para ocultar la realidad expresada en la cárcel, las muertes extrajudiciales que burlan la Constitución, la tipificación mediática del pobre como delincuente y la sutil conformación de una plutocracia que reorienta el saqueo mediante nuevas fórmulas vehiculadas a través del Congreso y coladas entre los ciudadanos, que miran sin observar lo que verdaderamente ocurre, a base del adormecimiento tarifado.
Analizando el video con esta amplitud de mira, podemos entender que el tema además de jurídico, es social, económico y político; pues como dijo Miriam Germán, "los jueces deben despojarse de los prejuicios a la hora de impartir justicia". Y es que, ser pobre, y encima negro, en una sociedad de negros y mulatos, se ha convertido en sinónimo de delincuente, quizá por ello en ciertos lugares públicos, como centros de diversión y restaurantes, restringen la entrada de potenciales clientes por la apariencia física.
Pareciera que vamos camino a criminalizar la pobreza e incluso la negritud, pues fui testigo del apresamiento de un joven negro detenido por su color y "por llevar trenzas en la cabeza", apariencia que le hacía “sospechoso”, según el policía con el que hablé en un cuartel de la capital. Por tanto, a toda la cuestión jurídica se le añade la construcción de una sociedad que se niega a sí misma al asumir estereotipos ajenos a nuestra composición social y racial. Este dibujo tiene su expresión en un aparato judicial que opera en favor de la impunidad de toda suerte de "encorbatados" con bolsillos llenos del patrimonio público hurtado, que solo es perseguido si hay algún interés político.