"Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido”- Mateo 7:2
La justicia y la imparcialidad deberían ser universales al evaluar las acciones de cualquier gobierno, lo que implica que un análisis equilibrado y objetivo de las situaciones debe realizarse sin importar el país en cuestión o los intereses políticos involucrados, no obstante, la realidad global muestra que, en muchos casos, estos principios son distorsionados por la narrativa mediática y el enfoque selectivo de actores políticos, lo que convierte a la República Bolivariana de Venezuela en un claro ejemplo de cómo el tratamiento mediático y político puede variar dependiendo de quién esté en el centro de la controversia.
En los últimos años, los eventos en el país suramericano han sido objeto de un escrutinio internacional sin precedentes. Desde la crisis económica hasta las tensiones políticas y sociales, el gobierno venezolano ha enfrentado una ola constante de críticas, casi un centenar de sanciones que se traducen en un bloqueo económico, financiero y mediático.
Al comparar el tratamiento mediático y político que recibe Venezuela con el de otros países que atraviesan situaciones similares, surge una clara disparidad en el juicio, ya que mientras algunas acciones del gobierno venezolano son condenadas de inmediato, actos similares en otras naciones no reciben la misma atención y tratamiento o, en muchos casos, son justificados por las circunstancias.
Un ejemplo que refleja este juicio selectivo es el tratamiento de las acciones de las bandas armadas que actuaron en el proceso post-electoral, identificadas por la líder opositora María Corina Machado como "los comanditos", quienes provocaron actos violentos y vandalismo, siendo responsables de numerosas muertes y daños a la propiedad. Sin embargo, una parte significativa de la narrativa mediática internacional ha optado por presentar a los miembros de estas bandas como "presos políticos", transformando a criminales en supuestas víctimas del gobierno.
Otro caso se da cuando el gobierno venezolano utiliza recursos legales para resolver disputas electorales. Por ejemplo, cuando el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para abordar cuestiones relacionadas con los resultados de las elecciones, esta acción fue rápidamente descalificada a nivel internacional como un intento de manipular el proceso democrático. Este caso no es aislado, ya que, al comparar con otras situaciones similares en América Latina, como México en 2006, se observa cómo el mismo recurso es tratado de manera diferente.
En países como México, Brasil y Estados Unidos, las impugnaciones electorales han seguido procesos judiciales que, aunque polémicos, se han aceptado como parte del ejercicio democrático. En México, las elecciones presidenciales de 2006 generaron controversia cuando Andrés Manuel López Obrador impugnó los resultados, por lo que, a pesar de las protestas y la tensión, las instituciones siguieron los procedimientos legales y declararon a Felipe Calderón como ganador.
De manera similar, en Estados Unidos, el caso Bush vs. Gore en 2000 fue polémico, ya que las decisiones judiciales se respetaron, lo que al final dio legitimidad al resultado. En Perú, Brasil, Paraguay y Guatemala se presentaron situaciones electorales controversiales, aunque los procesos legales siguieron su curso en cada país.
A pesar de estos ejemplos, en Venezuela cualquier recurso legal es descalificado en el ámbito internacional sin el mismo nivel de análisis o consideración, lo que demuestra que el tratamiento de los eventos en Venezuela no siempre sigue los principios de justicia e imparcialidad que deberían ser universales, ya que la narrativa mediática y política que rodea al país está cargada de intereses externos y sesgos que distorsionan la percepción de la realidad.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha sido criticado por su presunta falta de transparencia en los procesos electorales, ya que se desconoce que el CNE solo está legalmente facultado para presentar resultados oficiales que pueden ser impugnados si se presentan recursos ante las instancias correspondientes.
Cabe destacar que en las últimas elecciones ningún partido político presentó un recurso formal para impugnar los resultados, aunque la percepción mediática y política de irregularidades persiste, mientras que en otros países, como México o Brasil, las instituciones electorales han enfrentado desafíos similares sin generar la misma controversia internacional.
Lo anterior evidencia que, si queremos promover una evaluación justa de los actos de cualquier gobierno, es necesario aplicar los mismos criterios en todos los casos sin excepciones, ya que solo así se podrá garantizar que los principios de justicia e imparcialidad prevalezcan y que los hechos sean juzgados de manera objetiva y equilibrada, sin influencia de agendas externas. La imparcialidad solo puede alcanzarse si los mismos principios se aplican por igual, sin importar el país o el gobierno en cuestión.