El día 30 del mes de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha señalada para llamar la atención de todos sobre las consecuencias de este terrible crimen. Y es necesario reflexionar sobre cómo evitar que más personas sean victimizadas, así como las victorias alcanzadas por los sobrevivientes luego de vivir intensos momentos de explotación y sufrimiento.
Quienes nos dedicamos a la defensa y protección de los derechos humanos experimentamos a diario alegrías y frustraciones en nuestras actividades. Cosas tan simples como la sonrisa de un sobreviviente, luego de ser sacado del lugar de explotación, nos alegran y nos hacen creer que es posible vivir en un mundo más justo, más armonioso, más equitativo. Cuando vemos la fuerza y la resiliencia que tienen a pesar de las situaciones que han enfrentado, nos animamos a hacer más y mejor. Por otro lado, es frustrante ver que los gobiernos de nuestra región no han hecho lo suficiente para minimizar la ocurrencia y efectos de este delito. Es triste saber que debido a la poca importancia con que se trata el tema, son muchas las personas que se encuentran subyugadas en este momento, esperando la ayuda de las instituciones que tienen la obligación constitucional de brindar asistencia, que en la mayoría de los casos no disponen de recursos materiales y tecnológicos para llevar a cabo su trabajo.
Desde la sociedad civil hemos buscado sensibilizar al gobierno sobre la necesidad de actuar. Y hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas es la más fundamental y urgente, ya que su falta hace inviable cualquier otra iniciativa. Me refiero a la necesidad de un presupuesto público dedicado a la lucha contra la trata de seres humanos. Ese es el papel de la sociedad civil, y no nos rendiremos hasta lograrlo. Nuestro compromiso es con quienes enfrentan severas condiciones de vulnerabilidad, con quienes enfrentan el sufrimiento cotidiano, con quienes no tienen la influencia y los medios para ser escuchados. A esto nos dedicamos, porque conocemos la realidad de lo que está pasando en República Dominicana, y en base a esa conciencia, no es posible que nos quedemos callados o tímidos en alzar la voz a favor de quienes necesitan atención y cuidado. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
La buena noticia es que estamos hablando de una pequeña porción del presupuesto total. No se necesitan fortunas para luchar contra la trata de personas. Y sin embargo no hemos visto decisiones políticas que prioricen la resolución de este problema que, repito, comienza con la decisión de destinar recursos económicos a quienes tienen como misión combatir el delito y proteger a la víctima. Es algo tan pequeño, pero si no se hace, condena a miles de personas a una vida indigna e infeliz. Y no se trata de una opinión ideológica, sino de la constatación de una realidad que es conocida por todos, especialmente por las autoridades gubernamentales, que tienen los datos necesarios para probar lo que digo.
Y las cosas no tienen por qué ser así, sobre todo cuando el país cuenta con instituciones no gubernamentales tan comprometidas con el apoyo al gobierno y al país. Aprovechemos este mes de julio de 2022 para marcar un cambio en la situación actual. ¡Esto no es difícil!, pero hay que dar un paso más, para que lo que se decida se pueda llevar a cabo con los recursos adecuados. Un excelente comienzo para tales discusiones es el desarrollo de un nuevo plan de acción contra la trata. Actualmente el país no cuenta con una planificación de largo o mediano plazo que permita organizar y coordinar los esfuerzos interinstitucionales encaminados a combatir la delincuencia, y sin esto es muy difícil pensar en alguna otra acción que genere los frutos que todos deseamos.
La propuesta concreta es que nos reunamos, en el ámbito de la CITIM, tanto para replantear la planificación de los próximos años, como para asegurar, de una vez por todas, que la lucha contra la trata de personas cuente con presupuesto suficiente para investigar el delito, enjuiciar al delincuente y proteger a la víctima. Repito: la simple elaboración de un plan que no tiene recursos no será eficaz, y prueba de ello es que llevamos años trabajando en planes anteriores, que no se implementaron precisamente por no contar con el financiamiento necesario. Tenemos que aprender de los errores del pasado.
Conmemoremos el mes contra la trata, que es el momento propicio para reflexionar sobre qué futuro queremos para la República Dominicana. Pero hagámoslo con esperanzas concretas, que sólo pueden venir del gobierno. Por nuestra parte, quedamos a la entera disposición para apoyar en todo lo posible a nuestras autoridades.
Celebremos el mes contra la trata de personas, pero hagámoslo con la certeza de que hay voluntad política para sacar a todas estas mujeres, niños y niñas de las garras del crimen organizado.
Que conmemoremos esta fecha seguros de que existe una real preocupación por parte del gobierno de priorizar la atención a quienes viven en la vulnerabilidad y la pobreza.
Este es nuestro anhelo: vivir en un país donde nuestros hijos e hijas no pasen por situaciones inimaginables de dolor y sufrimiento. Para ello, nos mantendremos vigilantes y colaborativos, pues este es el estandarte que, desde lo alto de nuestra esperanza, permanecerá altivo y confiado en días mejores.
José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.