Desde el primer día de asumir su mandato, el 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader demostró un marcado interés en adecentar la justicia dominicana, designando al frente de la Procuraduría General de la República y sus distintas dependencias a magistrados con probada seriedad, honestidad e independencia política.
En sus recorridos por todo el país en su rol de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader comprobó que una de las principales inquietudes de la población dominicana era frenar la corrupción administrativa que se había convertido en una práctica en los gobiernos que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los dominicanos sabían que en las administraciones peledeístas se estaba mal administrando el dinero del pueblo. Pero no tenían ni idea de la magnitud de los desfalcos que desde el gobierno estaban cometiendo algunos funcionarios, civiles y militares, abanderados del partido de la enseña morada y en perjuicio de la nación.
Ignorando estos hechos delictivos, ambos líderes peledeístas, Fernández y Medina, tapiaron sus sentidos auditivos y bloquearon sus facultades visuales para no ver ni escuchar las denuncias que, en ese sentido, llegaban desde todos los sectores sociales.
Como si se tratara de un plan estratégico muy bien orquestado en favor de la impunidad, ellos designaron en el Poder Judicial a un buen número de jueces y fiscales comprometidos con el PLD, para asegurar la no persecución de los que cometían aviesamente los actos de corrupción denunciados.
Develado el blindaje judicial que garantizaba la impunidad total de los corruptos del PLD, el presidente Abinader, a su llegada al Palacio Nacional, y en demostración de establecer un antes y un después, realizó tres importantes nombramientos en el Ministerio Público que se encargarían de perseguir y someter a la justicia a los responsables de estos delitos.
Los nombramientos de la magistrada Miriam German Brito al frente de la Procuraduría General de la República y a los magistrados Yeni Berenice Reinoso Gómez, y Wilson Camacho como procuradores adjuntos del Ministerio Público, fueron ampliamente aplaudidos por la sociedad civil y el pueblo en general.
La inmediata acción de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, y la de Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dio como resultado el apresamiento preventivo y sometimiento a la justicia de un grupo de exfuncionarios, civiles y militares, acusados de delitos de corrupción y asociación de malhechores para apropiarse indebidamente de los fondos del erario.
Es a partir de las acciones moralistas que han implementado los representantes del Ministerio Público con sus actuaciones en persecución implacable contra los responsables de actos de corrupción en los gobiernos del PLD que nos hemos creado la idea de que tenemos una total justicia honesta e independiente desde agosto de 2020.
La hemos promovido y aplaudido por su destacada misión de perseguir, respetando los debidos procesos, a los actuales y pasados corruptos que han dilapidado las arcas del Estado.
Como es natural, el Ministerio Público inició las investigaciones pertinentes, elaboró a los infractores el expediente acusatorio con pruebas irrefutables que los incriminan, ordenó los arrestos procedimentales para que luego un juez, envestido de pulcritud y seriedad, mediante un juicio libre y contradictorio, determine la inocencia o culpabilidad de los reos preventivos.
Sin embargo, algo no está funcionando correctamente en las salas de audiencias al momento de enjuiciar a los corruptos por los delitos cometidos, a pesar de las pruebas documentadas entregadas por los representantes de la Pepca.
No podemos olvidar que el actual sistema de justicia fue modificado en el gobierno de Leonel Fernández en el 2010, en la que su principal figura al frente del Poder Judicial fue nombrado Luis Henry Molina, un alto dirigente del PLD.
Luego, en la gestión de Danilo Medina fue designado al frente de la Procuraduría General de la República Jean Alain Rodríguez, miembro del PLD y hoy preso preventivo por delitos de corrupción.
Con sobrada razón, la magistrada Yeni Berenice denunció muy apesadumbrada que la mayoría de los tribunales a nivel nacional están variando sus criterios para favorecer a los corruptos y casos de crimen organizado.
Aunque no se refirió a ningún caso o juez en particular, está claro que quienes deciden la suerte de los apresados por corrupción es de los jueces, muchos comprometidos políticamente con el PLD y la Fuerza del Pueblo (Fupu), que preside Leonel Fernández.
“Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, se quejó recientemente la magistrada Yeni Berenice, al tiempo de calificar como vergonzosa, indignante, parcial y deficiente la jurisprudencia en República Dominicana.
Escuchar a la magistrada hablar de esa manera es establecer con claridad que definitivamente en República Dominicana hay jueces y fiscales comprometidos y dispuestos a hacer quedar mal la eficiente labor de un Ministerio Público independiente, que lucha por dar un ejemplo contra la corrupción y otros delitos.