La academia estatal se ha vendido como faro luz y democracia.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registra al menos 1,300 docentes jubilados. Tienen garantizado: salario completo sin el oneroso descuento de impuesto sobre la renta, ARS, plan de retiro, reajustes salariales como los activos, préstamos y ser recontratados para impartir docencia, investigar y hasta como funcionarios.
Les niegan, sin embargo, el derecho constitucional a votar en los claustros Menor y Mayor para la toma de decisiones y elegir las autoridades, aunque, paradójicamente, sí pueden activar a favor de candidatos. Sólo dos o tres meritísimos pueden sufragar.
Detrás del telón de los artificios jurídicos, en esa postura subyace la intención real de evitar que estos catedráticos decidan cada cuatro años las siempre discutidas elecciones de rector, vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores de centros, recintos y escuelas.
La jubilación es un derecho adquirido a partir de los años de servicio en la impartición de docencia. Tres décadas garantizan el salario completo de por vida. Pero, dependiendo de si el beneficiario favorece o no a tal o cual aspirante a puestos de dirección, para garantizar su voto, la tramitación podría retrasarse, agilizarse o ponerla en suspenso en el mismo Consejo Universitario.
Los artículos 22 y 39 de la Constitución (2010) consignan los derechos del ciudadano a elegir y ser elegido y la igualdad entre las partes.
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y el trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social y personal”, dice el 39, del capítulo 1, Derechos Fundamentales, sección, sección de los derechos civiles y políticos.
En el acápite 1, resalta: “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
Y el 5 establece: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
Son los argumentos que acaban de dar ganancia de causa legal a una de las planchas que participan en el proceso electoral de la poderosa Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de cara a las elecciones programadas para este miércoles 13 de octubre de 2021.
El juez presidente de la Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional ha ordenado a la Comisión Nacional Electoral de la ADP, incluir en el padrón, en un plazo no mayor de 48 horas, a los maestros jubilados y pensionados y entregar las resoluciones emitidas por la comisión nacional electoral.
Pero, como ese organismo ha incumplido con el plazo, los demandantes ahora reclaman al tribunal la posposición del certamen. Al menos 11 mil maestros con esa condición tendrían derecho al voto.
Tal jurisprudencia motivaría una agitación y visibilización de la hasta ahora tenue lucha de los jubilados uasdianos por recuperar el derecho fundamental arrancado.
La UASD, “faro de luz y democracia”, celebrará elecciones en la tercera semana de julio de 2022. Dos veteranos candidatos a la rectoría han polarizado la lucha por ganarse al menos el 50% más 1 de un padrón electoral que distará poco del que rigió en 2018 (2,784 electores): Jorge Asjana y Editrudis Beltrán. Hasta ahora, los jubilados no son parte de sus discursos de campaña. No votan.