Inversión pública es todo gasto destinado a ampliar, mejorar o reponer la capacidad productiva de un país, con el propósito de incrementar la producción de bienes y la prestación de servicios (BCRD, 2020).
En tal sentido, nuestro país utilizada el “Manual del Sistema Cuentas Nacionales de la Organización de las Naciones Unidas”, el cual incluye, entre otras, las obras públicas en infraestructuras, la construcción y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles asociadas a las iniciativas del Gobierno, así como las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad y vida útil de los activos propiedad del Estado Dominicano (artículos números 31 y 32 de la Ley 498-06).
Estudios realizados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacan la importancia de la inversión pública en la formación de capital en la economía dominicana en los últimos cincuenta (50) años. No obstante, esta inversión en la formación de capital no ha logrado el desarrollado de las capacidades económicas y productivas que deberíamos exhibir la mayoría de los dominicanos/as en el segundo decenio del siglo XXI (Informes CEPAL, BID, BM, 2018-2021).
Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, el mayor esfuerzo en términos del financiamiento de la cartera de inversión pública, se ha realizado con recursos provenientes del fondo general del Estado Dominicano y otros recursos de capital proveniente del crédito externo. En tal sentido, los datos de gastos de capital del Gobierno Central permiten estimar variaciones significativas en la inversión y el gasto público en los últimos dos años (BCRD, 2018-2021).
No obstante, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), en los primeros seis meses del año 2021, la economía dominicana tuvo un crecimiento económico promedio de 15.2%, explicado por la flexibilización de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno para responder a dicha crisis sanitaria provocada por el Covid-19 (BCRD, BID y BM, 2021). Como se sabe, en el mes de abril del 2021 se exhibió el mayor crecimiento interanual de actividad económica en un 47.1%.
En tal sentido, la reapertura de las actividades comerciales y a la flexibilización de las medidas de confinamiento de la población por parte del Gobierno Central, permitió un aumento de un 12.7% interanual, a partir del mes de Junio del 2021(BCRD, Dic-2021).
Como se sabe, los recursos económicos que invierte el Gobierno Central y las instituciones públicas y descentralizadas en los programas, proyectos e iniciativas de desarrollo económico, educación, salud, agricultura, agua potable, vivienda, infraestructuras, cultura, deportes y asistencia social, entre otros, provienen de los recaudos aportados por las empresas, los comercios y las personas que pagamos impuestos, así como de los empréstitos tomados por el país en el exterior (BM y BID, 2016-2021).
En tal sentido, los procesos de medición y/o evaluación de las inversiones públicas, están llamados a combinar diferentes herramientas técnicas que permitan verificar que los recursos desembolsados están generando los impactos esperados por el Gobierno Central y sus instituciones en las áreas, sectores y sub-sectores en los que se invirtieron o se están invirtiendo dichos recursos. No obstante, para medir los resultados de dichas inversiones, el Gobierno y sus instituciones deben utilizar Métodos Rigurosos, Transparentes y Efectivos. (CEPAL, 2019).
No obstante, los planificadores estratégicos, los economistas, los contadores y administradores sabemos que, la evaluación de las inversiones públicas debe formar parte de la planificación e implementación de los programas y proyectos que se van a implementar. En tal sentido, nos estamos refiriendo a las etapas de (a) Pre-factibilidad; (b) factibilidad; (c) viabilidad; (d) ejecución; (e) evaluación; y, (f) sistematización asociados a los resultados de los programas y proyectos que se han implementados o se están implementado con recursos públicos y los empréstitos (BID-BM-FMI, 2020).
Por su parte, los procesos de evaluación de las inversiones públicas deben ser riguroso y priorizar, entre otros: (1ro) La pertinencia de dichas inversiones; (2do) la calidad de las mismas; (3ro) los beneficios y/o los impactos esperados; (4to) la participación de los beneficiarios en el proceso de planificación, implementación y evaluación de dichas inversiones; y, (5to) el uso que se le dé a los resultados obtenidos, es decir, la socialización de los mismos (FMI, BM y BID).
En tal sentido, conocidos los montos de las inversiones públicas por parte del Gobierno Central en salud, educación, agricultura, infraestructuras, seguridad ciudadana, entre otras, los dominicanos tenemos el derecho y el deber de solicitarles a los funcionarios públicos una Rendición de Cuenta sobre el uso de dichos recursos, como lo hizo Juan Pablo Duarte al regresar de su recorrido por la Región Sur del país con los recursos económicos públicos que le fueron suministrados para su travesía.
“La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos”. John Naisbitt.