Hay asuntos que siempre deben ser tomados en cuenta:
a) No se construye paz y desarrollo desde el irrespeto a los derechos y a la constitucionalidad. Esta afirmación puede parecer conservadora, aclaro que en mi concepto ese respeto esta mediado por el principio de que los derechos siempre serán pro-persona, nada que no opere desde esa lógica formaría parte del criterio expresado. La democracia se construye día a día, implica colectividad e institucionalidad.
b) El principio de favorabilidad hacia quien es titular de los derechos no es un invento, es parte consustancial de la lógica encaminada a garantizar que el sistema de justicia no será utilizado para la retaliación. Ahora bien, este principio debe estar mediado por el respeto a los derechos de las víctimas. Voy más lejos, estoy de acuerdo que hay que superar la idea de un derecho penal que tiene en el centro al imputado y sus garantías. Me parece urgente propiciar su transformación para que las personas víctimas sean cada vez más visibles y tengan una participación activa en el proceso. Y que este busque principalmente la reparación del daño que se causa, y no el castigo a quien lo cometió. Así no asumiríamos el castigo como el fin del proceso sino como un medio para la reeducación de quien cometió la ofensa, el delito o el crimen y como una alternativa para la superación de las conductas que propiciaron el hecho punible.
En base a las dos afirmaciones anteriores, este 7 de enero, Día del Poder Judicial, me permito expresar mi consternación con la complacencia de tantas personas que estoy segura quieren una mejor nación con las declaraciones reiteradas desde algunas áreas de la Procuraduría General de la República sobre jueces, juezas y el Poder Judicial en general. Es impresionante como estamos aceptando como bueno y válido, incluso premiando, conductas que más que a la lucha anticorrupción se vinculan al “populismo penal” tan nocivo para cualquier sistema social, judicial y político.
No es posible que sigamos poniendo en peligro la institucionalidad de un Poder del Estado que independientemente de quien lo presida, está integrado por mucha gente capaz y la mayoría honesta. Los casos se ganan o se pierden en los tribunales. Las vías de recurso están establecidas en la ley. Ese tipo de acusaciones mediáticas a las que nos están acostumbrando no aporta nada positivo a una administración de justicia ética y a la lucha contra la corrupción.
Estoy de acuerdo que quienes han robado el dinero del Estado sufran persecución judicial, sean llevados a los tribunales y cumplan una condena por los hechos cometidos. Como a mucha gente, me resulta maravilloso que haya personas encarceladas por corrupción, me produce un inmenso placer la lucha para que no sea posible ningún tipo de corrupción pública o privada en el país. Soy partidaria absoluta de la no impunidad. Ahora bien, hago un llamado a la reflexión sobre las formas en que esta lucha se está implementando y que analicemos si conducen al objetivo planteado. El proceso en que se juzga a alguien debe ser absolutamente ético, por muy culpable que nos parezca quien está en el banquillo de la acusación, es la única forma de obtener sentencias legítimas.
Es cierto que, si quien dirige no produce confianza, todo se dificulta, y posiblemente tienen razón quienes dudan de quien en este momento preside el Poder Judicial. La verdad es que la presidencia de este poder del Estado es un cargo de carácter político, cuya investidura y ejercicio conlleva unos requisitos técnicos, intelectuales, de ética ciudadana de características prístinas y no tener militancia partidaria. Por eso debe escandalizar que se haya escogido a un miembro de la dirigencia de un partido político para ejercer esa función. Ahora bien, ese hecho no puede ser óbice para arrastrar a todas las juezas y todos los jueces del sistema de justicia. Yo me atrevo a asegurar que la mayoría son personas que cumplen con los criterios técnicos para su digna función; llego más lejos, estoy convencida de que la mayoría actúa de forma independiente en sus decisiones y las fundamenta de forma pertinente.
No es posible pretender erradicar la corrupción de un país con un funcionariado público tirando estiércol a otro poder del Estado. Si realmente queremos erradicar la corrupción un paso necesario e importante es asumir un compromiso con crear institucionalidad y dejar los personalismos. Y asumir con responsabilidad, honestidad y sinceridad el cumplimiento del debido proceso. ¿Alguien recuerda que la libertad es la norma y la prisión es la excepción? Y que, en consecuencia, en el conocimiento de los casos solo debe guardar prisión la persona que presenta evidente peligro para las víctimas o peligro de fuga. Que la prisión preventiva no puede utilizarse como castigo anticipado, por mal que nos caigan las personas imputadas (que nos caen muy mal), o por mucho que se merezcan un castigo. Ya que este se debe aplicar cuando en un juicio se les demuestre su responsabilidad penal con el hecho perseguido, no por beneficiar a quien a todas luces tiene responsabilidad con un hecho, sino para proteger los fundamentos de la administración de justicia.
Una sana administración de justicia amerita respeto de cada órgano que forma parte del sistema, hay vías establecidas, si usted ejerce una función jurisdiccional debe usar las herramientas que el sistema pone a su disposición.
He de reconocer que el sistema de justicia tiene grandes falencias, desordenes administrativos, mora judicial, desprotección de las víctimas, reenvíos innecesarios, fijación de audiencias sin el menor sentido de la pertinencia porque no hay revisión anticipada del expediente para garantizar que está listo para conocerse, un deficiente sistema de citas y traslado de las personas privadas de libertad, un ineficiente sistema de archivo y mucho desorden con las suplencias, lo que propicia Juzgados de Paz en situación de precariedad extrema y otras múltiples situaciones que lo hacen lento, caro e ineficiente. Y es una verdad como un templo, que justicia tardía no es justicia.
A todo lo dicho, súmele que ciertamente hay personas corruptas y otras pusilánimes, entre las que se incluyen algunas juezas y algunos jueces, que podrían estar fallando desde el miedo, o que permitan que la opinión pública interfiera en sus decisiones, o que reciben algún “aliciente”; ahora bien, les aseguro que esos son una proporción menor. Insisto en afirmar que, en los tribunales dominicanos, hay mucha gente seria, honrada, capacitada y comprometida con un mejor país, que honra cada día su investidura y trabaja con pulcritud y decencia.
Este 7 de enero expreso mi deseo de que quien ejerza una función jurisdiccional tenga a bien utilizar para la lucha anticorrupción medios que fortalezcan la institucionalidad y no el circo. Ruego por un país en donde la corrupción sea erradicada; la justicia sea de calidad, oportuna y eficiente; que a las Altas Cortes se llegue por mérito y no por vinculación con la dirigencia política o religiosa; y donde los juicios se ganen accionando en justicia y no en Twitter.
Y haréis justicia.