Desde la investidura de Donald Trump el 20 de enero, una oleada de acciones de control de inmigración se ha extendido por los principales centros urbanos, incluidos Chicago, Nueva York, Massachusetts, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. En la primera semana de su administración, Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas que cambiaron significativamente el marco operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Estas órdenes ampliaron notablemente las capacidades de control del ICE, permitiéndole llevar a cabo acciones de deportación en lugares anteriormente protegidos. Esto incluye áreas que se consideraban refugios seguros, como lugares de culto, escuelas y hospitales. Estos lugares, así como trenes, autobuses, supermercados, peluquerías, barberías e incluso las calles de nuestros barrios se han convertido en las trampas mortales de redadas de ICE.
Además, las órdenes ejecutivas ampliaron las categorías de inmigrantes indocumentados que podrían ser sometidos a procedimientos de deportación acelerada como indica la Ley Laken Riley y elimina las limitaciones anteriores que se centraban en la deportación de personas con condenas penales graves. Este cambio de política representa un marcado cambio con respecto a los enfoques más moderados de las administraciones anteriores que buscaban priorizar la deportación de personas que representaban una clara amenaza para la seguridad pública y minimizar las acciones que pudieran socavar la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley. Las nuevas políticas han provocaron un temor generalizado en las comunidades inmigrantes, destruyendo las estructuras familiares y erosionaron los principios de santuario que muchas ciudades y pueblos habían adoptado democráticamente.
En virtud de estas normas, las personas que no puedan demostrar que han residido en el país durante al menos dos años pueden ser objeto de deportación inmediata. Esta política aumenta de hecho la autoridad de los funcionarios de inmigración, permitiéndoles expulsar a personas sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
Junto con estas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión de la función de programación de citas dentro de la aplicación CBP One. Esta herramienta digital anteriormente permitía a los migrantes enviar información y programar entrevistas con las autoridades de inmigración antes de llegar a la frontera de Estados Unidos. La cancelación de todas las citas futuras para solicitudes de asilo ha provocado una crisis humanitaria para innumerables inmigrantes que ahora se encuentran varados en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha exacerbado profundamente su vulnerabilidad e incertidumbre.
En 2023 y 2024, los legisladores demócratas se esforzaron por aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria integral para reforzar la capacidad del Departamento de Justicia. La legislación propuesta buscaba emplear jueces, asistentes jurídicos, abogados y agentes de patrulla fronteriza adicionales para facilitar el procesamiento de inmigrantes en la frontera. Sin embargo, como candidato presidencial, Trump ejerció presión sobre los miembros republicanos del Senado y el Congreso para bloquear esta reforma, aprovechando estratégicamente el tema de la inmigración para interrumpir los procesos legislativos y al mismo tiempo envenenar su narrativa de campaña que presentaba a los migrantes como criminales y alimentaba la división.
Estamos siendo testigos de un nuevo mandato de Trump marcado por una avalancha de abusos, en la que los inmigrantes y minorías somos injustamente convertidos en chivos expiatorios. Es fundamental reconocer que lo que estamos viviendo no es simplemente un ataque selectivo contra los inmigrantes indocumentados, sino una campaña más amplia contra todas las comunidades de color, aquellas a las que Trump y sus aliados consideran inferiores. La retórica de Trump ha dejado implícito que los inmigrantes de primera y segunda generación, junto con las personas de color y las minorías, deben sus oportunidades educativas y laborales a las iniciativas de diversidad e inclusión. Esta perspectiva perpetúa una narrativa peligrosa y racista.
La postura agresiva adoptada hacia la inmigración y las comunidades minoritarias ha fomentado una atmósfera de miedo e incertidumbre entre las comunidades de color. Nuestros amigos nos dicen que numerosos migrantes se están absteniendo de asistir al trabajo y están manteniendo a sus hijos en casa y fuera de las escuelas, son presas de la ansiedad de posibles redadas. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más de 6.500 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en los primeros días después de la investidura de Trump, y se produjeron más de 1,200 arrestos en un solo día, lo que demuestra la intensidad de los esfuerzos de control. En su informe anual de 2024, el ICE reveló que había expulsado a 271.484 personas, la cifra más alta registrada desde 2019. En parte, la agencia atribuyó este aumento a las exitosas negociaciones diplomáticas con otras naciones para gestionar los flujos migratorios. Aunque las deportaciones han sido un aspecto constante de la política migratoria durante años, el nivel de angustia y sufrimiento humano asociado con estas acciones se ha intensificado significativamente bajo la administración de Trump y el Partido Republicano. Esta preocupante tendencia ha dejado a las comunidades en estado de miedo, agitación, lidiando con la dura realidad de un régimen de aplicación implacable de las leyes migratorias.
El impacto de estas políticas ya es evidente. Muchos servicios de entrega a domicilio de los que dependen restaurantes, farmacias y tiendas han paralizado sus actividades porque los trabajadores temen ser deportados y han optado por quedarse en casa. Los trabajadores de la construcción no se presentan a trabajar. Los trabajadores de servicios que cuidan a adultos mayores han dejado sus trabajos, mientras que los empleados de supermercados operan en la clandestinidad debido al miedo y la presión. Este clima de miedo perjudica a la comunidad inmigrante y perjudica a las empresas y economías locales. La lista de sufrimiento humano y costos económicos sigue creciendo.
Es urgente apoyar a los inmigrantes y a todos los grupos minoritarios; ya no es tiempo de señalar con el dedo y culpar a otros. Es evidente que los inmigrantes tienen derechos que deben defenderse con insistencia. Los países latinoamericanos y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de presionar a Estados Unidos para que respete los tratados internacionales que estipulan procedimientos humanos y justos para gestionar los procesos de inmigración y deportación.
Los consulados y las embajadas deben colaborar activamente con el Departamento de Justicia y las autoridades de inmigración para obtener información sobre el estado de las deportaciones y facilitar asistencia legal a sus ciudadanos atrapados en el sistema de inmigración. Además, las embajadas y los consulados deben colaborar con organizaciones derechos humanos y legales de los Estados Unidos para defender a las personas bajo custodia del ICE, garantizando que sus derechos estén protegidos.
También debemos alentar a los padres y tutores de niños menores a preparar documentos de tutela para garantizar que familiares o amigos de confianza puedan hacerse cargo de los niños que se quedan sin sus padres, mitigando así los peligros y temores que estos niños inocentes enfrentarán en ausencia de sus padres.
Este abuso y tortura contra nuestra comunidad inmigrante, especialmente la comunidad latina no tiene que ver con la seguridad nacional o el estado de derecho; de lo contrario, Trump no habría indultado a todos sus seguidores que el 6 de enero de 2021 atacaron el Capitolio de los EE. UU., agrediendo violentamente a agentes de policía, causando la muerte de seis personas e intentando un golpe de estado contra el gobierno democrático de los Estados Unidos. Llamó patriotas a los criminales convictos. Inmediatamente después de que se emitieron esos indultos, toda la nación se enteró de que, si bien muchos de los que violentamente atacaron el capitolio no tenían antecedentes penales antes de los ataques, docenas de esos acusados tenían condenas previas o cargos pendientes por crímenes atroces, incluyendo violación, abuso sexual contra niños, violencia doméstica, homicidio involuntario, pornografía infantil y tráfico de drogas. Esos depredadores ahora andan libres en nuestros vecindarios; la diferencia es que esos criminales son partidarios de Trump y están dispuestos a cometer crímenes en nombre del presidente de los Estados Unidos.
Como comunidad, debemos protestar unidos, salir a las calles en masa para hacer oír nuestra voz. Es crucial que las organizaciones comunitarias, los funcionarios electos, los representantes del gobierno, los sindicatos de trabajadores, las entidades sin fines de lucro, las instituciones académicas, las organizaciones religiosas y todas las personas que defienden los principios de los derechos humanos y la gobernanza responsable se rebelen contra las políticas migratorias y económicas, racistas y vengativas de Trump y del Partido Republicano.
Si bien respetamos el estado de derecho y la aplicación de la ley, no podemos pasar por alto el miedo profundo y desproporcionado que esta administración ha instigado en nuestra comunidad. Este clima de abuso contra los inmigrantes y los grupos minoritarios no es sólo aborrecible; es ilegal e inaceptable. Debemos tener el coraje para enfrentar las injusticias que impregnan nuestra sociedad y defender incansablemente los derechos y la dignidad de cada individuo, independientemente de su estatus migratorio, el color de su piel o sus circunstancias económicas. Debemos proteger nuestro bienestar colectivo y defender el derecho a un futuro próspero que pertenezca a todos.