Esta semana el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), desmanteló 18 casetas durante una inspección en Playa Rogelio, en el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat.
Las casetas, dice el ministerio, fueron construidas en la franja protegida de 60 metros medidas a partir del punto a la que llegan las olas marinas en marea alta, violando la ley 64-00 sobre medioambiente y recursos naturales. Para construir en esa área se requiere autorización del Ministerio de Medioambiente y decreto del Presidente de la República.
La información ofrecida sobre esta acción, especifica que la ley todo tipo de construcciones en esos de 60 metros, sin una evaluación y autorización previa, porque debe protegerse la integridad ecológica, el funcionamiento de los ecosistemas marinos y evitar que se destruya el paisaje de las costas.
Las iniciativas para liberar las playas de ocupantes y construcciones obedece a una decisión del presidente Luis Abinader adoptada en su primer período constitucional, que se ha aplicado en diferentes puntos del litoral en las playas de la costa Sur, Este y Norte.
Las autoridades que participaron en la acción en Playa Rogelio, dijeron que continuará los levantamientos en esa zona para notificar a las personas que se encuentran ocupando la franja protegida sin autorización, y serán remitidas a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente, para continuar con el proceso de desalojo.
Acciones similares para eliminar construcciones no autorizadas en la franja de los 60 metros se han realizado en importantes playas turísticas. En Punta Cana en la playa de Arena Gorda, se eliminó una improvisada plaza comercial con docenas de casetas, a la que llegaban las olas del mar con la marea alta, y los turistas que pasaban por esa área tenían que caminar por el mar. Los propietarios del predio al que pertenece esa playa no podían ni pensar en el desarrollarlo de la propiedad.
En Punta Cana también se limpió de ocupantes la playa Bibijagua atestada de construcciones para uso comercial en el área prohibida, y en Cabeza de Toro también se eliminó una destartalada plaza comercial abandonada ocupada por vendedores, que para desocuparla reclamaban millones a la empresa que adquirió la propiedad.
En Juan Dolio también se desmanteló un “proyecto turístico” por la misma violación, y una operación similar se hizo en Cabarete. Estas acciones se identifican como parte de una iniciativa que se ha bautizado “Rescate Ambiental”, que ha liberado de ocupantes ilegales diversas playas del país.
En agosto pasado fiscales asignados a la Procuraduría Especializada en la Defensa del Medioambiente citaron a representantes de dos empresas de inversión española, propietarias de terrenos turísticos en Cabeza de Toro, en la que se ha planificado un importante proyecto turístico -detenido por ocupantes ilegales- done se levantarán 10 hoteles y otras instalaciones. Fueron convocados para ordenarle eliminar dos garitas que están junto a la línea que marca la franja de los 60 metros, y son usadas por Armada para vigilar la única área del litoral de Punta Cana no desarrollada, convertida en playa libre para todo tipo de actividades ilegales, incluyendo la construcción de embarcaciones para todo tipo de tráfico prohibido.
Los fiscales dijeron que “investigaron” la zona, pero no encontraron dos construcciones de tamaño notable, en los 60 metros. Se le envió un informe oficial reciente que incluye un mapa que las ubica, para ayudarlos a encontrar lo que “no vieron”. Sugeriré a esas empresas que le envíen la información a las autoridades que actuaron en Playa Rogelio, para que se enteren de la larga historia de esas ocupaciones ilegales, se haga la limpieza de playa.
Las áreas ocupadas por intrusos, originalmente eran 5, de ellas 4 en la franja prohibida, y ya tres han sido eliminadas, quedan dos “poderosos” y apoyados ocupantes en la franja prohibida, que paralizan el inicio del proyecto turístico que ocupará unos10 millones de metros cuadrados.